El PSN ha entrado en una grave crisis moral según el relato que repiten UPN y el PPN en el Parlamento. No es una etiqueta neutra. Es una acusación política con una idea central: el socialismo navarro habría optado por una huida hacia adelante, cerrando filas y protegiendo su poder institucional mientras crecen las sombras —siempre presuntas— en Navarra y en Madrid.
Ese marco se alimenta de dos planos que se retroalimentan. En Navarra, el caso de los túneles de Velate se ha convertido en el símbolo. La OANA sostiene que la adjudicación es “nula de pleno derecho” y la UCO ha pedido al Tribunal Supremo que valore incorporar la obra al sumario que investiga a Santos Cerdán. En el plano nacional, el PSOE afronta una cascada de procedimientos y causas: el Tribunal Supremo ha empujado la causa de Ábalos y Koldo hacia el procedimiento abreviado y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Supremo por revelación de secretos; además, siguen abiertas investigaciones que afectan al entorno del presidente, como la instrucción a Begoña Gómez o la causa por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que ya tiene juicio señalado.
En esa foto ampliada, la oposición navarra sostiene que el PSN ya no gestiona solo un desgaste. Gestiona un problema de credibilidad. Y sitúa en el centro la figura de Elma Saiz, hoy portavoz del Gobierno de España tras su nombramiento el 22 de diciembre. Para UPN y PP, su ascenso no abre una etapa nueva: refuerza la sensación de continuidad del “manual” de resistencia.
La primera grieta es Pamplona. La frase “no voy a hacer alcalde a Asirón” se ha convertido en el estribillo que UPN utiliza como prueba de “engaño”. No hace falta que la repitan: la repite la hemeroteca. El PSN acabó apoyando la moción que devolvió a Asirón a la alcaldía, y la oposición sostiene que ese giro rompió la última posibilidad de entendimiento “técnico” entre socialistas y regionalistas. En esa lectura, el problema no es solo el pacto con EH Bildu. Es la idea de que el PSN dice una cosa y hace la contraria cuando el poder está en juego.
La segunda grieta son los Presupuestos de 2026. La Comisión debatió 879 enmiendas y aprobó 368, todas firmadas por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. No prosperó ninguna de UPN (220) ni del PP (222). En términos políticos, el dato ha servido para certificar que el Gobierno y su bloque parlamentario han dejado de buscar puentes con la oposición clásica. UPN lo interpreta como rodillo y cierre de puertas; el PSN lo defiende como coherencia programática con sus socios.
En ese debate, UPN elevó el listón moral. Javier Esparza llegó a decir que “la UCO ha hecho una enmienda a la totalidad a este Gobierno”, ligando directamente la discusión presupuestaria al clima de sospecha. El PSN respondió con una negativa total: Ainhoa Unzu rechazó que existiera “atisbo de corrupción” en el Gobierno o en el partido. Aquí está el núcleo del choque: la oposición ya no discute solo cifras. Discute legitimidad.
El tercer punto es el factor sucesión. El nombramiento de Saiz como portavoz en Madrid ha disparado lecturas sobre el futuro del PSN y el poschivitismo. No hay sucesión oficial, pero sí una percepción política: Saiz es un perfil con proyección estatal, con pasado en el Ejecutivo foral y ahora con megáfono diario en La Moncloa. Para UPN y PP, ese salto refuerza la idea de que el PSN se blinda hacia dentro y se cohesiona hacia fuera, con menos margen para rectificar o conceder.
La acusación de grave crisis moral no se limita a UPN. El PPN ha verbalizado en sede política que el socialismo está “tocado” y que mantiene el poder “por mantener el poder”, una crítica que conecta Navarra con la sucesión de causas que golpean al PSOE en España. Y ese argumento se alimenta con episodios recientes: la UCO detuvo en diciembre a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y a Antxon Alonso en una investigación por presuntas irregularidades en contratación pública, instruida en la Audiencia Nacional.
Con ese contexto, el caso Velate funciona como un espejo local. La OANA ha cuestionado la adjudicación; el Gobierno la defiende; la UCO pide ampliar el foco. Para la oposición, esto alimenta la idea de “huida hacia adelante”: no parar, no asumir costes políticos y resistir a la espera de que el ruido pase.
En este tablero, los socios de Chivite también cuentan. Geroa Bai y Contigo-Zurekin han endurecido el tono en momentos puntuales —por ejemplo, pidiendo “responsabilidades políticas” por los sobrecostes—, pero el bloque ha seguido sosteniendo la gobernabilidad y ha aprobado los Presupuestos con la abstención pactada de EH Bildu. La lectura crítica es obvia: una ruptura del Gobierno abriría la puerta a elecciones o a un escenario de inestabilidad que pondría en riesgo su cuota de poder institucional. Dicho de otra forma: perder el Ejecutivo no sería solo perder un discurso; sería perder palancas, puestos y capacidad de decisión.
Los socios, por su parte, responden que su prioridad es frenar un Gobierno de derechas y que, precisamente por eso, plantean medidas de transparencia y anticorrupción desde dentro. Contigo lo ha expresado de forma explícita: no facilitará un Ejecutivo alternativo y reclama reformas como limitar aforamientos o endurecer el veto a empresas condenadas por corrupción.
Este es el punto donde el análisis se vuelve incómodo para todos. Si la oposición tiene razón, el PSN se atrinchera y el bloque le acompaña para no perder el poder. El problema no es solo legal. Es moral. Y en política, esa factura suele llegar antes que la sentencia.
