El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles en Junta de Gobierno Local el proyecto de Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y que permitirá reducir en casi 3.000 toneladas anuales de CO2 las emisiones de la ciudad. La normativa regulará el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos en un área que coincide con la actual Zona de Acceso Controlado del Casco Antiguo.
La ordenanza establece la obligatoriedad de portar distintivo medioambiental (0 emisiones, ECO, C o B) para poder acceder a la ZBE, salvo en los supuestos expresamente autorizados. Según los cálculos municipales, unos 650 vehículos dejarán de circular cada día por esta zona, lo que supone una reducción del 19,7% del tráfico actual.
El texto también contempla excepciones, como el acceso para residentes, titulares de garajes o comercios, vehículos de personas con movilidad reducida, servicios de emergencias, taxis, transporte público o carga y descarga. Asimismo, el Ayuntamiento podrá conceder permisos especiales en casos de interés general, seguridad pública o protección civil.
El proyecto de ordenanza recoge que la ZBE se implantará de forma gradual, con una vigencia permanente y un calendario por fases que permitirá la adaptación de la ciudadanía y de los sectores económicos. Además, subraya como objetivos la reducción de la contaminación y el ruido, la mejora de la salud pública y el impulso a la movilidad sostenible, priorizando peatones, bicicletas y transporte público frente al vehículo privado.
El ámbito de aplicación se limita de momento al Casco Antiguo, aunque el texto contempla que pueda extenderse a otros barrios antes de 2030. La ordenanza incluye una moratoria en el régimen sancionador, que no se aplicará hasta el 1 de mayo de 2026, con el fin de facilitar la familiarización con la normativa.
Durante los próximos días, el proyecto se publicará en la web municipal junto con el informe de aportaciones ciudadanas. Posteriormente se llevará a Pleno para su aprobación inicial y, tras el periodo de exposición pública y alegaciones, se prevé su aprobación definitiva en diciembre de 2025.
