El Gobierno de Navarra ha reaccionado sin hacer ninguna autocrítica después de que la Audiencia Nacional haya incorporado a la causa sobre la presunta trama de Santos Cerdán la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Velate. Una contratación pública de más de 76 millones de euros, impuestos incluidos, que el Ejecutivo de María Chivite concedió a una UTE en la que participaba Servinabar, la empresa que la Guardia Civil vincula directamente con el que fuera secretario de Organización del PSOE.
Pese a la decisión judicial y a las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno foral, el socialista Javier Remírez, ha asegurado este miércoles, 29 de julio, que el Ejecutivo es completamente ajeno a cualquier sospecha.
"El Gobierno de Navarra, su presidenta y todos sus miembros, tanto pasados como presentes, somos un Gobierno limpio, absolutamente, y además alérgico, ya no solo a la corrupción, sino a cualquier actuación o conducta que se aleje del mero interés general", ha afirmado durante la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo.
Remírez ha expresado el "máximo respeto" del Gobierno de Navarra a la providencia dictada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y ha ofrecido "toda la colaboración". Sin embargo, no ha realizado ninguna reflexión crítica sobre un procedimiento de contratación que ha estado rodeado de informes, votos particulares y advertencias desde antes de que la investigación judicial alcanzara directamente a Velate.
El magistrado ha decidido integrar la adjudicación en la causa que investiga una presunta trama de cobro de comisiones vinculada a diferentes contratos de obra pública. La Audiencia Nacional ha quedado a la espera de que la UCO entregue un nuevo informe con la ampliación de los indicios recopilados sobre la licitación navarra. Será después de recibir ese documento cuando el juez decida qué nuevas diligencias adopta.
Las obras fueron adjudicadas por el Gobierno de Navarra a la unión temporal formada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000. El contrato se concedió por 62,88 millones de euros sin IVA, una cantidad que supera los 76 millones de euros con impuestos.
Servinabar figuraba formalmente a nombre del empresario Antxon Alonso, pero la UCO sostiene que Santos Cerdán controlaba la empresa en la sombra. La mercantil tuvo una participación del 15% en la UTE adjudicataria de Velate. Los investigadores consideran que Servinabar habría servido para canalizar dinero procedente de contratos públicos y financiar gastos del exdirigente socialista y de su entorno familiar.
Las últimas investigaciones de la Guardia Civil han elevado todavía más la presión sobre el Gobierno de Chivite. La UCO ha localizado 129.167,66 euros pagados por la propia UTE de Velate a Servinabar. De esa cantidad, 55.932,60 euros fueron transferidos en 2024 y otros 73.235,06 euros durante 2025.
Los agentes han conectado además las cuentas de Servinabar con una tarjeta corporativa utilizada por Cerdán y por miembros de su familia para abonar restaurantes, hoteles, viajes, supermercados, compras y disposiciones de efectivo. Esa tarjeta acumuló 437 operaciones por un importe total de 33.711,44 euros.
En un informe fechado el pasado 15 de julio, la Guardia Civil ha cifrado en al menos 320.000 euros los ingresos y beneficios que Santos Cerdán y su familia habrían recibido a través de Servinabar entre 2015 y 2024. Entre ellos aparecen alquileres de viviendas, vehículos, mobiliario, gastos personales y salarios abonados a familiares. La Audiencia Nacional ha autorizado ampliar la investigación a las cuentas bancarias del entorno del exdirigente del PSOE.
A pesar de estos antecedentes y de la investigación abierta por la Audiencia Nacional, Remírez ha sostenido que la adjudicación ha sido "por completo ajustada a Derecho" y que no ha existido "ninguna injerencia política".
"Nunca este Gobierno se ha escondido. Al contrario, hemos dado la cara con la presidenta Chivite al frente y explicado todo con absoluta transparencia", ha señalado. Según su versión, la parte técnica, jurídica y de intervención económica del Gobierno foral ha avalado todos los trámites.
El portavoz también ha defendido la necesidad de duplicar el túnel por razones de seguridad vial y por una obligación europea existente desde 2004. Además, ha responsabilizado a los anteriores gobiernos de UPN de haber desatendido durante más de una década las exigencias para adaptar la infraestructura.
El vicepresidente ha terminado cargando contra los partidos de la oposición. A su juicio, "las derechas" ya tienen "las sentencias dictadas y las conclusiones escritas" y pretenden utilizar el caso para obtener rédito político.
