El sindicato LAB ha pedido la inhabilitación de toda la Dirección del CI Agroforestal de Pamplona tras la Resolución 21/2026, de 1 de abril, de la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra. La resolución ha puesto fin al procedimiento de investigación iniciado por una denuncia del propio sindicato por presuntas malas prácticas en la gestión económica y en la contratación de personal del centro.
La investigación ha analizado el periodo comprendido entre 2014 y 2023, aunque la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha ampliado después el examen al año 2024 al comprobar la existencia de presuntas irregularidades en materia de gastos. Según ha informado LAB, el expediente ha constatado pagos con fondos públicos del centro por un total de 41.015,32 euros que no serían admisibles como parte del presupuesto de un centro educativo público en Navarra.
El sindicato ha explicado que recibió durante varios cursos numerosas denuncias y quejas sobre la actuación de la Dirección del CI Agroforestal de Pamplona. Esas comunicaciones, según LAB, hacían referencia a diferentes situaciones, entre ellas supuestos casos de acoso sobre el profesorado.
Estas quejas derivaron en el año 2020 en un informe de evaluación de factores psicosociales del centro, elaborado por la Sección de Prevención de Riesgos Laborales. LAB ha señalado que en esas denuncias muchas personas coincidían al describir la gestión de la Dirección con términos como “cortijo”, “vividores” o “mafia”.
El sindicato ha afirmado que el informe de Prevención de Riesgos Laborales incluyó propuestas de mejora, pero que la Dirección del centro no las aplicó durante varios cursos. Según LAB, no ha sido hasta el curso 2024-2025 cuando se han puesto en marcha esas medidas, después de la intervención del Departamento de Educación y de la propia Sección de Prevención de Riesgos Laborales.
A juicio del sindicato, esas actuaciones no han sido suficientes. LAB ha asegurado que el malestar del profesorado ha continuado y que algunos docentes han decidido no volver al CI Agroforestal de Pamplona por problemas y tensiones con el equipo directivo.
La organización sindical también ha recordado el nombramiento del actual director del centro. En la Resolución 176/2023, de 21 de junio, de la directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, se nombró director del centro a la persona que actualmente ostenta el cargo para un periodo de cuatro años.
Antes de ese procedimiento, y tras la jubilación del anterior director del CI Agroforestal, el Departamento de Educación ya había nombrado de forma extraordinaria al actual responsable el 1 de septiembre de 2021. Además, según ha detallado LAB, esta persona había ejercido la Jefatura de Estudios del centro desde el 1 de julio de 2013 hasta el 30 de agosto de 2021.
El sindicato ha indicado que cuestionó y denunció ante la OANA el nombramiento del actual director. LAB consideró que no se había aplicado el procedimiento establecido con carácter general en la Orden Foral 42/2017, de 29 de marzo, del consejero de Educación.
Según ha explicado LAB, el sindicato entendía que el actual director no era el candidato idóneo porque durante dos cursos no había puesto en marcha las medidas recogidas en el informe de factores psicosociales. La organización ha afirmado que esa situación era conocida por miembros de la comisión de valoración designada para la selección de la Dirección del CI Agroforestal.
El consejero de Educación, en un informe fechado el 1 de agosto de 2025, detalló las actuaciones realizadas para el nombramiento del director. La OANA ha considerado, según recoge LAB, que con la información proporcionada por el consejero el procedimiento seguido para la designación y nombramiento se ajustó a lo dispuesto en la Orden Foral 42/2017.
LAB ha señalado que el 22 de marzo de 2023 se reunió con carácter extraordinario el Claustro de Profesorado del CI Agroforestal para consultar la candidatura presentada por el actual director. Según la información recogida, no hubo objeción alguna a esa candidatura.
Sin embargo, el sindicato ha cuestionado ese extremo. LAB ha sostenido que no se ha presentado ningún resultado de votación y ha planteado que el profesorado difícilmente podía enfrentarse a la Dirección si sentía miedo.
La organización sindical ha insistido en que, aunque la OANA considere que no se ha vulnerado el procedimiento para elegir al director, la actuación no ha sido ética. También ha reprochado que no se haya querido indagar más en las presiones y situaciones vividas por el profesorado, denunciadas en reiteradas ocasiones por las organizaciones sindicales.
LAB ha añadido que tampoco entiende que no se conocieran los gastos en comidas y viajes que realizaba la Dirección del centro. Según el sindicato, esa situación era “un secreto a voces”.
Además de la gestión económica, LAB ha informado de dos denuncias anónimas recibidas durante el curso 2022-2023 mediante llamadas telefónicas. En ellas se alertó de dos posibles contrataciones irregulares o sospechosas de una misma profesora por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
Según ha explicado el sindicato, la denuncia indicaba que la profesora contratada era pareja sentimental de un profesor vinculado, según la llamada, al entorno de la Dirección. LAB ha señalado que, con la información obtenida, consideró irregulares esas dos contrataciones.
La OANA consideró en un primer momento irregular la primera contratación, pero no la segunda, según ha indicado LAB. La primera sustitución fue la de una profesora en 2022 y la Oficina entendió inicialmente que se estaba vulnerando el principio de igualdad.
No obstante, según el sindicato, no fue hasta las alegaciones del 21 de enero de 2026 cuando el consejero de Educación argumentó que la persona que inicialmente debía ser contratada no podía serlo al tener un contrato en el CIP Donapea.
Posteriormente, tras el alta de la profesora titular, la misma docente fue contratada en el CI Agroforestal de Pamplona. La sustitución correspondía al cuerpo 590 de la especialidad “Procesos en la Industria Alimentaria” en castellano, y la vacante fue adjudicada el 11 de enero como contrato de jornada completa.
LAB ha afirmado que la plaza a sustituir estaba ocupada por el vicedirector, que tenía únicamente dos horas lectivas. El sindicato ha señalado que le sorprendió que se adjudicara una plaza a horario completo cuando solo había dos horas lectivas que cubrir.
Según LAB, en casos parecidos en los que la persona de baja pertenece a la Dirección se han cubierto únicamente las horas lectivas. El resto de horas, ha explicado, se han repartido entre el profesorado, mediante ampliaciones de contrato a docentes que no tenían jornada completa.
El sindicato ha indicado que, en este caso, una inspectora realizó un informe con el visto bueno de la Dirección del Servicio de Inspección Educativa. LAB ha añadido que la distribución horaria presentada por el Departamento de Educación no coincide con la facilitada por una de las denunciantes, que según el sindicato correspondía al horario oficial del centro.
En materia económica, la Resolución 21/2026 de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha constatado, según LAB, que el CI Agroforestal de Pamplona pagó con fondos asignados al funcionamiento ordinario del centro comidas por un total de 39.138,67 euros. La cifra se eleva hasta 41.015,32 euros al sumar otros gastos que la resolución no considera admisibles dentro del presupuesto de un centro educativo público.
LAB ha sostenido que el centro destinó fondos de su presupuesto a financiar actividades que no iban dirigidas a su funcionamiento, mantenimiento y conservación. Según el sindicato, esos pagos habrían servido para la satisfacción de intereses particulares.
La organización ha señalado que fueron numerosas las comidas realizadas por la Dirección del CI Agroforestal, especialmente en el Restaurante Jacinto, situado en el término municipal de Burlada. LAB ha destacado que este establecimiento pertenece a la familia de un profesor del centro.
El sindicato ha pedido también que se modifique “a la mayor brevedad” el artículo 21 del Decreto Foral 153/2023, de 6 de septiembre, que regula la gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios de Navarra. En concreto, LAB ha cuestionado la posibilidad de disponer de dinero en efectivo a través de una tarjeta prepago.
A juicio de LAB, la posesión de este tipo de tarjetas incrementa el riesgo de un mal uso. Por ello, la organización ha reclamado cambios normativos para evitar que situaciones de este tipo puedan repetirse en centros públicos.
Tras la publicación de la Resolución 21/2026, LAB ha afirmado que ha transcurrido más de un mes sin que se hayan adoptado las medidas que considera necesarias. Por ello, ha solicitado que se inhabilite a toda la Dirección del CI Agroforestal y que se pongan medios externos hasta que se produzca un nuevo nombramiento en la Dirección del centro.
El sindicato ha considerado que “no es de recibo” que el actual director siga ostentando el cargo tras lo recogido en la resolución. LAB también ha cuestionado las argumentaciones realizadas por la Dirección para justificar su actuación.
El director del CI Agroforestal, en declaraciones a la OANA recogidas por LAB, “rechaza categóricamente que su gestión económica haya ocasionado un menoscabo patrimonial a la Hacienda Foral de Navarra”. También niega “la existencia de dolo o negligencia grave en la actuación de sus gestores”.
Según esa posición, los gastos señalados se circunscriben “estrictamente a la actividad operativa del centro en el ejercicio de su autonomía de gestión”. El director ha defendido, además, la “ausencia de ánimo de beneficio particular” y ha sostenido que la disposición de fondos se orientó al cumplimiento de los fines institucionales y del interés general.
La Dirección del centro también ha argumentado que no se produjo un menoscabo ni perjuicio económico para la Hacienda Foral de Navarra. Para sostener esa postura, comparó los gastos objeto de controversia con los ingresos por recursos propios del centro.
Según ha recogido LAB, el escrito de alegaciones indicaba que los recursos propios obtenidos por el centro durante los once años analizados ascendieron a 1.244.470,62 euros. Esa cifra, según la Dirección, era manifiestamente superior a la cuantía de los gastos cuestionados, que situaba en 41.208,12 euros.
LAB ha cerrado su denuncia pública con una reflexión sobre los procesos de acreditación de competencias profesionales en los centros de FP. Estos procedimientos reconocen la experiencia laboral o los aprendizajes no formales de una persona y permiten obtener un certificado oficial.
El sindicato ha recordado que en estos procesos se nombran asesores, asesoras, evaluadores y evaluadoras. También se imparten cursos para la acreditación, con contratación de profesorado, y todas estas contrataciones se realizan desde los centros integrados públicos y privados.
LAB ha señalado que el Gobierno de Navarra autorizó recientemente ayudas de 2,4 millones de euros a centros de FP privados para fomentar la certificación profesional de personas desempleadas. En los centros públicos de FP, según el sindicato, queda en manos de las direcciones otorgar esos puestos.
La organización sindical ha defendido que los puestos en la Administración pública deben adjudicarse a través de las listas de los cuerpos y especialidades del profesorado que no tenga jornada completa o esté en desempleo. LAB ha reclamado que esos procesos se rijan por los principios de igualdad, mérito y capacidad.