El PSOE de Pamplona ha empezado a marcar diferencias con el equipo de Gobierno de Joseba Asiron en el primer gran choque político desde la moción de censura de finales de 2023. Hasta ahora, socialistas y el bloque formado por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Navarra habían mantenido un criterio común en prácticamente todo. Pero el avance de Bildu en las encuestas, en detrimento del PSN, ha abierto una nueva estrategia: subrayar distancias en asuntos concretos.
El primer escenario ha sido el servicio de bicicletas eléctricas y su ampliación a la Comarca de Pamplona, un debate en el que el PSOE se ha alineado con la oposición tras la pésima gestión del equipo de Gobierno. La discrepancia se centra en quién debe liderar la licitación desde el inicio: la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) o el Ayuntamiento de Pamplona.
El PSN defiende que sea la MCP quien asuma la tramitación “a la mayor brevedad posible”. Su argumento principal es que el plazo que se maneja para que el servicio llegue a toda la comarca, en torno a dos años, resulta excesivo y mantiene sin solución rápida una necesidad de movilidad diaria.
En cambio, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin respaldan que sea el Ayuntamiento quien adjudique primero el nuevo servicio y que después se extienda a la Comarca. Esa vía también la ha apoyado el presidente de la MCP, David Campión, al recordar que Pamplona mantiene todavía un contrato en vigor del sistema actual y que la transición no es sencilla si se delegan competencias de golpe.
Pese a todo, los socialistas han sacado adelante una declaración gracias a los votos de UPN y PP, un movimiento que ha tensado la relación con sus socios. El texto aprobado insta a la MCP a iniciar cuanto antes la licitación del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas para la Comarca y pide evitar una nueva concesión municipal “de larga duración” que pueda dificultar o retrasar el modelo metropolitano. También reclama que se activen de inmediato los trabajos técnicos, económicos y jurídicos para anticipar el calendario.
El choque político ha coincidido con el momento más delicado del servicio actual. El sistema de alquiler lleva dos semanas sin funcionar después de que la concesionaria, Ride On, dejara el servicio sin operatividad alegando problemas de financiación que atribuye al Ayuntamiento.
