El PSN en Pamplona ha reclamado este miércoles que el futuro Plan de Convivencia de la ciudad, previsto para 2026, incluya un “rechazo explícito al terrorismo de ETA” y la condena de los homenajes a presos o a la banda en las calles. La portavoz socialista, Marina Curiel, ha advertido de que sin esa mención expresa no apoyarán los presupuestos municipales.
Sin embargo, el discurso socialista vuelve a chocar con la realidad política: el PSN gobierna y pacta con EH Bildu, una formación que nunca ha condenado la trayectoria criminal de ETA ni rechaza los homenajes a etarras en el espacio público.
Así, mientras exigen condenas que Bildu no formula, al mismo tiempo sostienen al equipo de gobierno municipal liderado por esa misma formación.
Curiel ha insistido en que el plan “no puede quedarse en el papel” y que debe contar con presupuesto específico, mecanismos de control y objetivos concretos. Ha añadido que también debe incluir medidas contra el racismo, la xenofobia y la LGTBI-fobia. Pero la contradicción es evidente: los socialistas reclaman un plan contra la intolerancia en un Ayuntamiento gobernado por quienes jamás rechazan a ETA.
La portavoz ha puesto ejemplos recientes de “intolerancia”, como la retirada de una pancarta en un colegio público que homenajeaba a ETA o los mensajes islamófobos aparecidos en la Taconera. Pero esas denuncias conviven con el silencio de sus socios respecto a los ongi etorris que humillan a las víctimas del terrorismo.
El PSN defiende que “la convivencia debe ser la gran prioridad de Pamplona” y se atribuye avances como el acuerdo sobre el Monumento a los Caídos o la inclusión de ayudas a Covite en los presupuestos municipales. No obstante, su apelación a la “credibilidad y la integridad política” queda bajo la sombra de un pacto con EH Bildu, al que necesitan para sostener al actual gobierno.
