Navarra.com ha tenido acceso a un audio en el que la madre del niño de 4 años presuntamente agredido sexualmente en el centro de menores Lagunetxea reprocha duramente a las trabajadoras sociales del Gobierno de Navarra su gestión del caso.
En la grabación, fechada días después de los hechos del 17 de enero, la mujer estalla contra las funcionarias del Departamento de Derechos Sociales: "¡El Gobierno de Navarra no es apto para proteger a estos niños! Os quejáis de los padres y estáis demostrando que los aptos tampoco sois vosotros". "Mi hijo tiene cuatro años, ¿cómo me podéis decir que no me preocupe?"
En el audio, la madre muestra su indignación ante la respuesta institucional tras conocer que su hijo había sido presuntamente agredido por un menor de 16 años en el mismo centro donde el Gobierno foral lo había tutelado. "¿Qué intervención educativa me estáis hablando si en todo momento lo único que está demostrando el Gobierno de Navarra es que no es apto?", reprocha a las funcionarias.
La mujer cuestiona abiertamente la capacidad del sistema de protección de menores de Navarra: "¿De qué manera protegéis a unos menores? ¡Mi hijo tiene cuatro años! ¿Cómo me pueden llamar y decirme que es un compañero suyo el que ha intentado o le ha hecho... que el niño lo verbaliza, y que no me tengo que preocupar, que está muy bien de salud? Perdona...".
La trabajadora social intenta calmarla: "Sí, sí, sí. No, no, no te tienes que preocupar, es así". Pero la madre insiste en su derecho a ver a su hijo pese a tener suspendida la patria potestad: "Yo solicité ver a mi hijo y me dijeron que no podía, que tenía que esperar a que me llamara el Gobierno de Navarra. Perdona, yo no tengo una medida de restricción referente a mis hijos, no tengo la tutela, pero tengo aún derechos legales".
La bronca se produce en el contexto de un caso que ha sacudido Navarra por la gravedad de lo denunciado y por la forma en la que, según sostiene la madre, se gestionó la información desde el primer minuto. Los hechos se habrían producido el 17 de enero de 2026 en el centro Lagunetxea, en Mutilva, un recurso tutelado por el Gobierno de Navarra y gestionado por la Fundación Amigó.
Tras el suceso, el niño fue ingresado en el Hospital Universitario de Navarra. La madre, cuya patria potestad está suspendida desde diciembre de 2024 después de que la Administración declarara el desamparo del menor, ha denunciado que el centro le avisó con 24 horas de retraso y sin claridad sobre lo sucedido. El primer contacto fue un mensaje de WhatsApp del centro, en el que se hablaba de un ingreso “preventivo” por “verbalizaciones” que convenía valorar “por su edad y contenido” y de la activación de un “protocolo”, pero sin mencionar la posibilidad de una agresión sexual.
La mujer ha relatado que intentó ponerse en contacto con el centro de manera insistente, sin obtener explicaciones concluyentes. No fue hasta dos días después, el 19 de enero, cuando una educadora le comunicó por teléfono que lo ocurrido “puede ser una agresión sexual”, basándose en el testimonio del propio niño.
A esa sensación de opacidad se suma otro elemento que ha encendido la polémica pública: un audio del servicio de Acogimiento Familiar del Departamento de Derechos Sociales, fechado también el 19 de enero, en el que una funcionaria describe lo sucedido como “conductas de carácter sexualizado entre dos críos”, en referencia a un niño de 4 años y a “otro un poquito más mayor”, sin precisar en ese momento que el presunto agresor tiene 16. En esa conversación, la trabajadora social afirma que se activó el protocolo, que se separó a los menores y que el adolescente ya no estaba en el centro.
En el plano institucional, el portavoz del Gobierno, Javier Remírez, ha defendido que el Ejecutivo ha actuado “conforme a protocolo” y ha apelado al comodín de la "ultraderecha" para tapar los errores y a la confidencialidad por la protección del menor.
Pero la madre sostiene que lo ocurrido demuestra justo lo contrario: un sistema que no ha protegido a su hijo y que, además, le ha puesto trabas para poder verlo después de la agresión. En otra conversación con funcionarias, ya publicada en informaciones anteriores, la mujer asegura que cuando el niño estaba hospitalizado solo pudo verlo “cinco minutos” porque así se lo indicó una educadora.
Además, en una reunión celebrada el 23 de enero, educadoras del centro y técnicas de acogimiento familiar habrían reconocido ante la madre otro dato relevante: que el niño “no debería estar” en un recurso donde conviven menores de entre 4 y 17 años, y que se intentó localizar una familia de acogida explorando la red y la bolsa disponible, pero se concluyó que no había una opción adecuada.
Mientras la controversia crece, la grabación difundida ahora retrata el punto de ruptura emocional de la madre. Su mensaje, entre gritos y reproches, resume su acusación principal: que el Gobierno de Chivite ha fallado en lo más básico, la protección de un menor tutelado. Y que, en su caso, el sistema no solo no le dio respuestas, sino que le pidió que “no se preocupara” cuando —según sostiene— su hijo acababa de verbalizar lo peor.
