Una piscina con capacidad para unos 2.000 litros de agua ha provocado una situación poco habitual en una comunidad de vecinos. El Ayuntamiento de Salamanca intenta localizar a la persona que la ha instalado en un patio comunitario del barrio de Garrido después de que los técnicos hayan advertido de los riesgos derivados de su peso.
El caso ha llegado incluso al Boletín Oficial del Estado (BOE). El aviso se ha publicado después de que resultara imposible practicar la correspondiente notificación en el domicilio señalado, situado en la calle Camelias de Salamanca.
El origen del expediente se remonta al pasado 28 de mayo, tal y como ha informado Tribuna de Salamanca, cuando el área municipal de Urbanismo recibió un escrito comunicando la existencia de una piscina instalada en una terraza comunitaria. A partir de esa comunicación, los servicios técnicos municipales analizaron las características de la instalación.
Los cálculos han llamado especialmente la atención. Por sus dimensiones, la piscina podría albergar aproximadamente dos metros cúbicos de agua, equivalentes a 2.000 litros y unos 2.000 kilos de peso. Los técnicos estiman que esta situación supondría una sobrecarga superior a 500 kilos por metro cuadrado.
El informe municipal alerta de que esa carga podría llegar a provocar un problema en la seguridad estructural e incluso un eventual colapso. Por este motivo, Urbanismo ha considerado necesario que la piscina sea retirada.
La particularidad es que localizar a su responsable no está resultando sencillo. El patio donde ha sido colocada la instalación es un elemento común del edificio y carece de sistemas divisorios que permitan determinar directamente qué vecino ha sido quien la ha instalado.
El inmueble se encuentra en una manzana y en el mismo edificio existen varias comunidades de propietarios, lo que ha añadido dificultad al procedimiento para identificar al responsable.
Precisamente una de esas comunidades ha sido la que ha puesto la situación en conocimiento de Urbanismo. Mientras se intenta determinar quién instaló la piscina, la Administración recuerda que la propia comunidad de propietarios es la responsable última del uso de los elementos comunes del inmueble.
Ante la imposibilidad de hacer llegar directamente la notificación, el procedimiento ha terminado haciéndose público a través del BOE, con el objetivo de que la persona responsable pueda conocer formalmente el requerimiento municipal.
Una piscina doméstica que, a simple vista, podría parecer una instalación habitual del verano ha terminado así generando un expediente urbanístico y una advertencia por riesgo estructural debido a los miles de kilos que puede llegar a acumular sobre una zona común.
