El Gobierno de Navarra ha decidido mimetizarse por completo con la agenda de Moncloa. En un encendido debate parlamentario, la vicepresidenta tercera y consejera de Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha confirmado que el gabinete de María Chivite se va a volcar "en cuerpo y alma" para que el proceso de regularización masiva de inmigrantes, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, salga adelante en la Comunidad foral.
Lejos de mostrar cautela ante las implicaciones que este proceso pueda tener en los servicios públicos, Alfaro se ha mostrado desafiante y "orgullosa" de la iniciativa. La consejera no solo ha asumido la responsabilidad plena de las consecuencias de esta regularización, que afectará a miles de personas en Navarra, sino que ha elevado el tono contra cualquier voz crítica.
En respuesta a las dudas planteadas por el Grupo Mixto (Vox) sobre el posible colapso de la sanidad, la educación o la seguridad, la vicepresidenta ha optado por el ataque personal. Alfaro ha llegado a calificar como "esclavistas del siglo XXI" a quienes se oponen al proceso, acusándoles de preferir la explotación laboral para evitar el pago de cotizaciones sociales.
Además, ha despachado las críticas tildando a sus oponentes de "profesionales del odio" y "supremacistas" , asegurando que, salvo la formación de Santiago Abascal, cuenta con el respaldo de "toda la sociedad navarra", citando incluso al sector empresarial y a la Conferencia Episcopal.
Desde la oposición, el parlamentario Emilio Jiménez ha denunciado que esta entrega total del Gobierno de Chivite responde a intereses económicos y políticos. Según Jiménez, el proceso de regularización es un "negocio" destinado a alimentar a "sindicatos, ONG y chiringuitos" con dinero público, mientras se saturan los servicios básicos de los navarros.
Para Vox, esta maniobra es además una "cortina de humo" para "entretenernos y tapar" los casos de corrupción que acechan al bloque de Gobierno. Sin embargo, la vicepresidenta Alfaro ha insistido en que Navarra es una "tierra de acogida" y que el Ejecutivo colaborará de forma activa para que el proceso se desarrolle en las "mejores condiciones posibles".
