Tras finalizar la relación, el hombre envió una gran cantidad de WhatsApps a la víctima, que lo bloqueó, por lo que decidió acosarla a través del correo electrónico.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a un vecino de Almería por un delito de coacciones después de que remitiera cerca de 1.500 correos electrónicos a su expareja para pedirle que retomaran su relación, lo que produjo un "gran desasosiego" en la víctima, que denunció los hechos.
El fallo, consultado por Europa Press y sobre el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Almería, impone al acusado, que carece de antecedentes penales, doce meses de prisión así como la prohibición de comunicarse con la víctima o acercarse a ella a menos de 100 metros durante dos años.
La sentencia da por probado que desde septiembre de 2016 y tras haber puesto fin a una relación sentimental que apenas duró nueve meses, el acusado intentó remotar la relación y envió una "gran cantidad" de mensajes de Whatsapp a la víctima, hasta que esta lo bloqueó.
INTIMIDACIÓN CONSTANTE
Fue entonces cuando el acusado recurrió a una vía alternativa de comunicación y remitió hasta 1.492 correos electrónicos a la mujer. "Es evidente que la denunciante se han visto intimidada, coaccionada en su libertad y acosada, alterando gravemente su tranquilidad, con el incesante envió de 'whatsapp' en un primer momento y el posterior de correos electrónicos", apunta el juez Luis Columna en sus fundamentos.
En este sentido, señala que la conducta del acusado es "reprobable" en el ámbito penal recogida en el artículo 172 del Código Penal introducido en la última reforma y que observa castigos para quien acose a una persona "llevando a cabo de forma insistente y reiterada" conductas que alteren "gravemente el desarrollo de su vida cotidiana".
El magistrado, que se inclina así por la petición alternativa del Ministerio Fiscal al artículo 172, desgrana que el precepto impone penas a quien acose "bajo un patrón de conducta", con una "estrategia sistemática de persecución" y con una conducta típica que "altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana" de la víctima, quien no tiene obligación de denunciar si se trata de su cónyuge o persona con la que ha mantenido una relación afectiva.
