Pamplona crecerá hacia el oeste y asumirá la futura estación ferroviaria y buena parte del nuevo barrio para evitar los problemas administrativos surgidos en Ripagaina .
El PSIS de Echavacoiz ha llevado a Pamplona, Barañáin, Zizur Mayor y Cendea de Cizur a acordar un protocolo para preparar una modificación de sus límites municipales. La propuesta permitirá que Pamplona amplíe su término hacia el oeste y acoja la futura estación ferroviaria y buena parte del nuevo barrio.
Los cuatro ayuntamientos y la Dirección General de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra han decidido trabajar conjuntamente para tramitar esta alteración. La intención es ordenar el desarrollo urbanístico antes de que lleguen los futuros vecinos y evitar problemas como los registrados en Ripagaina, cuyo PSIS también quedó repartido entre cuatro municipios.
La Comisión de Urbanismo de Pamplona dará este miércoles 28 de octubre pase al Pleno al protocolo, que está previsto que sea debatido y aprobado a principios de noviembre. El documento incluye como punto de partida una representación gráfica de los nuevos límites con la que ya han mostrado su conformidad los cuatro consistorios.
Según esta propuesta, Pamplona ganará terreno al suroeste y extenderá su término municipal hasta la NA-7027 y el primer tramo de la NA-6000. También crecerá al norte del río Elorz para incorporar el espacio donde se construirá la futura estación del tren de alta velocidad.
El límite de Pamplona se retranqueará, en cambio, en la zona sur para adaptarse al diseño previsto para la estación. De esta forma, Zizur Mayor conservará una parcela edificable que llegará hasta la A-15.
El protocolo para el PSIS de Echavacoiz ha surgido de la voluntad de los cuatro ayuntamientos y del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra de iniciar de oficio este procedimiento. El objetivo es adaptar las fronteras municipales al nuevo desarrollo y facilitar una prestación más ordenada de los servicios públicos.
La propuesta parte de la consideración de que este ámbito será, en esencia, una ampliación de Pamplona hacia el oeste para configurar el nuevo Echavacoiz. El cambio busca también integrar mejor el futuro barrio en los núcleos urbanos y aumentar la capacidad de gestión de las administraciones implicadas.
Uno de los principales motivos para adelantar esta reorganización es lo ocurrido en Ripagaina, donde el desarrollo urbanístico se ha repartido entre cuatro ayuntamientos. Pamplona, Barañáin, Zizur Mayor y Cendea de Cizur quieren resolver previamente las posibles dificultades administrativas y de servicios que pueda generar una situación similar.
El procedimiento para cambiar oficialmente los términos municipales comenzará una vez hayan sido aprobados definitivamente tanto el PSIS como el Proyecto de Reparcelación. La previsión es que la modificación de límites haya terminado antes de que concluyan las obras de urbanización de la primera fase.
El Gobierno de Navarra ha aprobado la semana pasada definitivamente la modificación del PSIS para el Desarrollo del Área de la Nueva Estación del Tren de Alta Velocidad y del Área de la Antigua Estación de Tren de Pamplona, conocido como PSIS de Echavacoiz.
El proyecto contempla suelo para 11.500 viviendas, entre ellas 5.723 viviendas libres, 3.487 protegidas y 2.371 tasadas. El desarrollo incluirá además zonas verdes, nuevos espacios públicos y las infraestructuras relacionadas con el tren de alta velocidad, entre ellas la estación y el bucle ferroviario.
En conjunto, el ámbito de actuación alcanzará los 2,3 millones de metros cuadrados, 29.000 más de los contemplados antes de la modificación aprobada. Toda esa superficie está actualmente distribuida entre los términos municipales de Pamplona, Barañáin, Zizur Mayor y Cendea de Cizur.
La alteración de estos límites se tramitará conforme a la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra, que contempla estos procedimientos para mejorar los servicios municipales, incrementar la capacidad de gestión y adaptar los términos a las realidades físicas, demográficas y urbanísticas. También persigue facilitar la participación ciudadana y garantizar una prestación efectiva de los servicios.
El protocolo acordado por las administraciones no implica por ahora obligaciones económicas. Estas cuestiones tendrán que abordarse posteriormente antes de adoptar una decisión definitiva, mientras que el documento firmado tendrá una vigencia de cuatro años.
