El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la Ley Foral de Cuentas Generales de Navarra de 2024, pero lo ha hecho con el rechazo frontal de UPN, PPN, Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti, que han votado en contra y han cuestionado la gestión económica del Gobierno foral.
La ley ha salido adelante con los votos favorables de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que los grupos de la oposición han centrado sus críticas en la política de ingresos y gastos, en las advertencias de la Cámara de Comptos y en la discrepancia emitida por el auditor que firmó la fiscalización.
El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha defendido unas cuentas que, a su juicio, reflejan una “gestión estable” y sitúan a Navarra como una comunidad “saneada” y con “buenas cifras” en los principales parámetros económicos. Arasti ha subrayado además que el informe de Comptos da “tranquilidad” sobre la gestión financiera y descarta indicios de delito o de responsabilidad contable.
Sin embargo, los grupos que han votado en contra han rechazado esa lectura optimista del Gobierno foral. Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, ha justificado el voto contrario de su grupo por discrepar de la política económica que sostiene las cuentas, tanto en ingresos como en gastos. Además, ha puesto el foco en los puntos señalados por el auditor de Comptos y ha advertido del “inadmisible uso del dinero público” que, según ha denunciado, aparece reflejado en algunos gastos.
El debate ha estado marcado por el desencuentro surgido tras el informe de la Cámara de Comptos. Aunque el órgano fiscalizador ha respaldado las cuentas, el auditor que firmó la auditoría emitió una discrepancia, una figura prevista en la normativa, con advertencias que no fueron incorporadas al informe final firmado por el presidente de la institución.
La portavoz del PPN, Irene Royo, ha defendido su voto en contra como un gesto de “decencia democrática” por lo ocurrido con esa discrepancia del auditor ponente. A su juicio, la actuación del técnico ha avalado el “control eficaz” de lo público, pero ha sido respondida con “una forma sutil de intimidación”.
Desde el Grupo Mixto, Emilio Jiménez, de Vox, ha cargado contra unas cuentas que considera ilegítimas por proceder de un Gobierno que, según ha afirmado, “ha hecho un pacto vergonzoso con Bildu, los herederos de ETA”. Jiménez ha denunciado que el Ejecutivo “contenta” a sus socios “repartiendo a dedo” el superávit y ha definido las cuentas como un “ejemplo de despilfarro y mala gestión”.
También ha votado en contra la parlamentaria no adscrita Maite Nosti, que ha acusado al Gobierno foral de confundir gasto con buena gestión. “En política gastar mucho no es gestionar bien”, ha señalado durante su intervención. Nosti ha sostenido que las cuentas retratan al Ejecutivo con “más gasto, más estructura, más dependencia y más autocomplacencia”.
Las Cuentas Generales de Navarra de 2024 recogen unas obligaciones reconocidas netas de 5.940,38 millones de euros, un 2,7% más que en 2023, y unos derechos reconocidos netos de 6.081,24 millones, un 1,9% más. La Cámara de Comptos ha destacado la evolución positiva de los principales indicadores económico-financieros, aunque también ha advertido del incumplimiento de la regla de gasto al superar en 268 millones el límite máximo establecido.
Parte de ese incremento, estimada en 109 millones de euros, se vincula a las devoluciones fiscales a mutualistas en las declaraciones de IRPF de los ejercicios 2020 a 2024. El informe también recoge salvedades contables y de legalidad, como la falta de aplicación completa del Plan General de Contabilidad Pública, la ausencia de una integración adecuada entre algunos sistemas contables y tributarios y la no inclusión en el balance de las obligaciones actuariales del montepío del personal funcionario, con un coste estimado de 1.395,56 millones para el periodo 2025-2087.
Otro de los puntos del debate ha sido el gasto realizado sin soporte contractual adecuado. Comptos ha llamado la atención sobre esta cuestión, aunque también ha destacado que la publicación del Plan de Contratación contribuye a mejorar la transparencia y la planificación administrativa y empresarial.
El informe se ha referido igualmente a las obras de duplicación del túnel de Belate, donde en 2024 se abonaron ocho certificaciones de obra por 5,52 millones de euros, equivalentes al 7% del importe de adjudicación. Además, se han señalado propuestas de modificación contractual e incrementos de costes derivados de nuevas unidades de obra.
Frente a las críticas de la oposición, los grupos que han apoyado las cuentas han defendido la solvencia económica de Navarra y la validez del informe de Comptos. Ainhoa Unzu, del PSN, ha lamentado que la crítica se centre en Belate cuando, según ha afirmado, el informe no aprecia responsabilidad penal y demuestra que en Navarra existen mecanismos de control y transparencia.
Desde EH Bildu, Laura Aznal ha defendido con matices las cifras del informe y ha acusado a “las derechas” de intentar hacer desgaste al Gobierno a partir de la discrepancia de un auditor que, según ha dicho, “se quedó solo”. Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha afirmado que UPN buscaba un “K.O.” con esa discrepancia, pese a la evolución positiva de Navarra. Por Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha considerado “incontestable” el análisis financiero, aunque ha reclamado más inversión pública y social en vivienda y sanidad.
Con la aprobación de la ley, el Gobierno foral ha sacado adelante las Cuentas Generales de 2024, pero el debate ha evidenciado de nuevo la distancia entre los grupos que sostienen al Ejecutivo y una oposición que ha situado el foco en Comptos, el gasto público, Belate y el modelo de gestión económica de Navarra.
Comienza la sesión con ausencia de María Chivite y de la mayor parte de su gobierno. Sólo están el consejero de Economía, José Luis Arasti, que defiende el Proeyecto de Ley de Cuentas Generales, El consejero de Innovación y Universidades, Juan Luis García, el de Cohesión Territorial, Óscar Chivite y el de Educación, Carlos Gimeno.
No están los consejeros de Geroa Bai del Gobierno: Ana Ollo, Mikel Irujo y Fernando Domínguez.
El Parlamento de Navarra debate este jueves una de las iniciativas educativas que más tensión política ha generado en las últimas semanas: la proposición de ley foral de UPN para regular los criterios de modificación de las unidades educativas en la red pública y concertada cuando haya variaciones en el número de alumnos.
El Pleno ha quedado convocado de forma definitiva a las 9.30 horas en el Salón de Plenos y tiene como tercer punto del orden del día esta iniciativa del Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro, registrada con el número 11-26/PRO-00006.
La propuesta de UPN llega al Parlamento en pleno debate sobre la planificación educativa en Navarra y sobre el futuro de distintas aulas de la enseñanza concertada, después de las discrepancias surgidas entre los socios del Gobierno foral en torno a los criterios que deben aplicarse cuando baja la matrícula.
La proposición de ley plantea establecer un marco para decidir la modificación de unidades educativas tanto en la educación pública como en la concertada cuando se produzcan cambios en el número de alumnos y alumnas. El objetivo de los regionalistas es que esos ajustes se rijan por criterios claros y equiparables entre las dos redes sostenidas con fondos públicos.
El debate se produce después de que la posible supresión de aulas concertadas haya abierto un nuevo frente político en Navarra. La iniciativa de UPN sitúa ahora a los grupos parlamentarios ante una votación de alto contenido político, especialmente por las diferencias que se han evidenciado entre las formaciones que sostienen al Ejecutivo foral.
Antes de ese punto, el Pleno abordará dos proyectos de ley del Gobierno de Navarra. El primero será el Proyecto de Ley Foral de Cuentas Generales de Navarra de 2024, registrado con el número 11-25/LEY-00005.
A continuación, la Cámara debatirá el Proyecto de Ley Foral de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental, otra iniciativa del Ejecutivo foral, registrada con el número 11-26/LEY-00001.
El orden del día se cerrará con una interpelación de Geroa Bai sobre política general en materia de dependencia y cuidados de larga duración. La iniciativa ha sido presentada por la parlamentaria Isabel Aramburu Bergua y figura en el orden del día con el número 11-26/ITP-00021.
La atención política del Pleno, sin embargo, estará centrada en la iniciativa educativa de UPN, que llega en un momento especialmente sensible para la comunidad educativa y para las relaciones entre los grupos que conforman la mayoría parlamentaria.
El debate permitirá comprobar si la proposición de ley foral logra apoyos suficientes para avanzar o si, por el contrario, queda frenada en la Cámara. La posición de los socios del Gobierno foral será clave para determinar el recorrido de una propuesta que busca fijar reglas para el mantenimiento, reducción o modificación de aulas en Navarra.
El acuerdo educativo entre el PSN y Geroa Bai quedó anoche en el aire apenas unas horas después de que ambas formaciones dieran por encarrilada una salida política al conflicto por el cierre de 14 aulas de la enseñanza concertada en Navarra.
La discrepancia ha vuelto a abrir una crisis entre los socios del Gobierno foral y ha dejado sin resolver una de las cuestiones más sensibles de las últimas semanas: si finalmente se evitará o no la supresión de esas unidades concertadas anunciada por el Departamento de Educación.
El punto de fricción se ha situado en la ikastola de Estella, donde la demanda de plazas ha provocado un desacuerdo entre los dos partidos. Geroa Bai ha defendido que debe garantizarse una segunda aula, mientras que el PSN sostiene que el marco actual no permite adoptar esa decisión en los términos planteados.
La tensión ha llegado en vísperas del debate parlamentario de la proposición de ley de UPN, que busca prorrogar los conciertos educativos vigentes y evitar el cierre de aulas en la red concertada. La iniciativa regionalista ha colocado a los socios del Gobierno y a EH Bildu ante una votación especialmente delicada.
El Departamento de Educación había anunciado inicialmente la supresión de 33 aulas por la caída de la natalidad: 19 en la red pública y 14 en centros concertados. Sin embargo, el consejero avanzó posteriormente que en la red pública se crearían tantas unidades como las previstas para suprimir, por lo que el ajuste efectivo recaería sobre la concertada.
Ese cambio ha alimentado las críticas de los centros afectados y de los grupos que reclaman aplicar criterios equivalentes a las dos redes sostenidas con fondos públicos. UPN ha defendido que la concertada no puede quedar en una situación peor que la pública y ha planteado una modificación legal para impedir el cierre de unidades durante el próximo curso.
El pacto que PSN y Geroa Bai habían empezado a perfilar incluía medidas como un análisis de la planificación educativa, criterios para abordar futuras modificaciones de unidades y una mesa de trabajo sobre el modelo educativo navarro. Sin embargo, el acuerdo no ha despejado de forma clara qué ocurrirá con las 14 aulas concertadas ya afectadas.
Geroa Bai ha advertido de que no ve garantías suficientes para cumplir lo pactado y ha condicionado su posición a que se resuelva la situación de la ikastola de Estella. El PSN, por su parte, ha defendido que el acuerdo estaba cerrado y ha reclamado a su socio que mantenga el compromiso alcanzado.
La posición de EH Bildu también ha añadido incertidumbre al debate. La coalición abertzale había presentado enmiendas para mantener durante dos cursos más las aulas concertadas actuales, aunque después las retiró tras los movimientos entre PSN y Geroa Bai.
La votación en el Parlamento de Navarra se ha convertido así en una prueba política para el bloque que sostiene al Gobierno foral. La falta de una posición común deja abierta la posibilidad de que la iniciativa de UPN pueda salir adelante si Geroa Bai y EH Bildu no cierran filas con el PSN.
El conflicto educativo ha vuelto a mostrar las diferencias internas entre los socios del Ejecutivo de María Chivite en torno al peso de la enseñanza concertada, la planificación escolar y la aplicación de los ajustes derivados de la caída de la natalidad.
Por ahora, el futuro de las 14 aulas concertadas sigue sin una respuesta definitiva. La decisión final dependerá de la votación parlamentaria y de si PSN, Geroa Bai y EH Bildu logran recomponer una posición compartida antes del debate.
