• domingo, 21 de julio de 2024
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POLÍTICA

Navarra tenía la obligación de inspeccionar los residuos ilegales de Artajona y no lo hizo

Así lo ha asegurado la asociación guraSOS, que este viernes ha comparecido en el Parlamento de Navarra.

Instalaciones de Ecofert Sansoain en Artajona, la empresa que ha recibido los residuos ilegales. ECOFERT
Instalaciones de Ecofert Sansoain en Artajona, la empresa que recibió los residuos ilegales. ECOFERT

El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra tenía la obligación de inspeccionar los residuos ilegales que llegaban a la planta de Artajona, y no lo hizo.

Así lo ha asegurado la asociación guraSOS, que este viernes ha comparecido en el Parlamento de Navarra para señalar que es "muy grave" que el Gobierno de Navarra dijera no era su competencia "recabar analíticas de lo que se envía a Navarra" sino que era "del productor de origen, de la administración de origen, y de la empresa que las recibe", es decir, Ecofert

Sin embargo, y según esta asociación, la Ley de Residuos recoge que "la inspección de Navarra tiene competencia y obligación de inspeccionar".

Esta asociación ha acusado al Gobierno Vasco de "hurtar" al ejecutivo navarro su competencia de rechazar la entrada en su territorio de "residuos peligrosos" procedentes de la planta de Zubieta al "ocultar" su supuesta peligrosidad. De la misma manera, ha criticado que el Gobierno de Navarra no analizó estos residuos pese a que "había un sospechoso", considerando que hubo "afinidad" entre ambas administraciones.

Representantes de esta asociación han comparecido este viernes en el Parlamento de Navarra, a petición de UPN, Contigo-Zurekin y Vox, para que den su opinión sobre el envío de lixiviados de Guipúzcoa la planta Ecofert en Artajona.

Joseba Belaustegui, de guraSOS, ha destacado las "graves deficiencias" de la instalación de Zubieta, la última de las cuales fue un fallo en el circuito cerrado de las aguas de proceso y lixiviados "con carga contaminante". Una avería que "sigue a día de hoy sin solucionarse" de manera que los lixiviados que se generan "se siguen gestionando externamente". "Esos líquidos son los que se trajeron a Artajona", ha explicado.

Belaustegui ha destacado que "la responsabilidad principal" es de GHK, titular de la instalación de Guipúzcoa, pero "ambientalmente es del Gobierno Vasco" que "sabe desde el minuto uno todo esto". Ha asegurado que GHK no ha realizado el traslado de estos residuos "sin la connivencia y autorización tácita del Gobierno Vasco".

Igualmente, ha afirmado que el Ejecutivo vasco sabe que "le correspondía verificar la caracterización que se había hecho a este residuo". Sin embargo, "se decide no caracterizar la peligrosidad de ese residuo; es muy grave", ha censurado.

El representante de la Asociación guraSOS ha criticado que "se manda como residuos no peligrosos, hurtándole toda la competencia a Navarra de oponerse" a este traslado. "Tiene el visto bueno del Gobierno Vasco y oculta la peligrosidad del residuo", ha recalcado. Ha asegurado que, entre el 11 agosto de 2022 y mayo del 2023, se mandaban "las aguas de proceso y lixiviados de toda la planta".

COMPETENCIAS "HURTADAS" Y "AFINIDAD" ENTRE GOBIERNOS

Joseba Belaustegui ha preferido "dar un margen de confianza" al Gobierno de Navarra pero "hay que ser honesto y hemos advertido signos alarmantes". En su opinión, la competencia de Navarra para decidir "si entran o no residuos peligrosos" ha sido "hurtada por otra comunidad". Por otro lado, ha apuntado a la "afinidad entre ambas administraciones". "Hay que decidir entre ser leales a las competencias de Navarra u otro tipo de interés", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que cuando inspección "conoce en febrero de 2024 que la balsa de Ecofert tiene toxicidad no analiza los residuos que recibe para averiguar el origen". "Cuando conoce que se recibe de la instalación de Zubieta no se analiza el líquido que trae GHK pese a ser el máximo sospechoso por ser absolutamente ilegal el transporte de cualquier tipo de residuos de esta instalación", ha añadido. "Ya había un sospechoso pero nunca se ha analizado ni un camión, nos parece un poco raro", ha insistido.

Además, ha destacado que "el 6 de noviembre ya se sabe que se están recibiendo esos camiones, pero hasta el 8 de enero del 2024 no se traslada por parte del Gobierno de Navarra al Gobierno Vasco la indicación de que no se pueden enviar estos residuos". "Y el Gobierno Vasco traslada a GHK esta orden el 25 de enero cuando desde el 21 de diciembre ya no se llevaba porque Ecofert se lo había prohibido", ha señalado. "Se están haciendo las cosas a posteriori", ha manifestado.

Ha resaltado que en "los informes que constan que se han remitido al Gobierno Vasco, se cuelan afirmaciones que hacen pensar que no hay ninguna intención de analizar la peligrosidad". "Al Gobierno de Navarra le consta que nadie ha analizado ese residuo, ni en origen ni en destino", ha reiterado.

De la misma manera, ha indicado que, en una respuesta al parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz, el Ejecutivo foral "señala algo muy grave" al decir que "no es competencia" del Departamento de Medio Ambiente "recabar analíticas de lo que se envía a Navarra" sino que es "del productor de origen, de la administración de origen y de Ecofert". Sin embargo, ha apuntado que la Ley de Residuos recoge que "la inspección de Navarra tiene competencia y obligación de inspeccionar".

UPN CRITICA LA "DEJACIÓN" DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Para el portavoz de UPN, Miguel Bujanda, queda "claro que la génesis de este caso proviene de mentiras, de mala gestión y no sé si de conchabeo entre el Gobierno Vasco y el de Navarra". "Ha quedado claro que las dos administraciones sabían lo que estaba pasando, uno ha hecho oídos sordos y el otro ha sido actor principal al enviar residuos tóxicos", ha afirmado el regionalista, que ha censurado la "dejación del Gobierno de Navarra" en la inspección de estos residuos.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que "estamos ante un evidente cúmulo de errores administrativos y despropósitos políticos y medioambientales que requiere una línea de actuación para que esta problemática no vuelva a ocurrir". Ha rechazado la "visión catastrofista" de UPN, si bien ha opinado que el Gobierno de Navarra "debería haber actuado con mayor celeridad". Y ha incidido en la necesidad de "afinar y fortalecer los procesos administrativos en la gestión, control e inspección de la gestión de los residuos".

Por parte de Vox, Emilio Jiménez, ha considerado que esta situación es "muy grave" y responde a problemas técnicos pero también políticos. "Vemos una falta de transparencia de dos gobiernos que son del mismo signo, falta de colaboración y de lealtad", ha criticado Jiménez, que ha reprochado que en Navarra "no se ha hecho nada, se ha actuado tarde y mal".

El socialista Carlos Mena ha opinado que la gestión de la planta de Guipúzcoa y la de Ecofert en Artajona "son dos cosas diferentes que se entrelazan". No ha querido hacer "juicios paralelos" sobre la gestión de Guipúzcoa a ser un "tema investigado y juzgado". Para el parlamentario del PSN, "lo preocupante" es que Ecofert ha estado recibiendo residuos "sin autorización cuando no es su cometido". "Eso es lo importante por el riesgo que conlleva para el medio ambiente", ha insistido.

Para Adolfo Araiz, de EH Bildu, el Gobierno de Navarra "ha tenido una actitud un tanto relajada" porque conocía esta cuestión "desde enero de 2023" y "tenía elementos más que suficientes par haber profundizado y no esperar a noviembre de 2023". Ha destacado que su grupo va a "seguir pidiendo y recabando información" y ha mostrado su preocupación porque "durante todo este tiempo se nos diga que es un problema del que los envía -los residuos- y del que los recibe".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha considerado que el Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno foral "está actuando con diligencia y responsabilidad, algo que intensificaron en 2023 cuando se detectó que en Artajona se estaba tratando un residuo que no se debe tratar". Lo que ha derivado en un expediente que "plantea el cierre cautelar" de una empresa que "acumulaba más de 110.000 euros de sanciones en el último año". Ha negado que haya "connivencia" entre los gobiernos navarro y vasco porque "hay diferentes visiones sobre lo ocurrido".

Finalmente, Irene Royo, del PPN, ha opinado que el Gobierno de Navarra "no ha actuado con la diligencia, seriedad y rigurosidad que debería". Ha afirmado que el Ejecutivo foral "tiene una serie de responsabilidades por no actuar de manera diligente o por haber actuado en connivencia con el Gobierno Vasco".


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