El grupo municipal de UPN en Pamplona ha llevado al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) dos contratos adjudicados por la Junta de Gobierno Municipal a la Fundación Elhuyar, a la que los regionalistas consideran “afín” al actual equipo de gobierno liderado por EH Bildu, pero especialmente a Geroa Bai.
En rueda de prensa, los concejales Carlos Salvador y Fernando Aranguren han denunciado que estos contratos son un ejemplo de cómo “el Ayuntamiento de Pamplona se convierte en una agencia de colocación”. Según Salvador, cada vez es “más habitual la contratación de personas próximas al equipo de gobierno”, señalando que el actual director general de la fundación fue coordinador de Aralar y concejal en Bera.
Uno de los contratos cuestionados asciende a 17.666 euros y tenía como finalidad un diagnóstico sobre la percepción de la juventud respecto a las áreas STEM. Aranguren ha asegurado que este documento es prácticamente “un clon” de otro elaborado por la misma fundación para el Ayuntamiento de Bilbao en 2020.
El segundo contrato, por 143.758 euros, buscaba desarrollar un programa para fomentar las disciplinas STEM entre jóvenes. Fue adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, algo que UPN considera irregular. “La Fundación Elhuyar fue la única invitada bajo la excusa de exclusividad técnica, pero hay más entidades capaces de realizar este trabajo”, ha explicado Aranguren, quien ha recordado que la fundación ofertó “con una baja irrisoria del 0,01%”.
Los regionalistas sostienen que el Ayuntamiento “no tiene competencias educativas en materia juvenil” y critican que este programa no figura en el Plan Pamplona Joven 2022, donde aún hay medidas pendientes de desarrollar. Para UPN, no existe justificación suficiente para la urgencia ni para la exclusión de otras entidades.
Salvador ha confirmado que el pasado 11 de junio UPN recurrió ante el TAN la adjudicación del segundo contrato. La resolución del tribunal podría abrir la puerta a un recurso contencioso. “Se trata de un acuerdo ilegal que vulnera la igualdad de concurrencia y de trato”, ha dicho el edil, quien ha pedido la nulidad de los contratos y la depuración de responsabilidades políticas.
Los concejales regionalistas sospechan que estos contratos “han sido teledirigidos” y advierten de que seguirán fiscalizando y denunciando expedientes que, a su juicio, “incumplen la ley”.
