Un informe de Intervención General apunta que cuatro obras se licitaron por separado y pide reintegro parcial de la subvención de 2023 tramitada por el Instituto Navarro del Deporte.
Intervención cierra el cerco en torno al Gobierno de Navarra, liderado por la socialista María Chivite. Este martes se ha conocido un informe relativo a un expediente de Sendaviva. Así las cosas, el órgano fiscalizador ha emitido un informe de omisión de fiscalización sobre el cierre de una subvención de 2023 por 5.840.887 euros a Parque de la Naturaleza de Navarra, S.A.
Cabe recordar que la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola, ya avanzó el pasado 13 de febrero que Intervención había apreciado "indicios de fraccionamiento" en los contratos de Sendaviva. Lo dijo durante una comparecencia para dar a conocer los resultados de una auditoría encargada por el propio Gobierno de Navarra. No obstante, hace unos días UPN destapó que la consejera había escondido el informe de Intervención durante cinco meses. Ahora, tras salir a la luz, se conocen más detalles sobre esos indicios apreciados por el órgano fiscalizador.
El informe de Intervención describe una tramitación irregular en el tramo final de 2024. El expediente se tramitó el 20 de diciembre en Extr@, entró en Intervención el 30 y se devolvió el 31 por faltar la “declaración de control”; ese mismo día la unidad gestora lo volvió a tramitar eludiendo el paso por “intervención” y aprobó la resolución con el trámite de fiscalización omitido.
La resolución analizada fue la 668E/2024, de 31 de diciembre, del director gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, y tenía por objeto cerrar el expediente de la subvención de 2023. La “declaración de control” se incorporó después, el 2 de enero de 2025.
Intervención revisó ese anexo en septiembre de 2025 y detectó dos carencias: no se justificaba el cumplimiento de la base séptima ñ) y no se acreditaba la comprobación material de las inversiones. La unidad gestora incorporó informes y una nueva versión del anexo el 1 de diciembre de 2025, dando por “conformes” esos controles.
Aun así, Intervención concluye que, a la vista de las irregularidades, no es posible convalidar la resolución cuya fiscalización se omitió. Y sitúa el núcleo del problema en cuatro contratos de obras vinculados a inversiones de las fases I, II, III y IV.
El documento sostiene que esas cuatro obras “debieron ser objeto de licitación conjunta” tomando su importe agregado. Con ese planteamiento, añade, el procedimiento debió ser abierto y no cuatro procedimientos simplificados.
Intervención enumera varios indicios para defender esa conclusión. Entre ellos, que las cuatro obras tenían un objeto muy similar, que se adjudicaron a la misma constructora y que en los cuatro expedientes se invitó a las mismas cinco empresas. También subraya que se licitaron en noviembre y diciembre de 2023 y se ejecutaron en el primer semestre de 2024.
El informe vincula además las actuaciones a un mismo proyecto: la restauración del parque tras los incendios del verano anterior, “previa reflexión estratégica” sobre su futuro. Y destaca que las obras se licitaron cerca del máximo permitido para el procedimiento simplificado, lo que considera un “indicio de riesgo de fraccionamiento indebido”.
La Intervención añade otro elemento que, a su juicio, agrava el análisis. Señala que los contratos se adjudicaron en torno a 198.000 euros, pero la ejecución material terminó siendo, en todos los casos, aproximadamente un 9,5% superior, alcanzando importes cercanos a 218.000 euros. Según el informe, de haberse previsto, habría exigido acudir a un procedimiento abierto.
El documento cuestiona el carácter “imprevisible” de esas modificaciones por repetirse en todos los casos y por tratarse de obras contratadas a precio cerrado. También menciona incoherencias temporales en la documentación, como un replanteo fechado antes de una adjudicación, o recepciones de obra posteriores a la fecha límite prevista.
Intervención se apoya además en un antecedente de 2023. Cita que, en la Resolución 570E/2023, se indicó que no se tuvieron en cuenta facturas de redacción de proyectos porque obedecían a una misma naturaleza y superaban 12.000 euros para un mismo proveedor, lo que exigía acreditar la elección con criterios de eficiencia y economía.
La conclusión final es clara: Intervención estima un incumplimiento parcial de la base séptima ñ) en lo relativo a esos cuatro contratos. Aunque afirma que la ejecución material se realizó correctamente, pide cuantificar el impacto económico del incumplimiento y insta a iniciar un expediente de reintegro; si no, plantea trasladar el expediente al Gobierno de Navarra para su resolución. El informe lo firma Luis Ceras Arrese, director del Servicio de Intervención.
