La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra juzgará esta semana un grave episodio de violencia sexual ocurrido en el interior del centro penitenciario de Pamplona. La Fiscalía de la Comunidad Foral solicita una condena de siete años de prisión para un interno acusado de agredir sexualmente a una trabajadora que desempeñaba labores de mantenimiento y limpieza en las instalaciones.
El escrito de acusación detalla cómo el procesado aprovechó el entorno laboral y la vulnerabilidad de la empleada para perpetrar un ataque que solo se vio interrumpido por la presencia accidental de un tercero. Los hechos se remontan a la mañana del 18 de junio de 2024, cuando la víctima se encontraba realizando sus tareas habituales en las zonas comunes de los internos, tales como el pasillo y la sala de descanso.
Según el relato del Ministerio Público, el acusado, que en ese momento trabajaba en el taller de manipulados de la prisión, abordó a la mujer y le propuso mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de ella, quien alegó motivos de salud para rechazar la proposición, el procesado lejos de desistir, empleó la fuerza física para someterla. El fiscal sostiene que el hombre la agarró por la cabeza y la obligó a realizar un acto sexual sin su consentimiento.
La agresión cesó de forma abrupta cuando un interno entró en el pasillo adyacente, activando los sensores de las luces automáticas y accediendo a la sala, circunstancia que la mujer aprovechó para huir del lugar inmediatamente.
El impacto de este episodio en la víctima ha sido profundo y persistente. Los informes periciales psicológicos incorporados a la causa describen un cuadro de malestar emocional severo, caracterizado por sentimientos de culpabilidad, impotencia y frustración. Estas reacciones, compatibles con el trauma denunciado, han derivado en una afectación directa de su vida social y su esfera íntima.
Por este daño moral y físico, la Fiscalía reclama una indemnización de 12.000 euros, cantidad que deberá incrementarse con los intereses legales correspondientes. En el plano penal, la calificación de los hechos se ajusta a un delito de agresión sexual. Además de la pena privativa de libertad, el fiscal solicita la imposición de una serie de medidas de control y alejamiento. Se solicita que el acusado permanezca bajo libertad vigilada durante diez años una vez salga de prisión, periodo durante el cual tendrá estrictamente prohibido comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros, ya sea en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier punto donde se encuentre. Asimismo, se contempla una inhabilitación especial de diez años para cualquier profesión o actividad que implique contacto directo con menores de edad.
