El informe externo de PKF no es una auditoría y no analiza la unidad del contrato, aunque documenta hechos que coinciden con las sospechas de Anticorrupción.
La auditoría externa encargada por el Gobierno de María Chivite para analizar las obras ejecutadas en Sendaviva entre 2023 y 2024 no concluye si existió fraccionamiento indebido de contratos. El informe, elaborado por la firma PKF a petición de Parquenasa —sociedad participada por NICDO—, y al qe ha tenido acceso Navarra.com, se define expresamente como un trabajo de “procedimientos acordados” y no como una auditoría en sentido estricto, lo que limita su alcance y le impide emitir una opinión jurídica sobre la legalidad de las adjudicaciones.
Este matiz resulta clave para interpretar el documento, que ha sido presentado como una auditoría externa para despejar las dudas surgidas en torno a la contratación de las obras. El propio informe subraya que no investiga, no revisa el conjunto de la actuación ni expresa conclusiones, y que se limita a comprobar una serie de extremos concretos previamente fijados por la entidad que lo encargó. Ese enfoque contrasta con la actuación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, que sí ha apreciado indicios suficientes para abrir una investigación sobre un posible fraccionamiento indebido de las obras.
El informe revisa cinco expedientes de obra tramitados entre 2023 y 2024, correspondientes a distintas fases de actuación en el parque. El análisis se realiza contrato por contrato, sin valorar si las obras podían constituir una única unidad funcional ni si, por su finalidad, debieron licitarse de forma conjunta.
Para dar por válida esa separación, PKF se apoya en informes técnicos de los arquitectos responsables de los proyectos, que defienden la independencia de cada fase. El documento no cuestiona esa estructura ni entra a valorar si la división de las actuaciones tuvo efectos en el procedimiento de adjudicación utilizado.
Uno de los puntos más sensibles del informe aparece en la relación entre dos de las fases: la preparación del terreno de acceso y la construcción del edificio de control. En la memoria del proyecto se indicaba que la excavación y preparación del ámbito era una condición necesaria para la edificación posterior, una afirmación que apuntaba a una posible dependencia entre ambas obras.
Ante esa contradicción, PKF solicitó una explicación técnica. El arquitecto responsable defendió que se trataba de una errata sin efectos reales y que la zona donde se levantó el edificio ya estaba plana y nivelada, por lo que no era imprescindible ejecutar previamente la explanada. Con ese informe, PKF acepta la tramitación separada de los contratos, aunque deja constancia de que la documentación inicial podía llevar a interpretar lo contrario.
Más allá de la estructura de las adjudicaciones, la auditoría encargada por el Ejecutivo foral llama la atención sobre las modificaciones introducidas durante la ejecución de las obras. En varios expedientes, los cambios alcanzan porcentajes muy próximos al límite legal del 10% permitido para modificaciones contractuales, con desviaciones del 9,69% o del 9,99%.
Estas variaciones se justifican como “estrictamente indispensables” por razones de seguridad, funcionalidad o adaptación a circunstancias imprevistas. Entre ellas figuran trabajos de acometidas, saneamiento, protección contra incendios o ajustes constructivos que no estaban incluidos en los proyectos iniciales.
El propio informe advierte de que, si estas partidas se hubieran incorporado desde el inicio en el presupuesto, al menos dos contratos habrían superado el umbral de los 200.000 euros, lo que habría impedido utilizar el procedimiento simplificado de adjudicación.
En uno de los expedientes, PKF también deja constancia de modificaciones ejecutadas a petición de la propiedad sin que conste en la documentación revisada una justificación expresa de su indispensabilidad. Sumadas al resto de cambios, esas partidas podrían haber tenido impacto en el procedimiento elegido.
Pese a estas advertencias, el informe insiste en sus propios límites. No constituye una auditoría, no emite opiniones ni conclusiones y no asume responsabilidad sobre la suficiencia de los procedimientos aplicados. El documento se limita a exponer los hechos comprobados y deja en manos del lector cualquier valoración final.
Así, la auditoría externa encargada por el Gobierno de Navarra no avala ni descarta la existencia de fraccionamiento en las obras de Sendaviva. No lo confirma, pero tampoco lo niega. Su aportación se centra en describir los contratos, las modificaciones y las explicaciones técnicas aportadas, sin entrar a valorar si las actuaciones debieron licitarse de manera conjunta.
Ese enfoque contrasta con la actuación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, que sí ha apreciado indicios suficientes para abrir una investigación sobre un posible fraccionamiento indebido de las obras.
De este modo, el informe encargado por el Ejecutivo foral no cierra el debate sobre Sendaviva. Al contrario, documenta los hechos que están bajo la lupa de los órganos de control, pero evita pronunciarse sobre la cuestión clave: si la división de los contratos fue o no conforme a la ley.
