Navarra ha alcanzado un total de 6 acuerdos con el Ministerio de Política Territorial que han "evitado conflictos de competencias y recursos ante el Tribunal Constitucional" durante los dos primeros años de la XIV Legislatura del Gobierno de España.
En concreto, las normas sobre las que se ha alcanzado un consenso en Navarra son la ley foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática; la ley foral 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias; el decreto-ley foral 10/2020, de 16 de septiembre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos; la ley foral 20/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021; la Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la ley foral de Haciendas Locales de Navarra; y el decreto ley foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación.
Según ha informado la delegación del Gobierno en Navarra en nota de prensa, el Ministerio de Política Territorial ha alcanzado durante los dos primeros años de la XIV Legislatura un total de 95 acuerdos con las comunidades autónomas, "reduciendo la conflictividad un 76%" si se comparan las normas recurridas entre julio de 2016 y junio de 2018.
Navarra se encontraría entre las comunidades autónomas que más acuerdos han alcanzado con el Estado, junto con las de Cataluña (13), Canarias (12), Islas Baleares (10), Galicia (7) y Andalucía y Murcia (6 cada una de ellas).
En este "balance positivo en el ecuador de la Legislatura", resultado de la "política de impulso al diálogo y a la negociación para reducir la conflictividad", el ministerio ha destacado los acuerdos alcanzados en el último año.
Además, desde junio de 2018 (cuando el PSOE accedió al Gobierno) se han aprobado 1.016 normas autonómicas con rango de Ley, sobre las que el Estado solo ha interpuesto 23 recursos, "lo que representa que se han recurrido solo el 2,26% de las normas autonómicas aprobadas en este período".
En comparación con la XII Legislatura (julio 2016-junio 2018), se aprobaron 391 normas autonómicas con rango de Ley, sobre las que el Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad contra 37, lo que representa que se recurrió el 9,46% de las normas autonómicas aprobadas en dicho periodo.
Por tanto, la conflictividad se ha reducido en un 76,1% dado que entre julio de 2016 y junio de 2018 se recurrió el 9,46% de la normativa aprobada y desde junio de 2018 se ha recurrido el 2,26% de la normativa aprobada hasta hoy.
Los últimos casos incluidos en los 95 conseguidos hasta el ecuador de la Legislatura son los cinco acuerdos alcanzados el pasado mes de diciembre con la Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Cantabria y Extremadura, en relación a cinco normas sobre las que existían discrepancias en materia competencial.
Los acuerdos de diciembre, como en meses anteriores, se alcanzaron abriendo un proceso de negociación impulsado por el Ministerio de Política Territorial en las comisiones bilaterales de cooperación, a través artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, instrumento jurídicamente habilitado para la colaboración con las comunidades autónomas.
