El interventor de la mesa de contratación de los túneles de Belate, Jesús Muñoz, ha vuelto a defender sus reparos sobre el procedimiento seguido en la adjudicación del proyecto. En su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, ha relatado que incluso un ingeniero acudió a su despacho “preocupado a contarle los rumores” sobre cómo se estaba llevando a cabo la evaluación técnica.
Efectivamente, al final, los rumores tenían razón, y la UTE formada por Acciona, Osés y la empresa de Santos Cerdán fue la adjudicataria de la obra, lo que motivó los recelos del interventor.
Muñoz ha asegurado que su reparo no suspensivo y los dos votos particulares que presentó reflejan las dudas que aún mantiene sobre el proceso. “Se podrían haber vulnerado ciertos artículos de la ley foral de Contratos, por la falta de valoración técnica, de confidencialidad y de sigilo”, ha advertido durante su intervención.
El interventor ha querido dejar claro que el hecho de que su reparo no fuera suspensivo no significa que avalara la decisión de la mesa de contratación. “¿Cómo va a ser favorable si había seis votos particulares, dos de los cuales eran míos?”, ha subrayado. Según ha explicado, las circunstancias que detectó no encajaban en las seis condiciones tasadas por la ley foral de Hacienda para emitir un reparo suspensivo.
Pese a ello, ha reconocido haber tenido “serias dudas” sobre si una de las irregularidades observadas podría haber justificado una paralización del proceso. “Cuatro ingenieros mandaron sus puntuaciones a una quinta persona, que era el presidente de la mesa, y tuvo pleno conocimiento de las puntuaciones de los demás”, ha explicado Muñoz, en referencia al episodio que generó su mayor inquietud.
Ante esta situación, el interventor consultó con su jefa de sección, quien elevó el caso al director general de Intervención, y este, a su vez, al letrado del departamento. Todos se reunieron en el despacho del director general para analizar si aquella práctica suponía un defecto grave del procedimiento. “Entendimos que el procedimiento existía y estaba formalmente bien hecho, pero dentro de él había una parte de la evaluación técnica sobre la que teníamos dudas”, ha relatado.
Según ha añadido, el interventor general concluyó que el proceso no debía anularse porque no existía ninguna prueba de manipulación de las puntuaciones. Sin embargo, Muñoz ha insistido en que esa conclusión no fue impuesta. “Jamás ningún superior mío ha tratado de convencerme de algo. Yo tenía dudas, consulté, y concluimos que era un reparo no suspensivo, pero el que firma soy yo”, ha recalcado.
Durante su intervención, ha recordado que ha participado en unas 300 mesas de contratación a lo largo de su carrera, y que en todas ellas solo ha emitido cuatro votos particulares, dos de ellos precisamente en el caso del túnel de Belate. Su intervención ha reforzado la idea de que el expediente de adjudicación, aunque formalmente correcto, pudo haber vulnerado los principios de transparencia y confidencialidad que rigen la contratación pública.
