UPN ha anunciado que promoverá la disolución de la sociedad pública Nafarbide en el Parlamento de Navarra. "En la actual situación de presuntos indicios de corrupción es una temeridad eludir los controles previos de intervención de la contratación de más de 2.600 millones de euros públicos en los próximos 30 años y desviarlos a una sociedad pública", argumentan desde la formación.
Asimismo, ha recordado que la Cámara de Comptos, en su último informe de fiscalización de las cuentas del Gobierno, advirtió de que "desplazar semejante nivel de inversión pública desde los presupuestos de una administración pública en la que operan por ley los controles preceptivos, a un ente instrumental, supone, en un área tan sensible como la obra pública, rebajar el nivel de control y consecuentemente eleva el riesgo".
UPN ha destacado que, en ese momento, "fue el único grupo que expresó su máxima preocupación" por esta medida "mediante la cual se sorteaban los controles públicos al desviar toda la gestión a la sociedad Nafarbide". "Lo que hace unos meses ya generaba preocupación, ahora con los presuntos indicios de corrupción que acechan al gobierno de Chivite y especialmente al departamento de Cohesión Territorial, no deberían tomarse medidas que supongan eludir controles y puedan facilitar prácticas corruptas", ha resaltado en una nota de prensa.
Para los regionalistas, "este motivo ya resultaría suficiente para mantener la contratación, explotación y gestión de contratos de las vías de gran capacidad en la Administración foral, sin desplazar su administración a una sociedad creada al efecto". Pero, además, han apuntado que la creación de Nafarbide "fue llevada a cabo con los informes contrarios del servicio de patrimonio y de la intervención general, los cuales expresaban diferentes motivos que desmontaban la creación de esta sociedad pública".
"A esto se unió que la Cámara de Comptos recordó la ausencia de justificación de la creación de Nafarbide y la imprudencia que conlleva sortear los controles de legalidad previos establecidos por ley", han añadido.
UPN ha criticado, asimismo, que "transcurrido casi un año desde su creación, detectamos que la sociedad no tenía actividad, ni adoptaba acuerdos a pesar de haber contratado como único miembro de su plantilla a un exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, al cual se le abonaban 100.000 euros del erario público sin que desarrollase gestión alguna".
La situación actual, a juicio de UPN, es que "sigue existiendo como una sociedad fantasma, dado que la información pública de la actividad de Nafarbide es inexistente, incumpliendo todas las obligaciones legales de la Ley Foral de Transparencia".
Por todo ello, ha considerado que "es de la máxima urgencia disolver esta sociedad antes de que comience a realizar adjudicaciones millonarias de obra pública sin los mecanismos de control previos a los que debe sujetarse".
"Resulta un sarcasmo que, en el máximo ambiente de sospechas por las adjudicaciones de obra pública con presuntas mordidas a cargos del Partido Socialista, Chivite pretenda desviar las contrataciones a una sociedad controlada por un ex concejal del PSN", ha rechazado.