La investigación sobre los túneles de Velate ya no se limita a las dudas que rodearon la adjudicación de una de las mayores obras públicas impulsadas en Navarra durante los últimos años. La Guardia Civil ha seguido también el recorrido del dinero abonado por la UTE encargada de ejecutar el proyecto.
El último informe económico y patrimonial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha localizado 129.167,66 euros pagados por la UTE de Velate a Servinabar 2000 SL. Los investigadores han conectado las cuentas de esta empresa con una tarjeta corporativa utilizada por Santos Cerdán y miembros de su familia para pagar restaurantes, hoteles, viajes y diferentes gastos personales.
El hallazgo ha unido las dos partes del presunto escándalo. Por un lado, aparece una adjudicación cuestionada desde el principio por varios integrantes de la mesa de contratación. Por otro, se encuentra una empresa que participó directamente en la UTE, que la UCO vincula con el entonces secretario de Organización del PSOE y que terminó financiando gastos privados de Cerdán y de su entorno.
La trama ha alcanzado también al núcleo político del Partido Socialista de Navarra. La obra fue adjudicada por el Gobierno presidido por María Chivite; la continuidad laboral del presidente de la mesa de contratación recibió el respaldo de la entonces consejera Elma Saiz; y la pareja del que fue número dos del PSN, Ramón Alzórriz, trabajó durante varios años para Servinabar.
El Gobierno de Navarra anunció en enero de 2024 la adjudicación de la duplicación del túnel de Velate a la unión temporal formada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000.
La adjudicación se había acordado el 26 de diciembre de 2023 por un importe de 62.881.801,65 euros sin IVA. Con los impuestos incluidos, el coste alcanzaba los 76.086.980 euros. El propio Ejecutivo foral presentó la actuación como uno de los proyectos de obra pública más importantes y ambiciosos emprendidos en Navarra durante los últimos años.
Acciona controlaba inicialmente el 55% de la UTE, Excavaciones Fermín Osés el 30% y Servinabar el 15%. La empresa investigada no figuraba como una simple proveedora, una subcontrata secundaria o una sociedad alejada de la decisión administrativa.
Servinabar participó directamente en la unión temporal que recibió el contrato público. Compartía la adjudicación con una de las principales constructoras españolas y con una empresa navarra de obra civil.
Ese dato ha adquirido una dimensión diferente después de que la Guardia Civil encontrara un documento privado fechado en 2016 que atribuía a Santos Cerdán el 45% de las participaciones de Servinabar. La operación no fue inscrita en el Registro Mercantil y Cerdán ha negado que el acuerdo llegara a ejecutarse.
Las dudas sobre la adjudicación aparecieron antes de que se conocieran los documentos y movimientos bancarios que relacionan a Cerdán con Servinabar.
Tres de los ocho integrantes de la mesa de contratación formularon votos particulares. Entre ellos se encontraban el secretario, el interventor y la representante de la Junta de Contratación Pública de Navarra.
Los reparos se concentraron principalmente en la motivación de las puntuaciones técnicas. Las ofertas económicas presentadas por las empresas estaban muy igualadas. Por esa razón, la valoración cualitativa terminó siendo decisiva para inclinar el concurso a favor de la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar.
Los técnicos discrepantes entendieron que algunas puntuaciones no estaban suficientemente explicadas. También plantearon dudas sobre los principios de igualdad y transparencia, la comprobación de la solvencia de las empresas y la manera en que se habían valorado varios apartados.
El secretario de la mesa llegó a afirmar posteriormente que el procedimiento había presentado unos “vicios” que, a su juicio, podían invalidarlo. El Gobierno de Navarra ha sostenido, por el contrario, que la adjudicación fue legal y transparente.
La Intervención formuló un reparo, aunque este no paralizaba automáticamente la contratación. El procedimiento continuó y el contrato terminó formalizándose.
Uno de los nombres centrales de la adjudicación es el de Jesús Polo Soriano, director del Servicio de Nuevas Infraestructuras y presidente de la mesa que evaluó las ofertas.
Polo había alcanzado la edad de 70 años en 2022. Sin embargo, el Gobierno de Navarra permitió que continuara en servicio activo mediante una serie de excepciones justificadas por la falta de personal especializado, las necesidades del servicio y la complejidad técnica de las obras en marcha.
La Ley Foral 18/2021, correspondiente a los presupuestos de 2022, autorizó excepcionalmente la permanencia por encima de los 70 años del personal de la Dirección General de Obras e Infraestructuras que ocupara una dirección de servicio. La medida se prorrogó para 2023 mediante la Ley Foral 35/2022 y volvió a extenderse durante 2024 mediante la Ley Foral 22/2023.
La justificación incorporada a las normas aludía a las “necesidades del servicio”, la “falta de profesionales” y la “complejidad técnica” de proyectos de especial trascendencia para Navarra.
La continuidad de Jesús Polo ha colocado también en el foco a Elma Saiz, entonces consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de María Chivite y actual ministra portavoz de Pedro Sánchez.
Cuando Polo cumplió 70 años, la Dirección General de Obras Públicas solicitó que permaneciera en activo porque consideraba que su jubilación provocaría un “grave perjuicio” y dejaría sin dirección un servicio que gestionaba proyectos de gran complejidad.
La primera prolongación contó con el respaldo del entonces consejero de Presidencia, Javier Remírez, y de Elma Saiz. La medida necesitaba además la aprobación del Gobierno de Navarra.
Las leyes presupuestarias que permitieron la continuidad durante 2022 y 2023 fueron tramitadas durante la etapa de Saiz al frente de Hacienda. Esas disposiciones abrieron la vía para que un director de servicio de Obras Públicas pudiera superar el límite general de 70 años.
En la práctica, aquellas decisiones permitieron que Polo continuara en el puesto y que, en 2023, fuera designado presidente de la mesa de contratación que evaluó las ofertas para los túneles de Velate. Sin las excepciones introducidas para prolongar su servicio activo, ya habría alcanzado la edad establecida para abandonar la Administración antes de aquella adjudicación.
Polo terminó jubilándose el 15 de enero de 2025, después de permanecer tres años en activo por encima de los 70. Su antiguo puesto permaneció vacante durante meses y sus funciones fueron asumidas por otros responsables mediante suplencias, sin que el servicio quedara paralizado.
Este dato ha alimentado las preguntas sobre por qué se consideró imprescindible prolongar de manera excepcional la carrera del funcionario que terminó presidiendo una mesa de contratación profundamente dividida.
La obra fue adjudicada por el Gobierno de Navarra presidido por María Chivite, que también ejercía como secretaria general del PSN. Santos Cerdán había sido durante años uno de los dirigentes con mayor influencia dentro del socialismo navarro antes de convertirse en secretario de Organización del PSOE.
Chivite ha defendido que ni ella ni los consejeros forman parte de las mesas de contratación y que las adjudicaciones corresponden a órganos técnicos sometidos a controles jurídicos y de Intervención.
La presidenta llegó a calificar la adjudicación de Velate como “la más transparente” realizada durante su Gobierno y, probablemente, como una de las más transparentes de la Administración navarra. También ha sostenido que el Ejecutivo desconocía el documento privado que atribuía a Cerdán el 45% de Servinabar, ya que no estaba inscrito públicamente.
Sin embargo, el nuevo informe patrimonial ha añadido un elemento que no estaba presente cuando Chivite realizó esas declaraciones. La UCO ha rastreado pagos procedentes de la propia UTE de Velate hasta las cuentas de Servinabar vinculadas con la tarjeta empleada por Cerdán y su familia.
La responsabilidad penal deberá ser determinada por los tribunales. La responsabilidad política se centra en que el Ejecutivo de Chivite adjudicó una obra de más de 76 millones a una UTE en la que participaba directamente una sociedad que los investigadores consideran controlada de forma oculta por uno de los hombres más poderosos del PSOE.
También deberá aclararse si las anomalías detectadas fueron simples deficiencias administrativas o si existió una actuación coordinada para beneficiar a la oferta en la que se encontraba Servinabar.
El caso alcanzó directamente a la dirección del PSN en junio de 2025. Ramón Alzórriz, entonces vicesecretario general del partido y portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, reconoció que su pareja había trabajado para Servinabar entre 2021 y 2024.
Alzórriz explicó que su pareja tenía anteriormente un empleo con un salario bajo y que fue él mismo quien contactó con Antxon Alonso, administrador de Servinabar, al conocer que la empresa disponía de una vacante.
El dirigente socialista aseguró que no había informado de esta relación laboral a María Chivite y que la presidenta desconocía el vínculo. Tras comunicarlo, anunció su dimisión como vicesecretario general del PSN y portavoz parlamentario, aunque mantuvo su escaño en la Cámara foral.
Alzórriz negó que la contratación de su pareja implicara alguna ilegalidad y afirmó que ella había trabajado en la empresa como cualquier otra empleada. También aseguró que desconocía la supuesta participación de Cerdán en Servinabar.
La relevancia política del episodio reside en que la pareja del número dos del PSN estuvo contratada durante tres años por una empresa integrada en la UTE de Velate y vinculada por la Guardia Civil con el anterior hombre fuerte del socialismo navarro.
La relación laboral coincidió parcialmente con la preparación, licitación y adjudicación del proyecto. No existe, hasta el momento, una prueba pública que vincule ese contrato laboral con las decisiones adoptadas sobre Velate, pero el dato refuerza la red de relaciones personales y políticas que rodeaba a Servinabar.
Servinabar estaba administrada formalmente por el empresario Joseba Antxon Alonso, amigo y persona de confianza de Santos Cerdán.
Durante los registros practicados en 2025, la Guardia Civil localizó un documento privado fechado en junio de 2016. En él se recogía la supuesta adquisición por Cerdán del 45% de las participaciones de Servinabar a cambio de 6.000 euros.
La operación no fue inscrita en el Registro Mercantil ni apareció en las declaraciones de bienes del político. La defensa de Cerdán ha sostenido que el acuerdo nunca llegó a ejecutarse y la UCO tampoco ha encontrado en sus cuentas el pago de esos 6.000 euros.
Pese a ello, los investigadores consideran que existen diferentes indicios de que Cerdán ejerció como socio oculto. Entre ellos aparecen conversaciones intervenidas, documentos internos, la gestión de pagos, los beneficios disfrutados por su familia y la utilización de bienes y productos financieros de la empresa.
La relación económica entre Servinabar y Acciona ha sido especialmente intensa. Según el informe de la UCO, aproximadamente el 87% de los ingresos recibidos por Servinabar entre 2015 y 2025 procedía de Acciona.
La Guardia Civil investiga si Servinabar funcionó como una sociedad intermedia para recibir dinero derivado de adjudicaciones públicas y financiar posteriormente gastos de Cerdán y de su entorno.
El nuevo informe patrimonial ha permitido seguir una parte concreta del dinero generado por la obra navarra.
La UTE Túnel de Velate ingresó un total de 129.167,66 euros en una de las cuentas principales de Servinabar, terminada en 3914.
Los pagos se repartieron entre dos ejercicios. En 2024, la unión temporal transfirió 55.932,60 euros. Durante 2025 abonó otros 73.235,06 euros.
Estos últimos ingresos se produjeron en la etapa final de la presunta trama. Servinabar continuó recibiendo dinero de la obra durante 2025, antes de que la investigación provocara la caída política de Cerdán.
La cuenta no recibió únicamente fondos de Velate. También entró dinero relacionado con otras obras y uniones temporales en las que participaban conjuntamente Acciona y Servinabar, como la Variante de Logroño y el Navarra Arena.
Desde la cuenta principal terminada en 3914, Servinabar realizó diferentes movimientos internos hacia otra cuenta de la misma sociedad, terminada en 9128.
Esta segunda cuenta estaba vinculada a una tarjeta VISA Negocios emitida formalmente a nombre de Servinabar. Los investigadores han cruzado los cargos con reservas de hoteles, vuelos, ubicaciones de teléfonos móviles y movimientos bancarios personales.
La conclusión de la UCO es que la tarjeta empresarial fue utilizada habitualmente por Santos Cerdán y por miembros de su familia para sufragar gastos de carácter privado.
La tarjeta acumuló 437 operaciones por un importe de 33.711,44 euros. Entre los movimientos aparecen restaurantes, hoteles, billetes de avión, supermercados, farmacias, comercios y disposiciones de efectivo.
También se han localizado consumos en Milagro, localidad natal de Cerdán, y en Los Corrales, municipio sevillano del que procede su mujer. La UCO ha detectado igualmente gastos relacionados con viajes y alojamientos, compras en grandes almacenes y pagos realizados cerca del domicilio madrileño del exdirigente socialista.
La tarjeta representa solo una parte de los beneficios que la UCO atribuye a Santos Cerdán y a su entorno.
El último informe ha calculado que el político y varios miembros de su familia disfrutaron entre 2015 y 2024 de bienes, servicios y pagos por un valor mínimo de 323.178,41 euros.
La investigación incluye alquileres de viviendas en Madrid, mobiliario, vehículos, contratos laborales, compras y gastos de viaje. También recoge el intento de adquirir para el matrimonio una vivienda en Madrid valorada en 985.000 euros, una operación que finalmente no llegó a completarse.
Los mayores beneficios se concentraron entre 2019 y 2023, un periodo que coincide con el ascenso de Cerdán dentro del PSOE y con los años en los que José Luis Ábalos ocupó el Ministerio de Transportes.
