La presidenta navarra ha asegurado que el órgano trabaja con objetividad y sin señalar culpables, frente a las críticas de UPN, PPN y Vox.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido este miércoles en el Parlamento foral la autonomía e independencia de la comisión encargada del reconocimiento de víctimas de la extrema derecha y de funcionarios públicos. Según ha subrayado, este órgano actúa con objetividad, busca "reparación y verdad", y no persigue señalar a victimarios.
Chivite ha respondido así a las críticas del portavoz de UPN, Javier Esparza, quien ha acusado a la comisión de ser "un coladero político" al servicio de la izquierda abertzale. La presidenta ha replicado que "no conozco ni las propuestas que llegan a la comisión, ni quiénes son los proponentes, ni qué dicen los informes", ya que se trata de un órgano "independiente".
En su intervención, ha recordado que la Ley Foral 16/2019, que regula este reconocimiento, está avalada por el Tribunal Constitucional. Ha insistido en que la comisión no es un tribunal, sino que analiza hechos acreditados desde una perspectiva administrativa, determinando si existe relación entre un hecho y un daño, sin identificar a los autores ni entrar en el ámbito penal.
Chivite ha puesto en valor que la comisión está formada por expertos en distintas materias, que trabajan con imparcialidad, confidencialidad e integridad, y ha señalado que todas las decisiones se toman por unanimidad. También ha advertido del "riesgo de un deterioro democrático" ante fenómenos como la violencia callejera o la exaltación tanto del terrorismo de ETA como del franquismo.
En el debate parlamentario, UPN, PPN y Vox han rechazado la comisión, acusando al Ejecutivo foral de "blanquear" a la izquierda abertzale y de discriminar a otras víctimas. Esparza ha criticado que en 2024 se estimaran 41 de las 47 solicitudes presentadas, lo que a su juicio demuestra la falta de rigor del órgano.
Por su parte, el PSN ha defendido que "reconocer vulneraciones de derechos humanos fortalece la democracia", mientras que EH Bildu ha valorado que Chivite reconozca la práctica de la tortura "a gran escala" en distintas etapas históricas. Geroa Bai ha expresado su orgullo por los avances en materia de memoria, y Contigo-Zurekin ha reivindicado una ley "pionera y comprometida con los derechos humanos". En cambio, Vox ha tachado la comisión de "justicia paralela".
