El senador por Navarra de UPN, Alberto Catalán, ha presentado un veto al Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales por considerar que la norma no solo “tiene una visión muy alejada de la realidad del mundo rural” sino que también “podría invadir competencias de la Comunidad Foral de Navarra”, en especial en las materias de ganadería y caza, sanidad interior e higiene, y medio ambiente y ecología.
A este respecto, Catalán recuerda en su escrito que la Navarra tiene sus propias leyes de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats, protección de los animales de compañía y sanidad animal.
Por lo que se refiere a la protección animal, asegura que ésta, como la sanidad animal, “se encuadra dentro de la competencia histórica exclusiva de Navarra en materia de ganadería, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del régimen Foral de Navarra (LORAFNA)”.
Además, razona, “como el proyecto de ley se dirige a regular la protección de los animales y no a los animales como parte de la actividad económica, no es de aplicación la competencia exclusiva que la Constitución otorga al Estado en materia de ordenación general de la economía”.
También advierte de que “dado el carácter exhaustivo y de detalle del proyecto de ley, éste excede también en su caso de la capacidad del Estado de regular a través de una ley de bases en materia de sanidad animal o de medio ambiente, que, en todo caso, no constituyen el objeto del proyecto, salvo tangencialmente”.
Y, por último, en referencia al artículo 66 de la norma, que recoge la “función inspectora”, asegura que ésta “constituye legislación civil y, en consecuencia, afecta a la competencia exclusiva de Navarra en materia de Derecho Civil Foral”.
Aparte de la posible invasión de competencias, el senador de UPN recoge en su escrito “el rechazo que esta ley ha despertado tanto en el mundo rural como entre representantes de ayuntamientos y comunidades autónomas”, e incide en que “no prevé las consecuencias que, sobre las administraciones públicas, y de manera especial sobre las entidades locales, tendrán las medidas que recoge”.
Por último, el senador de UPN también critica que una ley de tanta trascendencia se tramite en las Cortes por el procedimiento de urgencia, como viene siendo habitual en los últimos plenos, lo que, en su opinión, “no deja de ser un atropello y un nuevo desprecio al Senado, limitando el derecho de sus miembros a analizar, contrastar y profundizar en las cuestiones sobre las que se
quiere legislar”.
