La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que la aplicación de los planes lingüísticos en los departamentos del Ejecutivo foral es un "proceso garantista y gradual, en el que prima la voluntariedad" y que "asegura en todo momento el respeto a los derechos laborales adquiridos".
En este sentido, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los empleados públicos y ha resaltado que "nadie va a ver peligrar su puesto de trabajo por el hecho de que su plaza sea identificada como bilingüe ya que, como no puede ser de otra manera, prevalecen los derechos laborales adquiridos".
López, que ha comparecido en comisión parlamentaria junto con la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, a petición de UPN, ha explicado que la Orden Foral 195/2022, de 29 de julio, recoge que "la selección de la plaza concreta es voluntaria y que, en el caso de que no hubiera personas voluntarias, garantiza que la asignación del perfil bilingüe no afecta a la persona que ocupa la plaza, quien continuará en ella y a la que sólo se aplicará el requisito en el momento que quede vacante".
Según ha explicado, los planes lingüísticos aprobados contemplan 246 nuevas plazas con perfil bilingüe castellano-euskera, es decir, con requisito euskera, ya sea un C1 o un B2, para alcanzar un total de 757, lo que supone "el 4,75% de las plazas susceptibles de ser perfiladas". "Por primera vez, todos los departamentos van a contar con plazas con perfil bilingüe", ha destacado.
La consejera ha señalado que los planes lingüísticos han sido desarrollados por cada departamento, que se encargarán, a su vez, del trabajo de identificación concreta de plazas, lo llevarán a cabo los propios departamentos, "que son quienes tienen el conocimiento sobre el terreno para esa selección de plazas en base al tipo de trabajo y servicio que desempeñan". Una vez identificadas las plazas, vía Decreto Foral, se procederá a una modificación de plantilla en la que se recogerá la asignación del requisito a las plazas en cuestión.
Amparo López ha llamado a que "abordemos la política lingüística de manera responsable, normalizando lo que en Navarra es habitual, sin trazos gruesos ni utilizaciones interesadas, y desde el ritmo que marca en esta materia la sociedad y la pluralidad de esta comunidad".
Por su parte, Ana Ollo ha remarcado que los planes lingüísticos departamentales buscan "adaptar y mejorar la calidad del servicio público que la Administración foral presta a una ciudadanía navarra con una realidad sociolingüística cada vez más bilingüe".
Citando datos de Nastat, casi 100.000 navarros dominan el euskera, un 15,1% de la población, y otros 75.000, un 11,6%, tienen "algún tipo de conocimiento". A ello ha sumado que un 28% de los jóvenes habla euskera, "por lo que es preciso esta adecuación del servicio de la Administración a su público potencial". "Es evidente que el número de puestos bilingües en la Administración foral no había ido creciendo al mismo ritmo que el número de vascoparlantes que había en la población a la que da servicio desde sus distintos departamentos", ha aseverado.
Ollo ha señalado que la iniciativa de los planes lingüísticos supone "retomar" y "readecuar" el trabajo iniciado en la legislatura de 2015 y que "se repitió parcialmente sin acabar de concluirse" en la anterior. El objetivo, ha dicho, es que "podamos dejar este tema del euskera y la administración, que siempre suscita debate y opiniones cruzadas, de alguna manera encauzado y asentado con bases sólidas de cara un futuro que ya está aquí".
Así, ha recordado que en 2015 las plazas bilingües "eran apenas un 1%, en dos últimas legislaturas se llegó a algo más de 3%" y ahora llegarán a un 4,7%. "Todos los departamentos tendrían, por primera vez, personal bilingüe para atender a la población cuando se acabe el proceso", ha destacado.
La consejera ha defendido que "se trata de un proceso complejo pero muy garantista", que "se está haciendo en el marco de la legalidad vigente avalada por los tribunales, recogida en el vigente acuerdo programático y que sigue las recomendaciones del Consejo de Europa y, sobre todo, con el máximo respeto a los derechos laborales adquiridos del personal funcionario".
"SE VA A DISCRIMINAR A LA MAYORÍA DE LOS NAVARROS"
En el turno de los grupos, Marta Álvarez, portavoz de UPN, ha destacado que el número de plazas fijadas con requisito de euskera "tiene efectos en el acceso al empleo en la Administración". Ha criticado que "no han hecho un estudio de cuántos euskaldunes hay en la Administración ni cuál es la demanda real de atención en euskera", utilizando el "victimismo" para "euskaldunizar la Administración", pasando "por encima de la mayoría de los navarros que no hablan euskera". "Se va a discriminar a la mayoría de los navarros", ha censurado Álvarez, que ha dicho que "el euskera no puede ser un carnet de trabajo".
La socialista Inma Jurío ha considerado que la solicitud de comparecencia de UPN "es precipitada porque no se han determinado las plazas concretas y ya están cuestionándolo todo" con el objetivo de "tergiversar y enredar". "Hemos iniciado un proceso que cumple requisitos legales, que se van a respetar los derechos laborales y los derechos adquiridos tanto de los trabajadores como del personal funcionario que esté ocupando interinamente una plaza".
Por parte de EH Bildu, Eneka Maiz ha reprochado que UPN sólo defiende los derechos de los "monolingües castellanos". Ha considerado que los planes lingüísticos en la Administración han tenido "una trayectoria muy accidentada" en los últimos siete años para acabar dando "un paso muy pequeño".
Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha considerado un "paso importante" la aprobación de estos planes lingüísticos para "la mejora de la atención en euskera" y ha destacado que "todo se está haciendo desde un riguroso trabajo, desde la legalidad y teniendo en cuenta la calidad de los servicios públicos".
Irene Royo, del PPN, ha defendido el euskera "como una lengua propia y un recurso patrimonial que hay que cuidar" pero ha considerado que "la igualdad de oportunidades se puede ver vulnerada" con estos planes lingüísticos.
El representante de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha llamado a "encontrar un equilibrio" entre "si en el acceso a la función pública estamos siendo desproporcionados en cuanto a la exigencia de la preceptividad" y si "estamos garantizando los derechos lingüísticos de la población".
Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha manifestado que "las lenguas no son malas de por sí, el problema son las personas que las quieren mal utilizar por sentido identitario".