• miércoles, 04 de marzo de 2026
  • Actualizado 17:57
 
 

POLÍTICA

El Gobierno de Navarra insiste en seguir adelante con la planta de fangos pese a ser considerada ilegal

La Confederación Hidrográfica del Ebro advirtió de que el proyecto no se ajusta a derecho

Javier Remírez, vicepresidente del Gobierno de Navarra, en su asiento del Parlamento. PABLO LASAOSA
Javier Remírez, vicepresidente del Gobierno de Navarra, en su asiento del Parlamento. PABLO LASAOSA

La planta de fangos de Tudela sigue adelante pese al reparo planteado por la Confederación Hidrográfica del Ebro. El Gobierno de Navarra ha asegurado que la posición del organismo estatal no supone ni la paralización ni la anulación del proyecto previsto en la EDAR de Tudela.

Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, tras conocerse que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha trasladado al Ayuntamiento de Tudela que la resolución por la que el Gobierno de Navarra concedió la Autorización Ambiental Integrada para ampliar la planta de fangos “no es ajustada a derecho”.

Remírez ha afirmado que se trata de una cuestión técnica y administrativa, que actualmente está siendo analizada por el Gobierno foral. Según ha explicado, el Ejecutivo mantiene conversaciones con la CHE mientras estudia el requerimiento recibido y las posibles vías para resolver la situación.

El portavoz ha detallado que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente inició inicialmente la tramitación del proyecto como Autorización Ambiental Unificada. Sin embargo, durante el procedimiento se optó por elevar el expediente a Autorización Ambiental Integrada, al considerar que implicaba un mayor nivel de exigencia técnica y ambiental.

Según ha señalado, esta decisión se adoptó porque el Gobierno entendió que esa fórmula ofrecía mayores garantías de seguridad jurídica para el desarrollo del proyecto de ampliación de la planta de fangos de Tudela.

En cualquier caso, Remírez ha insistido en que el requerimiento planteado por la CHE no supone detener el proyecto. “No implica ni la paralización ni la anulación del proyecto”, ha subrayado, y ha reiterado que se trata de una cuestión de carácter administrativo que el Ejecutivo está analizando junto al organismo de cuenca.

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