El Club Atlético Osasuna ha informado este miércoles a través de un comunicado que ha tenido conocimiento este miércoles de la apertura de una investigación disciplinaria de la UEFA en relación a su admisión en la Conference League 2023/24. Los servicios jurídicos de la entidad ya se han puesto a trabajar y a preparar las alegaciones y explicaciones necesarias para evitar que Osasuna se quede sin jugar en Europa durante la próxima campaña después de conseguirlo de manera brillante en el terreno de juego.
Según ha podido saber Osasuna, esta investigación está motivada por la sentencia del Tribunal Supremo en relación a los hechos acontecidos hace una década, en la temporada 2013/14, que paradójicamente eximen al club de responsabilidad penal en los citados hechos y que según la sentencia dice así: “Pues bien, sentado lo anterior y realizando una interpretación acorde con el principio de culpabilidad del artículo 31 bis del Código Penal, en la redacción vigente en el momento en el que, indiciariamente, se cometieron los delitos de corrupción deportiva de los que podría, en su caso, resultar responsable penal el Club Atlético Osasuna, considera este proveyente que la mencionada entidad en ningún caso podría tener responsabilidad penal por los mencionados delitos, no sólo por no concurrir el mencionado requisito de un actuar imputable a título de dolo o de culpa sino por no apreciarse, tampoco, otro de los elementos necesarios para la existencia de responsabilidad penal, cual es que el delito que se haya cometido ‘en provecho’ de la entidad”.
Según informa el club dirigido por Luis Sabalza, el Club Atlético Osasuna se pondrá a disposición de la UEFA para aportarle cuanta información estime conveniente acerca de un proceso en el que la entidad, lejos de ser condenada, ha sido acusación particular y ha perseguido vía judicial a los responsables de los mencionados hechos, los cuales dañaron gravemente la reputación del club.
Asimismo, Osasuna informará al máximo organismo del fútbol europeo de que las personas condenadas por el Tribunal Supremo en 2023 cesaron de sus funciones en 2014 y fueron dadas de baja como socios de la entidad en 2015. Osasuna se personó como acusación particular, es decir, como perjudicado, en el proceso judicial que concluyó con la condena de dichas personas y con una sentencia que les ha obligado a pagar al club una indemnización económica cuantiosa que ha derivado en el embargo de propiedades y bienes de dichas personas por parte de la entidad.
El Club Atlético Osasuna confía en que el procedimiento se resuelva de forma favorable para sus intereses y de que tanto sus deportistas como aficionados puedan disfrutar de la Conference League en justicia con los méritos deportivos realizados.
