El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la proposición de ley presentada por UPN con el fin de modificar el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para que condenados por terrorismo no puedan ejercer como profesores.
UPN registró la iniciativa tras conocerse que un exmiembro de ETA está dando clase en un instituto público de Tudela. La proposición, sin embargo, ha recibido el voto en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que han recordado que los informes jurídicos de la letrada mayor del Parlamento de Navarra y del Consejo de Navarra cuestionan aspectos de la iniciativa de UPN. Por su parte, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, han dado su apoyo a la proposición.
En concreto, los regionalistas proponían establecer como requisito específico para ser admitido a las pruebas selectivas para aquellos puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con personas menores de edad el no haber sido condenado por sentencia firme por terrorismo. Así, quien pretendiera el acceso a tales puestos de trabajo debería acreditar esta circunstancia mediante la aportación de un certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que su grupo ha presentado esta iniciativa porque "no quiere que terroristas den clase a menores de forma habitual" y se ha preguntado "qué valores puede inculcar un terrorista que no se ha arrepentido de lo que hizo". Esparza ha señalado que el PSN vota en contra de esta iniciativa "básicamente porque no quiere molestar a EH Bildu en un tema tan delicado como este, les debe el Gobierno", y EH Bildu vota en contra "porque defiende hoy y seguirá defendiendo mañana a los terroristas de ETA, sin ninguna excusa".
Respecto a los informes jurídicos, ha señalado que la letrada mayor del Parlamento de Navarra no ve "ni un solo vicio de inconstitucionalidad", y ha destacado que el informe del Consejo de Navarra no fue aprobado por unanimidad, sino por mayoría, cuando "los últimos 30 dictámenes han sido por unanimidad". Tras ello, ha considerado que los grupos que se oponen a su iniciativa "van a intentar agarrar esos informes como si fuera una tabla de salvación para justificar la miseria del voto de hoy".
Además, Javier Esparza ha afeado que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que se encuentra en Bruselas asistiendo al Comité de las Regiones, no haya estado en el debate en el Parlamento, ante lo que los socialistas han señalado que "la agenda europea no se marca teniendo en cuenta las leyes que presenta UPN".
En su turno, la parlamentaria del PSN, Inma Jurío, ha afirmado que la iniciativa de UPN "ofrece serias dudas sobre su encaje en el marco normativo constitucional, es una ley que adolece de una inconcreción total en su redacción, que hace que cause inseguridad jurídica su aplicación, y que, además, no va a conseguir para nada el objetivo que se pretende, y esto no lo dice el Partido Socialista, esto lo están diciendo los letrados de la Cámara, los letrados de los servicios jurídicos del Gobierno, y lo están diciendo también reputados expertos profesionales".
Además, Jurío ha reprochado a UPN que "en sus épocas de Gobierno, y con ETA matando, tenían profesores que daban clases a menores, y sin embargo no pudieron hacer nada, porque sabían que era ilegal, y no presentaron una ley como ésta, porque sabían que era ilegal". "Saben que no tenemos competencia, porque además ya han anunciado una iniciativa que van a presentar en el ámbito nacional, que es donde corresponde", ha señalado.
La parlamentaria de EH Bildu, Irati Jiménez, ha afirmado que desde su grupo "no pretendemos convencer a UPN de nada, porque entrar en el debate que están constantemente poniendo encima de la mesa supone avanzar en la generación de exclusión, diferencia y enfrentamiento". La parlamentaria ha indicado que "el dictamen del Consejo de Navarra hace un minucioso análisis jurídico que compartimos en gran parte" y ha asegurado que UPN ha preferido "seguir en la crispación y ridiculizar debates jurídicos y, por supuesto, seguir apostando por una solución restrictiva de derechos a las situaciones sociales".
La parlamentaria de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha destacado que la proposición de UPN "tiene el fin loable de proteger a los menores de la Comunidad para que no tengan como docentes a personas condenadas por terrorismo", pero ha considerado que la modificación legal es de "una demagogia y oportunismo político desmesurado". "Tenemos tres informes contundentes de lo servicios jurídicos del Parlamento, de los servicios jurídicos del Gobierno y del Consejo de Navarra. Son contundentes y concluyentes de la falta de constitucionalidad -de la proposición de ley", ha afirmado.
El portavoz del PPN, Javier García, ha expresado "cierta tristeza y cierta pena" por la posición del PSN y ha indicado que le "preocupa la transformación radical del Partido Socialista". Además, García ha indicado que lo que se debate con esta proposición "no es si la ley es constitucional o no lo es, o si se pone en entredicho la profesionalidad del Consejo de Navarra, lo que se debate es si nos parecen bien que haya condenados por terrorismo dando clases a menores o nos parece mal". "La ley está para cumplirla, pero también es nuestra obligación tratar de modificar aquellas leyes que se estime oportuno para mejorarlas con el fin de resolver cualquier injusticia, agravios o situaciones verdaderamente bochornosas", ha señalado.
Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha afirmado que "la iniciativa de UPN no pasa el análisis más básico". "¿Qué hacemos con las personas condenadas por violencia de género? ¿O qué hacemos con las personas condenadas por delitos de odio? ¿Vamos a limitar el acceso a la función pública o a trabajar con niños y niñas? ¿O a trabajar con mujeres? ¿O a trabajar con otros colectivos?", ha planteado, para indicar que "lo que en el fondo ha defendido" UPN es "tratar de limitar el derecho a ser docente al conjunto de la izquierda abertzale".
El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha agradecido a UPN que haya presentado esta proposición "valiente" y ha indicado que "no se puede premiar a un asesino permitiéndole impartir docencia". "La vida, la integridad física y moral, es el más fundamental derecho que tienen las personas. Los que arrebatan o ayudan a quitarla no se merecen ser admitidos en ninguna Administración pública ni en sus organismos e instituciones dependientes. Se deben poner todos los obstáculos legales y legítimos para evitar que un terrorista pueda entrar en la Administración pública", ha subrayado.
La parlamentaria no adscrita Maite Nosti, que recientemente abandonó Vox, ha defendido que "los condenados por terrorismo no pueden acceder a puestos en el ámbito educativo, no deben estar cerca de nuestros menores, porque sabemos el peligro que representan para nuestra convivencia y nuestros principios democráticos". Así, ha considerado que la iniciativa de UPN "responde a una necesidad real y urgente". Además, Nosti había presentado una enmienda para añadir a la ley que los aspirantes al puesto tuvieran que presentar también un certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales. UPN ha rechazado la enmienda por considerar que es algo que ya está recogido en la legislación.
En la misma línea, el pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una iniciativa de UPN para modificar la ley foral de Subvenciones con el fin de evitar subvencionar proyectos y actividades dirigidas a personas menores de edad que conlleven un trato repetido, directo y regular con menores, así como aquellos que tengan como destinatarios principales a menores de edad, cuando la beneficiaria de la subvención sea una persona condenada por delitos de terrorismo, o cuando lo sea una entidad, empresa o asociación que contrate o subcontrate a una de esas personas para realizar esas actividades o participar en su ejecución.
Cabe recordar que el Parlamento foral ha rechazado también este jueves otra modificación legal presentada por UPN con el fin de modificar el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para que condenados por terrorismo no puedan ejercer como profesores. En ambos casos, han votado a favor UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita, un apoyo insuficiente ante el rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Los grupos que se han opuesto a las iniciativas han mencionado los informes de la letrada mayor del Parlamento y del Consejo de Navarra que expresan sus dudas legales al respecto.
