El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, encabezado por Joseba Asiron, ha bloqueado la comparecencia pública del director del área de Acción Social, el cargo señalado por la oposición para dar explicaciones sobre las denuncias de “presiones políticas” formuladas por 120 trabajadoras municipales de los servicios sociales.
La decisión se ha adoptado en la Junta de Portavoces, donde la mayoría formada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, con el respaldo externo del PSN, ha impuesto que las explicaciones de los directores de área se produzcan únicamente en formato de sesión de trabajo y en la parte no pública de las comisiones. Frente a esta postura, UPN y el Partido Popular han defendido sin éxito que esa comparecencia se celebrara de forma pública y con preguntas y respuestas. Txema Mauleón es el concejal encargado del área donde han ocurrido los hechos.
El choque político se ha producido además después de que UPN contara, según expone, con el aval jurídico expreso del secretario del Pleno para que el alto cargo compareciera ante la Comisión de Asuntos Ciudadanos. De acuerdo con ese informe técnico, la solicitud era procedente porque el Reglamento Orgánico del Pleno contempla que los directores de área puedan acudir a comisión a petición de los grupos municipales cuando tengan competencias sobre el asunto debatido.
En este caso, el criterio del secretario del Pleno ha sido claro. Según recoge el informe, “procedería la inclusión de la solicitud de comparecencia registrada en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión de Asuntos Ciudadanos”, al entender que todos los directores tienen atribuida la responsabilidad directa sobre el personal adscrito a su unidad.
Pese a ese respaldo jurídico, el equipo de gobierno ha optado por cerrar la puerta a una exposición pública de los hechos. Para UPN, se trata de una decisión “injustificada y profundamente preocupante”, ya que impide, a su juicio, esclarecer un asunto que afecta al funcionamiento interno de un área “especialmente sensible” dentro del Ayuntamiento.
El origen de la polémica está en la carta firmada por 120 empleadas de Acción Social, en la que denunciaron presuntas presiones políticas para modificar criterios técnicos en la concesión de prestaciones. A partir de ese escrito, la oposición había reclamado que el director del área explicara en sede pública cuál ha sido su actuación y qué responsabilidad asume en un conflicto que ha adquirido una notable dimensión interna y política.
Los regionalistas consideran que impedir esa comparecencia pública supone un nuevo ejemplo de opacidad. A su juicio, vetar la presencia ante la comisión de quien tiene responsabilidad directa sobre el personal del área limita el derecho de la oposición a ejercer su labor de control y evita que los ciudadanos conozcan de forma abierta qué ha ocurrido dentro del servicio.
Desde UPN sostienen además que esta forma de actuar no es un episodio aislado, sino una pauta repetida del gobierno municipal de Asiron. En su última nota de prensa, la formación asegura que ya se ha visto obligada a acudir al Tribunal Administrativo de Navarra en ocasiones anteriores por la falta de respuesta, en tiempo y forma, a solicitudes de información municipal.
Según añaden, esa falta de transparencia se habría producido en al menos 10 ocasiones. Por ello, UPN ha registrado ya una declaración para la Comisión de Presidencia de este martes, en la que denunciará formalmente la situación, y ha avanzado que también recurrirá este nuevo veto ante el TAN.
