POLÍTICA
El experimento de la consejera Alfaro sale mal: propietarios retiran pisos y la vivienda se aleja de los navarros
El precio de la vivienda vuelve a dispararse en Navarra
El precio de la vivienda en Navarra ha vuelto a dispararse en los últimos meses y ha situado el mercado inmobiliario en una de sus fases más complicadas para quienes buscan comprar o alquilar. Este mes, el precio medio de la vivienda de segunda mano se ha colocado en 2.332 euros por metro cuadrado, según datos difundidos ayer por Fotocasa.
Ese nivel supone que una vivienda estándar de 80 metros cuadrados cuesta ya alrededor de 186.550 euros en Navarra, frente a los 165.710 euros de hace un año. La diferencia supera los 20.800 euros en apenas doce meses, con un incremento interanual que rebasa el 12%.
La subida no se ha producido de forma aislada. Los informes de Fotocasa y otros portales han reflejado repuntes mensuales del 1,8% y alzas anuales de entre el 11% y el 12,8% en periodos recientes. En Pamplona, los precios se han situado cerca de máximos históricos y han aumentado la presión sobre jóvenes, familias y compradores con rentas medias.
El escenario se ha producido mientras el Gobierno de María Chivite y la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, han defendido un modelo marcado por una fuerte intervención pública. Entre las medidas aplicadas figuran la declaración de 21 zonas de mercado tensionado, los topes a los alquileres y la defensa de prórrogas forzosas de contratos.
El Ejecutivo foral y el ministro Pablo Bustinduy presentaron recientemente estas políticas como una fórmula para proteger a los inquilinos. Según los datos oficiales defendidos por el Gobierno, las rentas del alquiler habrían bajado en torno a un 8% o 8,6% en zonas tensionadas.
Alfaro insistió en que estas medidas “funcionan” y cuestionó públicamente los datos de portales como Idealista, al que acusó de “manipulación” y falta de rigor cuando sus informes apuntaban a una caída de la oferta. Sin embargo, los registros oficiales del Observatorio de Vivienda de Navarra y del Registro de Contratos de Alquiler han terminado mostrando una realidad menos favorable para el relato del Gobierno.
En el cuarto trimestre de 2025, los contratos de alquiler habitual en Pamplona cayeron un 17%. En las zonas tensionadas, la oferta de alquiler permanente se redujo hasta un 26% en la capital, según Idealista, mientras los datos públicos del Gobierno confirman descensos del 3% al 5% en el conjunto del año si se analiza el periodo posterior a la declaración, desde julio de 2025.
El problema de fondo es la falta de oferta de vivienda. Los controles de precios pueden aliviar algunos contratos concretos, pero también generan un efecto contrario al esperado si los propietarios deciden retirar sus pisos del alquiler permanente. Muchos optan por el alquiler de temporada, por la venta o por mantener la vivienda vacía.
Esa reducción de pisos disponibles aumenta la competencia entre inquilinos. También complica el acceso a una vivienda digna para jóvenes y familias que buscan estabilidad en Pamplona y en las principales zonas tensionadas de Navarra.
Mientras el Gobierno foral destaca bajadas parciales en las rentas nuevas, el mercado de compraventa no ha dado señales de moderación. Navarra registró subidas interanuales del 11,4% en 2025, según Nastat, y los informes de Fotocasa y Tinsa han situado las tasas de 2026 entre el 12% y el 13%.
La presión se concentra especialmente en Pamplona y su comarca, donde los precios rozan o superan los 3.000 euros por metro cuadrado en algunas zonas céntricas. Esta escalada ha alejado aún más la vivienda del poder adquisitivo medio.
El Gobierno de Chivite y Alfaro destaca el “récord” de viviendas protegidas iniciadas en 2025, con cifras entre 549 y 606 pisos. Se trata del mejor dato en ocho años, aunque representa solo alrededor del 23% del total de viviendas iniciadas.
La construcción total se sitúa en 2.378 viviendas iniciadas, una cifra insuficiente para absorber la demanda demográfica, migratoria y de emancipación juvenil. El grueso del mercado sigue siendo libre, y la oferta no ha crecido al ritmo necesario para contener los precios.
Los críticos con la política de vivienda del Ejecutivo señalan que el foco en la vivienda protegida y en el control del alquiler no genera el parque libre necesario. También apuntan a la burocracia, la lentitud en las licencias y la inseguridad jurídica como factores que frenan la inversión privada.
La reacción de Alfaro ante las alertas sobre la reducción de oferta añaden tensión al debate. La consejera descalifica fuentes independientes y ha defendido las medidas del Gobierno, aunque los propios datos oficiales del RECA y del Observatorio han validado las tendencias de caída en contratos y oferta tras la intervención.
La situación recuerda a lo ocurrido en otros territorios, como Cataluña, donde los topes de precios han sido relacionados por analistas del sector con una retirada de viviendas del mercado. El resultado ha sido menos oferta disponible y más dificultades reales para encontrar piso.
Economistas y expertos inmobiliarios señalan que estas medidas no atacan las causas principales del problema. Entre ellas figuran la rigidez urbanística, la escasez de suelo disponible a precios razonables, la sobrecarga fiscal y una normativa que reduce la rentabilidad del alquiler.
El círculo que se ha generado es especialmente delicado: menos oferta, más tensión, más intervención y una nueva retirada de viviendas del mercado. Todo ello en un contexto en el que el precio de la vivienda en Navarra sigue subiendo con fuerza.
Para los jóvenes, la consecuencia más evidente es la dificultad creciente para emanciparse. La bajada artificial de algunos alquileres nuevos no compensa la pérdida de disponibilidad si cada vez hay menos pisos a los que optar.
Para los propietarios, el escenario también ha cambiado. Los límites de precios, las posibles prórrogas forzosas y la incertidumbre normativa reducen los incentivos para alquilar a largo plazo.
El mercado general tampoco ha encontrado alivio. La compraventa ha seguido encareciéndose y la vivienda se ha alejado del poder adquisitivo medio, mientras el Gobierno insiste en que sus medidas protegen a los inquilinos.
El Ejecutivo foral mantiene su apuesta por más intervención, planes específicos para zonas tensionadas, mediación y ampliación del parque público. Sin embargo, los datos disponibles apuntan a que la falta de oferta sigue siendo el principal obstáculo.
Sin medidas que faciliten la construcción masiva, tanto libre como protegida, y sin seguridad jurídica para los propietarios, Navarra continuará afrontando precios al alza y un acceso cada vez más limitado a la vivienda. El debate ya no se centra solo en cuánto cuesta alquilar o comprar, sino en cuántas viviendas reales están disponibles para quienes las necesitan.