El Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado este lunes la dimisión de la concejala responsable del área de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona, tras conocerse que el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha estimado el recurso interpuesto por la Asociación Cultural y Peña Sanferminera Pompaelo contra la adjudicación del contrato de patrocinio de la Korrika 2023.
La controversia surgió cuando la citada asociación interpuso un recurso de alzada, argumentando que el contrato firmado entre el Ayuntamiento de Pamplona y los organizadores de la Korrika era, en realidad, una subvención encubierta, ya que no cumplía con los requisitos de la Ordenanza General de Subvenciones.
La resolución del TAN ha dado la razón a Pompaelo, declarando nulo el contrato de patrocinio y asegurando que el contrato menor utilizado por el consistorio no era legal, pues carecía de justificación sobre el retorno económico que se esperaba para el Ayuntamiento a través de este acto publicitario. Según el TAN, el contrato en realidad no fue una colaboración publicitaria como se presentó, sino una subvención encubierta.
Desde el Partido Popular de Pamplona, consideran que esta actuación es parte de una estrategia burda para eludir las normativas municipales y destinar 6.000 euros del erario público a financiar un evento que, a su juicio, promueve la exaltación del terrorismo etarra. La Korrika, una carrera organizada por la AEK, es conocida por su vinculación con la izquierda abertzale y su utilización como plataforma de propaganda a favor de los terroristas de ETA.
El Partido Popular ha señalado que el alcalde Asirón cometió un fraude de ley, al permitir que dinero público se destinara a este tipo de eventos sin exigir que los organizadores cesaran en su uso como elemento de exaltación del terrorismo. Por ello, se ha solicitado la dimisión inmediata de la concejala Campión, a quien consideran responsable directa de este fraude de ley cometido con total intencionalidad.
La denuncia ha sido formalizada en la comisión de Asuntos Ciudadanos, donde el Partido Popular exige que se tomen medidas contundentes para evitar que estos hechos se repitan y que se depuren responsabilidades por lo que consideran una acción ilegal que ha utilizado dinero público para financiar actividades que glorifican el terrorismo.
