La ramificación navarra de las investigaciones parlamentarias sobre presuntas irregularidades en la contratación pública ya tiene una fecha definitiva en el calendario de Madrid. El parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, comparecerá de forma oficial el próximo martes 30 de junio ante la comisión de investigación del Senado encargada de esclarecer las derivadas del denominado 'caso Koldo'.
La citación obligará al representante socialista a dar explicaciones ante los grupos de la Cámara Alta acerca de la actividad laboral de su pareja sentimental y la relación mantenida con la firma Servinabar. Aunque todavía no se ha concretado un día específico, las previsiones parlamentarias apuntan a que su pareja también será citada a declarar, tras haber permanecido contratada como técnica de prevención de riesgos en la citada empresa del empresario Antxon Alonso entre los años 2021 y 2024.
La obligatoria presencia de Alzórriz en las Cortes Generales contrasta radicalmente con lo sucedido a nivel autonómico meses atrás. El portavoz del PSN no tuvo que comparecer ante la comisión de investigación homóloga en el Parlamento de Navarra gracias al blindaje ejercido por los socios del Ejecutivo foral —PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra— que contó además con el voto estratégico de EH Bildu para bloquear su declaración y la de su pareja, a pesar de que la oposición insistía en que existían sobradas razones para autorizarlas.
Sin embargo, la realidad matemática del tablero político en el Senado ha impedido repetir esta misma estrategia de protección. En la cámara alta, los socialistas carecen por completo de mayoría y no disponen de ninguna opción para articular pactos de bloqueo con otras fuerzas, lo que ha dejado al PSOE sin margen de maniobra para evitar el desfile del dirigente socialista navarro en la comisión de investigación.
Este paso por la Cámara Alta forma parte de una batería de citaciones que fueron aprobadas en Madrid a instancias de una petición formal registrada originalmente por Unión del Pueblo Navarro (UPN). Dentro del mismo marco de comparecencias programadas, está previsto que presten testimonio en sede parlamentaria en las próximas semanas la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, así como los exconsejeros del Ejecutivo foral Javier Remírez y José Luis Arasti.
Cabe recordar que Ramón Alzórriz ostentaba los cargos de vicesecretario general del PSN y portavoz del grupo parlamentario hasta que, hace ahora un año, se vio obligado a presentar su renuncia a estas responsabilidades orgánicas. La dimisión se produjo al trascender que su pareja había sido contratada en Servinabar, mercantil que abandonó en 2024 coincidiendo con la difusión de supuestas anomalías en la adjudicación administrativa de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate. Asimismo, el examen parlamentario pondrá el foco en la estrecha relación de amistad de Alzórriz con Santos Cerdán, investigado por presuntas irregularidades en contratas de obra pública.
La comparecencia en Madrid llegará apenas dos semanas después de que el ámbito judicial le haya reportado un importante balón de oxígeno al dirigente socialista en la Comunidad foral. El pasado 12 de junio, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) dictó un auto por el que inadmitió la querella que el partido Vox había presentado en su contra por presunto cohecho y tráfico de influencias.
La acción penal, que sí fue admitida el pasado mes de mayo por el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona contra el gerente de Sendaviva y el dueño de la constructora Adentro Construimos, acusaba a Alzórriz de un supuesto trato de favor a dicha empresa a cambio de la reforma de la vivienda donde reside el parlamentario. No obstante, al poseer la condición de aforado, el caso fue remitido al alto tribunal navarro, el cual determinó el archivo momentáneo de las actuaciones para el socialista tras constatar que no se aportó ningún indicio o prueba que vinculase los citados contratos públicos con las obras particulares de su domicilio.
