El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la toma en consideración de una proposición para modificar la ley foral de Sanidad Animal de Navarra, modificación que tiene por objeto adecuar la norma a los dictados de un Real Decreto del pasado 27 de diciembre, en virtud del cual se establecen las normas básicas de ordenación de granjas bovinas, también en lo relativo a la capacidad productiva máxima, que queda establecida en 850 UGM (unidad de ganado mayor).
No obstante, las explotaciones que antes de la entrada en vigor del Real Decreto superasen el citado límite podrán mantener su volumen productivo (fijado en su licencia medioambiental), pero en ningún caso ampliarlo. Tampoco tendrán opción a modificar las instalaciones o introducir cambios de orientación productiva que supongan incremento el tamaño máximo.
La iniciativa ha sido presentada conjuntamente por PSN, Geroa Bai y Podemos y ha recibido el apoyo de EH Bildu e I-E para la toma en consideración, mientras que Navarra Suma se ha abstenido. A partir de ahora, la ley comenzará su trámite parlamentario antes de volver al pleno para su votación definitiva.
En la norma se disponen de manera precisa las condiciones medioambientales, higiénico-sanitarias, de bienestar animal y de ordenación zootécnica que la actividad ganadera debe respetar.
En concreto, se hace depender la determinación del tamaño máximo de las explotaciones ganaderas de la densidad ganadera de la zona. De este modo, se pretende mitigar el riesgo de difusión de enfermedades y la repercusión de las mismas, facilitando para ello el control y la erradicación de los focos que pudieran detectarse.
Bajo esos principios, se establecen unos tamaños máximos para las explotaciones ganaderas que oscilan entre las 600.000 plazas para explotaciones de gallinas reproductoras y su recría; 300.000 para broilers y aves en general y gallinas de puesta y recría, así como para codornices; 50.000 para aves con salida a parques; y 864 para factorías de porcino.
Paralelamente, se supedita la determinación de las distancias entre explotaciones ganaderas a las circunstancias geográficas, las características de las especies, el riesgo epidemiológico, así como el tamaño y el tipo de aprovechamiento.
En ese contexto y para "incentivar la prevención y la corresponsabilidad frente a las contingencias sanitarias propias de las grandes explotaciones", se contempla limitar la cuantía máxima de indemnización por establecimiento ganadero. En concreto, el sacrificio declarado obligatorio por la autoridad se compensará, como máximo, por el número de plazas, UGM o animales establecidos en el anexo 1 de la proposición.
En defensa de la ley, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha afirmado que el 30 de mayo vence la moratoria aprobada por el Parlamento foral para no permitir granjas nuevas de determinado tamaño ni ampliar las ahora existentes, por lo que ha argumentado que debía presentarse esta proposición. Además, ha defendido que Navarra, desde 2019, "ha sido pionera para poner limitaciones a este tipo de modelos productivos -de macroexplotaciones- y defender una ganadería sostenible".
El parlamentario de Navarra Suma Miguel Bujanda ha señalado que su grupo no rechaza el debate de la ley pero ha criticado que la propuesta de PSN, Geroa Bai y Podemos presenta "una modificación ideológica y de cara a la galería, con un discurso populista para criminalizar todo lo que venga del sector primario". "La exposición de motivos de la ley está llena de vaguedades, sin argumentos científicos, ni siquiera de una realidad normativa europea. Parece hecha por un estudiante de FP. No hay ni un dato de por qué la cifra de 850 UGM es más sanitaria que la de 1.200. Se legisla en Navarra solo contra una empresa", ha dicho, en referencia a la explotación ganadera de Caparroso.
El parlamentario de PSN Javier Lecumberri ha respaldado la iniciativa porque "es importante para evitar la propagación de epidemias que pueden suponer un peligro no solo para los animales sino para la salud pública de las personas". "Además, esta ley armoniza nuestra normativa con la normativa básica a nivel nacional", ha valorado.
El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha respaldado la tramitación de la iniciativa, aunque ha precisado que su grupo aprecia algunas "deficiencias que trataremos de enmendar" en el trámite parlamentario en cuestiones relativas por ejemplo a las plazas totales en algunas de las especies. Además, Araiz ha defendido que se debe "impedir que cualquier explotación bovina tenga más de 850 UGM" y ha señalado que la ampliación planteada por la macrogranja de Caparroso debe ser "desestimada de raíz".
Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha destacado que su grupo apuesta por "el bienestar animal, la sanidad animal, y la protección de nuestra biodiversidad y entorno rural para la sostenibilidad de nuestro territorio", tras lo que ha rechazado también la ampliación de la granja de Caparroso.
La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha expresado también su rechazo a la instalación de Caparroso y ha anunciado por otro lado que su grupo presentará enmiendas para modificar la ley en el trámite parlamentario.
