• jueves, 18 de abril de 2024
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BALANCE DE LEGISLATURA

Los médicos estallan ante la dejación de Salud y van a la huelga para reclamar la mejora de sus condiciones

El Sindicato Médico de Navarra y el departamento dirigido por Fernando Domínguez protagonizaron continuas guerras de cifras en el seguimiento de los paros.

Segunda jornada de huelga de los médicos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para reivindicar una mejora de la relación médico-paciente y de sus condiciones laborales. IÑIGO ALZUGARAY (26)
Una jornada de huelga de los médicos del Servicio Navarro de Salud para reivindicar una mejora de la relación médico-paciente y de sus condiciones laborales. IÑIGO ALZUGARAY

Este año 2019 comenzó convulso en la sanidad navarra, debido al enfrentamiento entre el colectivo de los facultativos y el departamento dirigido por Fernando Domínguez. Los primeros, hartos de que el Gobierno de Navarra hiciera oídos sordos a sus reclamaciones, en las que solicitaban, entre otras exigencias, mejorar sus condiciones en la relación con el paciente y aumentos de sueldo, anunciaron movilizaciones el 30 de enero y los jueves de febrero.

Según el Sindicato Médico de Navarra, la huelga perseguía tres grandes objetivos. Por una parte, la recuperación de la relación médico-paciente (adecuación de las agendas y de los tiempos de las consultas, definir las funciones y atribuciones por estamentos, reducir la altísima tasa de interinidad, priorizar la atención de las listas de espera por los servicios propios antes que la externalización, y flexibilización de la edad de jubilación¨).

En el segundo bloque se encuadraba la mejora de las condiciones laborales, con la que se pretendía aumentar la competitividad de Navarra ante el resto de comunidades para atraer, captar y fidelizar a los médicos. Dentro de esta meta, pedían acciones proactivas para mejorar la conciliación familiar y laboral, eliminar el euskera como requisito, una baremación única en todos los procedimientos de acceso a un puesto facultativo, etc.

Aquí entraban también las mejores económicas, como la recuperación inmediata de las pérdidas retributivas desde el 2010 y la equiparación a las retribuciones de otras comunidades vecinas con similar renta per cápita y coste de vida. Y, por último, se incluían peticiones que buscaban poner fin a la sobrecarga laboral.

El tercer grupo de exigencias hacía referencia a la asignación a los facultativos en la gestión clínica y en la toma de decisiones, ya que pretendían que todas las jefaturas asistenciales del Servicio Navarro de Salud (SNS) se convocaran cumpliendo la normativa legal establecida; y que hubiera siempre presencia del estamento médico en las comisiones, grupos de trabajo o foros de decisión que tuvieran como objeto cualquier aspecto relacionado con la atención clínica al paciente.

Sin embargo, el departamento de Salud les negó en un primer momento cualquier posibilidad de diálogo mientras no desconvocaran la huelga, alegando que esta se iba a realizar durante una epidemia de gripe en la Comunidad foral.

UN 37% DE PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

El Sindicato Médico, mientras tanto, comunicaba a los facultativos la importancia de secundar los paros de febrero, recordándoles que en los últimos años habían perdido un 37% de poder adquisitivo "debido a los numerosos recortes encubiertos que los distintos gobiernos han ido aplicando, la carestía de la vida y la cada vez mayor presión fiscal de Navarra". Más en concreto, cifraba que desde el 2010 hasta diciembre del 2018, llevaban perdidos 31.000 euros.

De esa primera jornada de huelga el 30 de enero, indicó que entre un 70% y un 80% de los médicos de la Comunidad foral secundó el paro. Pero el departamento de Salud contradijo estos números y aseguró que solo un 12% de los médicos secundaron la huelga, una valoración que fue respondida por políticos de la oposición del cuatripartito tildando al Gobierno de Navarra de manipulador.

No iba a ser ese el único caballo de batalla de la huelga, ya que, desde el primer día de paros, los Médicos Internos Residentes (MIR) denunciaron haber sido "amenazados, coaccionados y tratados de forma abusiva" para que no secundaran la huelga y así cubrir puestos de guardia que teóricamente no deberían depender de la presencia de los residentes.

Desde la dirección del Complejo Hospitalario de Navarra se les avisó de que si dejaban sus puestos de trabajo incurrirían en una ilegalidad y que "eso podría tener repercusiones". No obstante, el Sindicato Médico ya subrayaba en enero que existe una jurisprudencia que sustenta que los MIR no pueden formar parte de los servicios mínimos durante una huelga.

AMENAZAS DEL GOBIERNO

No quedó ahí el conflicto, ya que el consejero Fernando Domínguez lo incendió aún más remarcando que "habrá que ver qué es lo que ocurre si un médico residente abandona una guardia". Unas declaraciones censuradas gravemente por los residentes, que las tacharon de "ofensivas" por cuestionar su profesionalidad y su compromiso con los pacientes.

Mientras se recrudecía esta situación con los MIR, más estamentos se sumaban a los médicos y consideraban que la huelga debía extenderse. La Plataforma Navarra de Salud consideró en febrero que había motivos para una huelga "de todos los estamentos del centro de salud, que de manera conjunta deben defender una sanidad pública, de calidad y universal".

El segundo mes del año se cerró con paros, muy distintas cifras de seguimiento y concentraciones de la marea blanca para reclamar que el Ejecutivo foral se sentara a negociar con los facultativos. Ya se barajaba, además, que, de no comenzar una negociación, las huelgas podrían pasar a ser dos días seguidos en semanas alternas durante los siguientes tres meses. Cosa que al final ocurrió.

Cuando ya se llevaban contabilizadas siete jornadas de huelga, el Sindicato Médico convocó tres asambleas en Tudela, Estella y Pamplona para decidir los siguientes pasos. En ellas, el 95% del colectivo médico manifestó continuar con los paros para seguir reclamando sus reivindicaciones.

GUERRA DE CIFRAS

Lo que no varió un ápice fue la guerra de cifras entre este colectivo y el departamento de Domínguez. Al inicio de marzo, la organización sindical calificaba como un éxito el seguimiento de las últimas dos jornadas de huelga, cuyo seguimiento cifraba en un 80% y un 82%, respectivamente. Unos números que chocaban con los de Salud, que fijó en un 8,9% el índice de participación, lo que suponía un nuevo mínimo, que se alejaba del 14,1% del 7 de febrero, cuando se registró la mayor incidencia, según el Ejecutivo foral.

Al menos, el diálogo entre médicos y Gobierno había comenzado ya, aunque no había dado frutos, sino solo propuestas y contrapropuestas que eran rechazadas por uno y otro grupo. En una de ellas, de hecho, el departamento de Salud llegó a calificar como "desproporcionada e inasumible" la oferta realizada por el SMN, alegando que parecía no reflejar "una verdadera voluntad de diálogo" y que podía contribuir a prolongar "una situación indeseable para profesionales, pacientes y población en general".

Salud puso en cifras las medidas propuestas por los facultativos, que costarían más de 22 millones de euros anuales. "Solo una de las propuestas del SMN, relativa a la subida en un 14,5% del sueldo base del personal facultativo, supondría a la Administración foral un desembolso de 15,8 millones de euros al año", indicó.

Por la otra parte, la organización sindical aseguraba haber recibido "múltiples" quejas sobre los servicios mínimos "excesivamente altos y con una aplicación abusiva, que no está permitiendo seguir la huelga a gran parte de los médicos".

REDUCCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Pero sí que parecía claro que el seguimiento de las jornadas de paro se iba reduciendo. Al menos, si se consideraban válidas las cifras recogidas por el departamento de Salud. A mediados de abril, por ejemplo, siguió el paró el 4,4% de los facultativos, lo que representaba la jornada con menor incidencia de todas las celebradas, subrayó el Gobierno de Navarra.

Ninguno de los frentes se encuentra todavía controlado. Ni siquiera el caso de los MIR, ya que una sentencia de un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pamplona cuestionaba el establecimiento de servicios mínimos para los residentes, pero el Gobierno de Navarra anunció que recurriría la sentencia.


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