La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado a su investigación varias comunicaciones y movimientos que conectan al propietario de Servinabar, Antxon Alonso Egurrola, con cargos y responsables del Gobierno de Navarra durante la etapa de Uxue Barkos y con dirigentes cercanos al PNV. Los agentes consideran que estos contactos se produjeron en un momento en el que el futuro del proyecto Mina Muga atravesaba una fase decisiva, pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Medio Ambiente.
Uno de los elementos señalados por la UCO es un correo redactado por Alonso el 16 de diciembre de 2017, que él mismo se reenvió y en el que se dirige a Barkos con un trato cercano. En ese escrito, Alonso expresa su preocupación por el informe medioambiental que debía emitir el Ministerio y ofrece ampliar la información “en cualquiera de los ámbitos” relacionados con el proyecto. Aunque no consta que el mensaje fuera remitido finalmente, la Guardia Civil lo incluye en la investigación por el contenido y el tono empleado.
Los agentes también han identificado un correo anterior, fechado en abril de 2016, en el que Alonso solicita a la presidenta su participación en una reunión con representantes de Highfield Resources, matriz de Geoalcali, empresa promotora de la mina. La cita iba a contar también con la presencia de Fernando Merino, responsable de Acciona en Navarra y La Rioja. Para los investigadores, esta secuencia forma parte de los intentos del empresario por mantener interlocución directa con el Ejecutivo foral sobre una obra que estaba pendiente de decisiones estatales.
Además de estos contactos, la UCO ha detectado referencias a Manu Ayerdi, entonces vicepresidente y consejero de Desarrollo Económico en el gabinete de Barkos. Alonso menciona que se ha remitido a “Manu” documentación técnica vinculada a la tramitación de Mina Muga, lo que refuerza la idea de que mantenía comunicación con distintos niveles del Gobierno navarro.
La investigación también apunta hacia el ámbito nacionalista por otra vía. Tras revisar mensajes de 2019, la UCO sitúa a Santos Cerdán trasladando a Koldo García un documento titulado “PETICIONES NOMBRAMIENTOS PNV.docx”, en el que figuraban nombres que supuestamente el partido quería mantener o colocar en organismos públicos. Entre ellos aparecía Javier Cachón, el responsable que firmó la DIA favorable para Mina Muga. La Guardia Civil subraya ese punto por la relevancia que tuvo la resolución dentro del proyecto.
El PNV ha rechazado cualquier relación con las peticiones mencionadas por la UCO y afirma no tener constancia de que se hubieran realizado esas propuestas. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que la actividad de Servinabar se entrecruza con figuras vinculadas al entorno nacionalista. En 2018, la empresa abonó 4.840 euros a Prestomedia, dirigida por el marido de Barkos. Aseguraron entonces que se trataba del patrocinio de un evento de Acciona celebrado en Bilbao y que el pago se realizó conforme a la normativa.
La UCO también menciona un contrato de obra pública adjudicado durante el mandato de Barkos. En 2018, el Gobierno foral licitó la construcción del colegio de Arbizu, obra que recayó en un consorcio formado por Acciona y Alegure, sociedad fundada apenas nueve meses antes y propiedad del propio Alonso. Una parte minoritaria de Alegure correspondía a Uribene, administrada por Iñaki Alzaga, empresario vasco vinculado al PNV y directivo del Grupo Noticias, editor de Diario de Noticias.
Aunque la investigación sigue abierta, los agentes consideran que el conjunto de contactos, correos y vínculos empresariales examinados hasta ahora sitúan tanto al PNV como a responsables del Gobierno de Barkos dentro del perímetro de interés del caso. El análisis del papel de Servinabar y de su propietario continúa en curso.
