La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante del PSOE Leire Díez, más conocida como la fontanera del PSOE, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
La detención de Vicente Fernández le sitúa en el centro de una investigación judicial por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. El arresto se ha producido por orden del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que mantiene la causa bajo secreto de sumario. Fernández ocupó también cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía durante la etapa en la que María Jesús Montero dirigía Economía y Hacienda.
El caso vuelve a señalar a Fernández por su vínculo económico con Servinabar, la empresa del entorno del navarro Santos Cerdán, ex número dos del PSOE y figura de máxima confianza de Pedro Sánchez. Documentación de la Hacienda Foral de Navarra, aportada al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, refleja que Fernández cobró de esta compañía de forma continuada durante dos años.
Según esas cifras, el expresidente de la SEPI recibió 68.632,48 euros en 2021, además de 40.800 euros en retenciones en 2022 y 33.251 euros en 2023. Esta relación económica sostenida sitúa a Servinabar en el núcleo de la investigación sobre presuntas comisiones vinculadas a contratos públicos.
La figura de Fernández ya había despertado especial interés cuando fue citado en la comisión de investigación del Senado el pasado 22 de julio. Aquella comparecencia terminó sin aclaraciones: el exalto cargo se acogió a su derecho a no declarar y evitó responder a todas las preguntas.
Guardó silencio cuando la senadora María Caballero (UPN) le planteó cuestiones directas sobre su relación con el empresario Antxon Alonso, sobre las razones por las que aceptó incorporarse a una empresa de tamaño reducido como Servinabar y sobre si llegó a trabajar físicamente en la oficina que la sociedad tenía en la calle San Nicolás, número 1, en Pamplona. También rehusó precisar si coincidió allí con algunos empleados, entre ellos la pareja del parlamentario socialista Ramón Alzórriz.
Uno de los momentos más llamativos de la sesión llegó cuando el senador socialista Javier Remírez optó por no formular ninguna pregunta a Fernández. En lugar de interrogarlo, realizó una defensa explícita de su integridad: “Creemos no solo en su profesionalidad, sino también en su honestidad”, afirmó.
La figura de Remírez resulta relevante en este contexto: además de ser amigo personal de Santos Cerdán, fue vicepresidente del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Justicia e Interior con María Chivite.
La operación de hoy también afecta a Leire Díez, que ya estaba investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en otro procedimiento abierto en Madrid. En esa causa se la vincula con una supuesta trama destinada a obtener información sensible que pudiera paralizar investigaciones que afectaban a empresarios y políticos.
Díez declaró el pasado noviembre que se había reunido dos veces con Santos Cerdán, aunque sostuvo que lo hizo como periodista y sin mantener relación orgánica con el PSOE.
