El partido foralista sostiene que su enmienda fue la única jurídicamente viable y que protege a los pueblos rurales frente a proyectos de biometano.
UPN ha defendido la moratoria aprobada en el Parlamento de Navarra para frenar el avance de las plantas de biogás y ha criticado las "falsedades" difundidas por plataformas vecinales politizadas, a las que acusa de “mentir deliberadamente”.
Según el partido, esta medida paraliza de forma inmediata varios proyectos en fase inicial, que representan “la inmensa mayoría” de las iniciativas previstas en la comunidad.
La formación foralista ha asegurado que las afirmaciones de colectivos como las Plataformas Navarras Stop Biometanización son “rotundamente falsas” cuando sostienen que la moratoria “no suspende los proyectos”.
Desde UPN insisten en que su enmienda fue la única jurídicamente viable, al garantizar la suspensión de los expedientes sin poner en riesgo la seguridad jurídica ni la responsabilidad patrimonial del Gobierno foral.
El partido ha recalcado que “UPN no ha salvado ninguna planta”, y que los proyectos que siguen adelante “ya contaban con los permisos firmados por el Gobierno de Navarra”. Por ello, han responsabilizado al Ejecutivo de “permitir que algunos proyectos hayan llegado a un punto de no retorno”, al conceder autorizaciones clave sin diálogo vecinal.
Los regionalistas también han denunciado que la propuesta alternativa de las plataformas era “ilegal y populista”. Según el comunicado, el texto planteaba una retroactividad sin base legal, vulnerando derechos adquiridos y abriendo la puerta a “indemnizaciones millonarias y recursos judiciales muy previsibles”. Los servicios jurídicos del Parlamento y del propio Gobierno, aseguran, advirtieron de ello.
UPN sostiene que su enmienda protege a decenas de localidades rurales que aún no habían sido consultadas, y permite al Ejecutivo ordenar el despliegue del biometano en Navarra “con participación social y territorial”.
Además, han destacado que, por primera vez, la participación vecinal será vinculante gracias a la creación de una mesa intersectorial con representación de ayuntamientos, valles, entidades locales y vecinos.
Finalmente, el grupo foralista ha pedido “responsabilidad” a quienes “siguen generando alarma social con informaciones falsas” y ha defendido que sin su enmienda “no habría ninguna suspensión en marcha”. “Si el Gobierno hubiera actuado antes, algunas plantas no tendrían derechos adquiridos”, ha zanjado la formación.
