Se enfrentan a posibles condenas que suman casi un siglo de cárcel en total por considerarles dirigentes del aparato político de ETA.
La Audiencia Nacional juzgará por pertenencia a ETA a nueve exdirigentes de Ekin, entre ellos Rosa Iriarte y Aniaiz Ariznabarreta, el próximo martes 17 de mayo, en un juicio en el cual se enfrentan a posibles condenas que suman casi un siglo de cárcel en total.
El fiscal pide penas de nueve años de prisión por pertenencia a ETA para todos los acusados salvo para Ugaitz Elizarán, para quien solicita 12 años de cárcel por concurrir la circunstancia agravante de reincidencia. A todos ellos los considera dirigentes del aparato político de ETA ilegalizado en 2009.
En su escrito de acusación para el juicio el Ministerio Público destaca por un lado el papel de comisariado político sometido a la banda terrorista ejercido por Ekin, junto al hecho de que fue ilegalizada como parte del entramado de ETA; y por otro el liderazgo que ejercían dentro de esta organización las personas acusadas en el juicio.
Así, recuerda que "Ekin se creó como sustituta de KAS con la finalidad por parte de la banda de consolidar un modelo de dirección de la Izquierda Abertzale que se asienta sobre el liderazgo de ETA como vanguardia armada". Es decir, Ekin tenía el papel de dar cobertura política y de dinamizar el llamado "frente de masas".
Los acusados son, además de los ya citados, Eneko Compains, José Aldarsolo, Egoitz Garmendia, Urko Asier Ayerbe, Erika Bilbao y Sandra Barrenechena, quienes según el fiscal "formaban parte de la dirección de Ekin durante el año 2010", es decir, hasta la disolución de esta organización.
Iriarte y Ariznabarreta eran responsables de la Mesa de Dirección, órgano ejecutivo permanente de Ekin y de las estructuras territoriales de Navarra y Guipúzcoa, mientras que los otros acusados ejercían responsabilidades de liderazgo en Álava o Vizcaya o junto a los máximos dirigentes en las zonas a ellas asignadas.
El pasado 14 de abril cinco miembros de Ekin en Navarra que se enfrentaban a penas de diez años de cárcel llegaron a un acuerdo con el fiscal y eludieron la prisión al comprometerse a renunciar a la violencia y conformarse con una pena de dos años. Su renuncia, dijeron, debía "contribuir a la reparación a las víctimas del terrorismo" y conllevaba el reconocimiento de los hechos que se les imputaban.
