Los partidos de la oposición en Navarra ha puesto el foco este viernes en la tardanza por parte del Gobierno foral para cerrar una bajera ocupada en la calle Monasterio de Fitero de Pamplona, tapiada a finales de enero tras años de quejas vecinales por inseguridad, presunto tráfico de drogas y presencia de menores.
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, ha asegurado en el Parlamento de Navarra que el local sigue tapiado y que desde entonces "no se han registrado más incidentes". La comparecencia ha sido solicitada por Vox, que ha preguntado por la actuación policial y política ante lo que ha calificado como una "narcobajera".
El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que estos hechos han causado "bastante alarma" entre los vecinos. Según ha señalado, había "muchas quejas" en la zona y ha sostenido que en el local "se traficaba con droga, entraban menores" y algunas personas "se prostituían por obtener droga".
Jiménez ha considerado difícil de entender que se haya tardado tanto tiempo en clausurar el local. "Cuesta creer que se ha tardado dos años en cerrar este local", ha indicado, antes de preguntar si existe alguna responsabilidad policial o política por no haber actuado "de un modo más diligente".
También UPN ha mostrado su preocupación por lo ocurrido. Su portavoz, Javier Esparza, ha señalado que este tipo de situaciones generan una "evidente preocupación" y ha trasladado el apoyo de su grupo a las policías que han intervenido en el caso.
Esparza ha afirmado que, cuando se ocupan espacios, la Justicia debería actuar con más rapidez. "Creo que tenemos el sistema judicial que tenemos y los tiempos que tenemos", ha dicho, aunque ha añadido que en estos casos "se tendría que ser más diligente".
La parlamentaria del PPN, Maribel García Malo, ha recordado que el local estuvo "okupado" y que durante "casi tres años" ha existido una gran preocupación vecinal por presunto tráfico de drogas, violencia habitual, presencia de menores y denuncias en el entorno.
García Malo ha cuestionado que se actuara solo cuando se producían problemas concretos. "Se vio que cada vez que había un problema actuaba, pero ¿por qué solo entonces?", ha preguntado, antes de remarcar que a su grupo le parece "mucho tiempo, tres años" para cerrar el local.
La consejera Inma Jurío ha explicado que la bajera era de propiedad privada y que existían quejas vecinales porque generaba inseguridad en el barrio. Según ha indicado, había tránsito de personas y se preveía que en el local se podían estar cometiendo "diversas actuaciones delictivas".
Jurío ha relatado que se llevaron a cabo varias detenciones e identificaciones hasta que la intervención policial derivó en una investigación judicial. Esa investigación, ha señalado, terminó con una denuncia y con una entrada y registro por orden judicial.
La consejera ha precisado que el cierre de la bajera se produjo el 21 de enero, que el local fue tapiado y que hubo varias personas detenidas. Después, la Policía Foral realizó controles en la zona para comprobar si se intentaba reabrir.
Según ha explicado, sí consta un intento posterior de reapertura, que fue "sofocado por la Policía Municipal". Desde ese momento, ha afirmado Jurío, no se ha producido "ninguna otra actuación ni ningún otro incidente" en la bajera de Pamplona.
Desde el PSN, Ramón Alzórriz ha defendido que la bajera lleva cerrada desde el 21 de enero y que, por tanto, "se actuó". Además, ha criticado a Vox y ha preguntado si pretende que la Policía se salte "a la torera las leyes" y actúe de forma unilateral.
La portavoz de EH Bildu, Irati Jiménez, ha agradecido las explicaciones de la consejera y ha calificado de "auténtico oxímoron" escuchar a Vox defendiendo los derechos de mujeres y menores.
Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha afirmado que cree en el Estado de Derecho, aunque ha reconocido que la Justicia no siempre actúa con la rapidez deseada. También ha mostrado preocupación por el discurso de Vox, al considerar que habla de "suposiciones y pareceres" sobre menores.
Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha criticado el objetivo de la comparecencia. A su juicio, no se había solicitado para conocer más información sobre el operativo o la velocidad de la Justicia, sino como parte de una "línea de comunicación política" en la que su grupo no va a participar.
