La nueva ley mantiene suspendidos determinados expedientes y excluye algunas plantas de autogestión y de gestión pública mientras Navarra prepara un marco regulador más amplio.
La moratoria a las plantas de biometanización en Navarra se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2028. El Parlamento foral ha aprobado este jueves, 17 de septiembre, prolongar durante dos años más las restricciones para implantar nuevos proyectos de este tipo en la Comunidad foral.
La medida ha salido adelante con los votos favorables de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. PSN y PPN se han abstenido, mientras que Vox ha votado en contra.
La Cámara ha aprobado una proposición de ley impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin que modifica la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.
El cambio permite ampliar la vigencia de la anterior moratoria del biometano. El Parlamento de Navarra ya había reclamado en junio avanzar hacia una moratoria integral mientras se desarrollaba un marco normativo para ordenar estas instalaciones.
La nueva norma establece que entre el 14 de noviembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 ninguna administración pública competente admitirá a trámite determinados nuevos proyectos de plantas de biometanización anaeróbica.
En concreto, la limitación afecta a instalaciones destinadas a gestionar residuos orgánicos, agroalimentarios o deyecciones ganaderas que hayan sido generados en instalaciones externas a la propia planta.
Además, los expedientes de autorización que permanecen suspendidos cautelarmente desde el 15 de julio de 2026 continuarán paralizados. Lo harán bajo las mismas condiciones que dieron lugar a esa suspensión.
La moratoria a las plantas de biometanización incluye, no obstante, varias excepciones. Quedan fuera las plantas anaeróbicas de autogestión que tengan una capacidad inferior a 25.000 toneladas anuales.
Tampoco estarán afectadas determinadas instalaciones de gestión pública vinculadas a otros ámbitos competenciales. Entre ellas se encuentran las relacionadas con la gestión de residuos domésticos municipales del quinto contenedor de materia orgánica o con la depuración de aguas residuales urbanas.
La ley introduce asimismo una previsión específica para los proyectos de mayor tamaño que ya se encontraban en tramitación en Navarra.
Las plantas destinadas a tratar residuos procedentes de instalaciones externas y que superen las 100.000 toneladas anuales quedarán suspendidas cautelarmente hasta el 31 de diciembre de 2028 si el 15 de julio de 2026 estaban todavía en fase de autorización.
El PSN había presentado una enmienda para eliminar este último apartado. La propuesta socialista, sin embargo, no ha logrado los apoyos suficientes para ser aprobada.
En nombre de los grupos proponentes, Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha defendido que la moratoria anterior, aprobada por UPN y PSN, tenía una duración insuficiente.
Azcona ha afirmado que ya entonces advirtieron de que el plazo de un año "se quedaría corto" y ha sostenido que aquella regulación "blindaba proyectos concretos". A su juicio, la nueva moratoria debe servir para "paralizar y planificar" y conseguir una implantación territorial equilibrada.
Por parte de UPN, Miguel Bujanda ha explicado que su formación apoya la ampliación pese a criticar la actuación previa del Gobierno de Navarra. Ha recordado que la primera moratoria se aprobó ante la "alarma social generada" y para dar tiempo al Ejecutivo a ordenar el sector.
Bujanda ha reprochado al Gobierno que, transcurrido ese periodo, no haya hecho "prácticamente nada". UPN considera que la nueva moratoria puede servir para culminar la ordenación pendiente, aunque ha advertido de que su voto favorable no supone respaldar "el camino previo que nos ha traído hasta aquí".
También el PSN ha cuestionado el trabajo realizado hasta ahora. Su parlamentario Carlos Mena ha señalado que desde el departamento competente "no se han hecho los deberes" y ha rechazado que un año fuese un plazo insuficiente para avanzar en la regulación.
Mena ha defendido una moratoria con seguridad jurídica y ha asegurado que los socialistas comparten buena parte del diagnóstico de la proposición. Sin embargo, ha sostenido que la enmienda presentada por el PSN se acercaba más a los objetivos perseguidos por el propio departamento.
Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha asegurado que su formación no se opone a la biometanización como técnica para gestionar y aprovechar energéticamente residuos agroganaderos.
Araiz ha explicado que las discrepancias se centran en el modelo de implantación, en la velocidad con la que se ha desarrollado y en el marco normativo disponible. Por ello, ha considerado necesario fijar "límites claros, objetivos y proporcionados" y ampliar una moratoria que considera insuficiente.
La parlamentaria del PPN Irene Royo también ha criticado la falta de avances del departamento durante el periodo anterior. Ha señalado que el plazo está cerca de finalizar y que, a su juicio, todavía no existe una ordenación suficiente de los distintos proyectos.
El PPN ha defendido la elaboración de un inventario y clasificación de las plantas según su situación administrativa. Royo ha planteado diferenciar entre nuevas solicitudes, expedientes en tramitación y proyectos que ya cuenten con autorizaciones ambientales.
Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha admitido que el texto aprobado no coincide exactamente con la moratoria que su formación habría planteado por separado. No obstante, la ha definido como la mejor solución que han podido acordar las tres formaciones proponentes.
Guzmán ha defendido que la ampliación permitirá disponer de un "marco temporal prudente" para que el Gobierno de Navarra pueda desarrollar la legislación destinada a garantizar un despliegue ordenado y sostenible de estas instalaciones.
El único voto contrario ha sido el de Vox. Emilio Jiménez ha criticado que la moratoria se extienda hasta finales de 2028 después de que la anterior fuese presentada como una solución provisional.
Jiménez ha acusado a los grupos impulsores de dar una "patada hacia adelante" y ha cuestionado que se prolongue la paralización sin incorporar, a su juicio, condiciones, explicaciones o compromisos suficientes.
