VOX Navarra y su moción para la conocida como "prioridad nacional" ha centrado el debate político tras el registro de una iniciativa en el Parlamento foral que se debatirá la próxima semana. El parlamentario de Emilio Jiménez ha planteado aplicar este criterio en el acceso a ayudas sociales, vivienda y servicios públicos.
La propuesta de VOX Navarra también incluye la repatriación de inmigrantes en situación irregular y la derogación de decretos estatales recientes. Entre ellos, el Real Decreto 316/2026 sobre regularización de extranjeros sin residencia legal.
El texto defiende que el Estado de bienestar atraviesa una “profunda crisis” por la gestión de los gobiernos y por la inmigración. Según la formación, esta situación ha tensionado servicios públicos, seguridad y acceso a la vivienda en Navarra.
Además, la moción hace referencia al cambio demográfico en España. Señala que la población extranjera supera el 20% y vincula este dato a un deterioro de la cohesión social y a un mayor uso de recursos públicos.
La iniciativa llega días después de que VOX defendiera una propuesta similar en el Congreso, que fue rechazada. También coincide con acuerdos en comunidades como Extremadura y Aragón donde se ha introducido este principio en políticas sociales.
En el caso de Navarra, la moción pone el foco en la Renta Garantizada. Según los datos citados, dos tercios de los beneficiarios serían extranjeros, una proporción que, según VOX, multiplica por siete su peso poblacional.
“El sistema está tensionado y muchos navarros ven frustrado su acceso a ayudas”, ha señalado Emilio Jiménez. El portavoz ha defendido que priorizar a los nacionales responde a un criterio de responsabilidad política.
La propuesta incluye seis medidas concretas. Entre ellas, la prioridad nacional en vivienda protegida, la repatriación de inmigrantes ilegales y la reserva de prestaciones no contributivas para españoles.
También plantea cambios en la asistencia jurídica gratuita a extranjeros. En concreto, propone excluirla en procedimientos de expulsión y tener en cuenta el patrimonio fuera de España.
