El Ayuntamiento de Pamplona someterá a votación interna una cuestión clave que afectará directamente al futuro de sus trabajadores: la cobertura de las contingencias profesionales. A partir del 1 de julio de 2026, el personal municipal deberá elegir entre mantener el sistema actual con una mutua colaboradora o volver al modelo de la Seguridad Social, en un proceso que marcará el rumbo de la protección laboral en el consistorio.
El debate no es menor. La elección influirá en cómo se gestionan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como en los tiempos de atención y los procedimientos administrativos. Por eso, muchos empleados municipales reconocen que la decisión no será fácil y que requerirá valorar bien las diferencias entre ambos sistemas.
La consulta telemática se abrirá el viernes 14 de noviembre y permanecerá activa hasta el domingo 23 de noviembre, ambos inclusive. Podrá participar todo el personal municipal en activo a fecha 13 de noviembre de 2025, y el voto se emitirá mediante Cl@ve o certificado digital. Para quienes aún no dispongan de este sistema, la Oficina de Atención Ciudadana ofrecerá ayuda para su tramitación.
En esta votación, el Ayuntamiento busca conocer la preferencia real de su plantilla, ya que cada modelo tiene implicaciones distintas. El sistema de mutua ofrece una gestión más directa y especializada en accidentes laborales, mientras que la cobertura por la Seguridad Social se integra en un marco más amplio de protección pública, con mayor control estatal.
La historia reciente del consistorio muestra los vaivenes de este modelo. Desde 1993 hasta 2017, Pamplona tuvo concertada la cobertura con una mutua colaboradora. Después, pasó durante cinco años al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En 2022, volvió a cambiar, adjudicando el servicio a Mutua Navarra, que lo gestiona actualmente. La Junta de Gobierno Local ratificó esa adjudicación en mayo de 2025.
La consulta interna, aunque no es vinculante, servirá como base para una decisión institucional que podría redefinir la política de prevención y salud laboral del Ayuntamiento. En juego está la confianza de más de un millar de trabajadores y el modelo de protección que consideren más eficaz para garantizar su seguridad en el trabajo.
