El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha salido este lunes en tromba contra la proposición de ley de UPN que puede salvar 14 aulas de la enseñanza concertada que su departamento pretende cerrar. El dirigente socialista ha elevado el tono y ha advertido a las familias de que la aprobación de la iniciativa podría provocar “gravísimas consecuencias” en la planificación del próximo curso y ha amenazado con un "caos" para las familias que ya tienen plaza asignada.
Gimeno ha comparecido en rueda de prensa este lunes para adelantar el contenido de un informe del Gobierno de Navarra sobre la proposición registrada por UPN. En su intervención, ha sostenido que la iniciativa “presenta evidentes visos de inconstitucionalidad” y ha asegurado que existen “serias dudas” sobre si la propuesta encaja en el ordenamiento jurídico vigente.
El consejero ha cargado especialmente contra los grupos que puedan facilitar la aprobación de la ley en el Parlamento de Navarra, entre ellos los socios del Gobierno foral como Geroa Bai y EH Bildu a quienes ha lanzado un velado mensaje: “Es incomprensible que haya quien esté dispuesto a aprobar una ley que podría estar en contra de la Constitución”, ha señalado Gimeno, que ha llegado a calificar la situación como “el mundo al revés y una perversión absoluta del sistema”.
La proposición de ley de UPN plantea una moratoria de un año para evitar el cierre de aulas en centros públicos y concertados. Según el documento registrado por los regionalistas, la iniciativa busca aplazar la aplicación de los criterios de renovación de los conciertos educativos para el curso 2026-2027 y mantener el próximo curso las unidades públicas y concertadas existentes en la actualidad.
El texto de UPN también recoge que se apliquen en la enseñanza concertada los mismos criterios de reducción de ratios y unidades que se aprueben para la escuela pública. La formación foralista defiende que esa medida garantiza la igualdad de trato del alumnado y protege la libertad de las familias para elegir el modelo educativo de sus hijos.
Gimeno, sin embargo, ha presentado la propuesta como una amenaza para las familias. El consejero ha asegurado que, si la ley se aprueba, habría que “volver a hacer el proceso de matrícula para el nuevo curso” con la bajada de ratios, lo que podría afectar a alumnos que ya cuentan con plaza asignada en el colegio elegido.
“Muchos niños y niñas que ahora cuentan con ir a un colegio que han elegido y que tienen asignado pueden perder esa plaza y, en consecuencia, acabar en otro centro que no sea el elegido”, ha afirmado. “Las familias deben saber que pueden perder la plaza que hoy tienen asegurada”, ha añadido el consejero socialista.
El titular de Educación ha insistido en que la propuesta de UPN generaría “una enorme incertidumbre” y ha advertido de que iría contra un derecho que las familias ya han ejercido en el proceso de escolarización. Según Gimeno, la aprobación de la ley podría alterar los baremos ya aplicados y cambiar la plaza asignada antes de septiembre.
El consejero ha acusado a UPN de intentar recuperar “15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo” a costa de provocar incertidumbre en el resto de unidades. “La proposición es absolutamente incoherente, tiene una carencia de sentido absoluta y es un claro despropósito”, ha señalado.
Gimeno ha defendido que el Departamento de Educación ha aplicado la resolución de conciertos “en el marco estricto de la ley” y en un contexto de “bajada demográfica ostensible”. Además, ha asegurado que el objetivo del Gobierno foral es evitar que la escuela pública pierda peso dentro del sistema educativo navarro.
El consejero también ha dirigido su mensaje hacia Geroa Bai, UPN y EH Bildu, a quienes ha emplazado a trasladar sus propuestas. Ha reconocido que ha habido “reuniones a alto nivel” entre los socios del Gobierno, aunque ha precisado que él no ha participado en ellas. “Estamos expectantes, esperando, con toda la predisposición”, ha indicado.
Gimeno ha advertido además de posibles consecuencias en la red pública. Según su interpretación, la ley de UPN ordena mantener el próximo curso 2026-2027 las unidades públicas y concertadas existentes en este ejercicio, pero al mismo tiempo exige aplicar los criterios de reducción de ratios de la escuela pública, algo que el consejero ha presentado como contradictorio.
El responsable de Educación ha añadido que la iniciativa llega cuando los centros ya están elaborando sus plantillas y cuando el Departamento pretende realizar la adjudicación de contratos en junio. A su juicio, mantener unidades obligaría a rehacer la planificación de personal, “como ya ocurrió en 2012 fruto de los recortes de UPN”.
Otro de los argumentos utilizados por Gimeno ha sido el porcentaje de familias que actualmente han obtenido plaza en su primera opción. Según ha indicado, ese dato se sitúa en el 98,9%, una cifra que ha calificado como “excelente”. El consejero ha sostenido que la ley de UPN reduciría ese porcentaje y supondría, en la práctica, “menos libertad” de elección de centro.
El consejero también ha vinculado la proposición de ley con la Formación Profesional. Ha asegurado que la iniciativa podría obligar a suspender nueva oferta de FP y ha citado como ejemplo los nuevos cursos de Cocina y Restauración previstos en la ETI San Juan de Tudela. Según Gimeno, la propuesta de UPN “impone una foto fija de unidades sin opción a ningún crecimiento”.
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha defendido en cambio que su formación no va a permitir que se ponga en riesgo “la calidad del sistema educativo y la libertad de elección de las familias”. En la nota registrada por los regionalistas, Ibarrola ha sostenido que aplicar los mismos criterios de ratios en la pública y la concertada garantiza la igualdad de trato del alumnado.
