El Gobierno foral ha avanzado en el Parlamento cambios para adelantar los itinerarios de inclusión, reducir burocracia y mejorar la coordinación con el ingreso mínimo vital.
La renta garantizada en Navarra podría cambiar en un punto clave: el Gobierno foral ha planteado activar los procesos de inclusión social desde el mismo momento en que una persona empiece a cobrar la prestación. La propuesta la ha avanzado este martes en el Parlamento de Navarra la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Miriam Martón.
Hasta ahora, ese derecho a la inclusión se activaba al cabo de un año de percepción de la ayuda. Sin embargo, el Ejecutivo navarro quiere adelantar ese paso y vincularlo al inicio del cobro de la renta garantizada, con la idea de reforzar la atención social y mejorar la empleabilidad de quienes reciben esta prestación en Navarra.
Martón ha defendido en comisión parlamentaria, a petición del PPN, que el sistema “es mejorable” tras diez años de funcionamiento. Aun así, ha dejado claro que la intención del Gobierno no pasa por desproteger a quienes se encuentran en situación de pobreza. “La acción de nuestro Gobierno se va a orientar a mejorar la norma sin dejar desprotegidas a las personas en situación de pobreza”, ha asegurado.
Entre los cambios que estudia el Ejecutivo, figura que el derecho a la inclusión social prevalezca desde el primer momento en que se reconozca el cobro de la renta garantizada. Según ha explicado Martón, se reforzarán tanto los derechos como las obligaciones de las personas perceptoras en todo lo relacionado con la inclusión y la empleabilidad.
La propuesta prevé que, en cuanto se reconozca la prestación, se ponga en marcha una herramienta de triaje validada para determinar qué tipo de itinerario necesita cada persona. Ese recorrido podrá ser social, laboral o sociolaboral, en función de su situación concreta.
Además, las personas beneficiarias participarán en la elaboración de su propio itinerario y tendrán la obligación de implicarse de forma activa en todo el proceso. En ese marco, deberán llevar a cabo las actividades incluidas en el plan de inclusión que se les asigne.
Otra de las líneas en las que trabaja el Gobierno de Navarra busca reducir trámites y aliviar la carga administrativa. El objetivo, según ha expuesto Martón, es que los profesionales de los servicios sociales puedan ofrecer una atención más personalizada y un acompañamiento más cercano.
También se quiere mejorar la relación entre las dos grandes prestaciones de protección social que conviven en Navarra: la renta garantizada y el ingreso mínimo vital. La directora general ha admitido que hoy existen obstáculos que dificultan una gestión más eficaz y ágil de ambas ayudas, por lo que considera necesario explorar fórmulas para que se comuniquen mejor.
La reforma que estudia el Ejecutivo también pone el foco en la mejora de la eficacia del procedimiento administrativo. Esta línea parte de recomendaciones planteadas tanto por las unidades gestoras como por la Cámara de Comptos.
Entre las medidas planteadas figuran un mayor uso de mecanismos de gestión automatizados mediante la interoperabilidad de bases de datos, una mejor identificación de las situaciones de no disponibilidad para el empleo y un refuerzo del control y seguimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias. Asimismo, se quiere revisar el procedimiento anual de renovación de la prestación.
El debate político sobre la renta garantizada en Navarra ha vuelto a evidenciar las diferencias entre grupos. La portavoz del PPN, Maribel García Malo, ha criticado que el PSN “ha terminado asumiendo” el modelo actual respaldado por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. A su juicio, se plantean ajustes, pero sin modificar lo esencial del sistema.
Desde UPN, Raquel Garbayo ha defendido la reforma registrada por su formación y ha asegurado que el modelo del Gobierno “no ha funcionado”. Ha explicado que la propuesta regionalista incluye derechos, pero también obligaciones más estrictas, como exigir situación regular, no tener antecedentes penales y limitar el cobro a un máximo de tres años, con una reducción progresiva de la cuantía.
Por parte del PSN, Olga Chueca ha respaldado los planteamientos expuestos por Martón. Ha sostenido que activar el derecho a la inclusión desde el inicio permite intervenir antes y, por tanto, aumentar las posibilidades de éxito en los procesos de integración social.
El portavoz de EH Bildu, Javier Arza, ha advertido de que el empleo no basta por sí solo para garantizar la inclusión social. Según ha expuesto, una parte importante de las personas beneficiarias no se encuentra en situación de empleabilidad, mientras que otras arrastran trayectorias con muchas carencias acumuladas. Por eso, ha dejado claro que no apoyarán reformas que debiliten la capacidad protectora de la ayuda.
Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha reclamado que se cumpla el acuerdo programático de la legislatura, que apuesta por consolidar el actual modelo de renta garantizada como herramienta esencial de protección social y lucha contra la pobreza. También ha defendido desarrollar los estímulos al empleo, pero ha rechazado que eso suponga recortes.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha hecho una defensa cerrada de esta prestación y la ha definido como la mejor herramienta de Navarra para combatir la pobreza, especialmente la infantil. Eso sí, ha tendido la mano al Gobierno para estudiar mejoras, aunque ha dejado claro que su formación no aceptará cambios desde una perspectiva restrictiva.
