Una operación para adquirir una vivienda en Los Arcos ha terminado en los tribunales después de que una pareja entregara una importante cantidad de dinero para reservar el inmueble y la compraventa finalmente no llegara a materializarse por el engaño del intermediario.
La Fiscalía de Navarra acusa al administrador de una inmobiliaria de un delito de apropiación indebida agravado y solicita que sea condenado a seis años de prisión. El asunto va a ser juzgado esta semana ante la Audiencia Provincial de Navarra.
Los hechos ocurrieron en 2024. La pareja estaba interesada en adquirir una vivienda de Los Arcos que pretendía convertir en su residencia principal y el acusado actuó como intermediario en la operación.
Los compradores formalizaron la reserva el 16 de enero de 2024. Como parte de la operación acordaron entregar 10.000 euros, una cantidad que fue transferida el 28 de febrero a una cuenta bancaria controlada por el intermediario.
Uno de los episodios centrales de la acusación se produjo el 25 de marzo de 2024. Ese día, según mantiene el Ministerio Público, el acusado se reunió con los compradores, les entregó una llave de la vivienda y firmaron un documento de entrega.
La Fiscalía sostiene, sin embargo, que en aquel momento el intermediario ya sabía que la operación no iba a materializarse, ya que al menos uno de los propietarios le había comunicado que no estaba conforme con el acuerdo alcanzado con los compradores.
La compraventa finalmente no se llevó a cabo. Pese a ello, siempre según la acusación de la Fiscalía, el intermediario tampoco entregó a los propietarios de la vivienda los 10.000 euros que había recibido de la pareja.
El Ministerio Público sostiene que el acusado se quedó con esa cantidad para sí mismo, motivo por el que considera los hechos constitutivos de un delito de apropiación indebida agravado por afectar la operación a una vivienda destinada a convertirse en el domicilio habitual de los perjudicados.
La acusación pública reclama una pena de seis años de prisión y considera que concurre además la circunstancia agravante de reincidencia, al constar condenas firmes anteriores del acusado.
Junto con la pena de cárcel, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de doce meses, con una cuota diaria de 12 euros, además de la responsabilidad personal subsidiaria prevista legalmente en caso de impago.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que el acusado indemnice a los compradores con los 10.000 euros entregados durante la operación.
