La Audiencia Provincial de Navarra, con sede en Pamplona, ha confirmado el cierre definitivo de una investigación penal por una presunta estafa millonaria al entender que la víctima no actuó con la mínima cautela exigible ante una operación que presentaba señales evidentes de sospecha.
La resolución de la Sección Segunda ha ratificado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra un hombre que, presuntamente, se hacía pasar por abogado para reforzar la credibilidad de una trama impulsada por un conocido estafador, ya fallecido, que llegó a captar cerca de 1,9 millones de euros de una sola víctima.
Según el relato recogido en la causa, la operativa se prolongó durante siete años. En ese tiempo, el principal sospechoso, fallecido antes de que el asunto llegara a juicio, contactaba con inversores a los que prometía rentabilidades extraordinarias a cambio de préstamos personales.
El supuesto cabecilla aseguraba tener una fortuna bloqueada en Andorra y sostenía que necesitaba liquidez inmediata para afrontar multas judiciales, gestionar derechos de representación de la FIFA o pagar tratamientos médicos privados contra el cáncer. Para apuntalar esa versión, el ahora exonerado intervenía por teléfono fingiendo ser un prestigioso letrado de Madrid que confirmaba la existencia de esos fondos y la supuesta solvencia de la operación.
La víctima reclamaba que el procedimiento siguiera adelante por un delito continuado de estafa, además de falsedad documental y organización criminal. Sin embargo, el tribunal navarro ha concluido que en este caso no concurría el requisito del llamado engaño bastante, es decir, un engaño con capacidad suficiente para doblegar la resistencia de una persona diligente.
Los magistrados han puesto el foco en el comportamiento del perjudicado. Según la resolución, entregó cantidades muy elevadas de dinero de forma manual y lo hizo sin exigir facturas, presupuestos médicos ni documentos judiciales que acreditaran las supuestas deudas o necesidades económicas del estafador.
La Sala ha sido especialmente dura en su valoración. De hecho, ha subrayado que el inversor llegó a financiar una operación de 1,3 millones de euros con la expectativa de obtener una ganancia neta de seis millones, una promesa que el tribunal considera claramente anómala y reveladora del riesgo asumido.
En esa línea, la Audiencia ha señalado que la tutela judicial no puede amparar a quien actúa con una absoluta falta de perspicacia o con una extraordinaria indolencia, sobre todo cuando la operación se apoya en una expectativa de beneficio tan elevada que resultaba, en palabras de la propia resolución, irresistiblemente lucrativa.
Para la justicia navarra, aunque existió una escenificación y una puesta en escena destinada a reforzar la historia, la conducta de la víctima se sitúa en el terreno de la autorresponsabilidad. Ese razonamiento ha sido determinante para excluir el reproche penal al supuesto cómplice, al no considerar que su intervención fuese el motor decisivo del error.
Con esta decisión, ha quedado ya sin recorrido la posibilidad de que el investigado se enfrentara a penas de prisión y a la responsabilidad civil que pretendía la acusación particular para recuperar los 1.879.800 euros perdidos en la operación.
La resolución de la Audiencia de Navarra deja así cerrada la vía penal de una de las causas más llamativas por su volumen económico y por el perfil de la inversión ofrecida: una promesa de beneficios millonarios que terminó con casi dos millones perdidos y con el archivo definitivo del procedimiento.
