Estalla la polémica a escasas horas del arranque oficial de las fiestas de San Fermín. Un grupo de colectivos latinoamericanos de Pamplona ha hecho público un durísimo comunicado en el que acusan directamente al Ayuntamiento presidido por el alcalde Joseba Asiron (EH Bildu) de exclusión arbitraria, persecución ideológica y lo que califican abiertamente como un caso de "racismo institucional" tras haber sido vetados de los espacios festivos oficiales.
Según exponen las asociaciones afectadas, el consistorio pamplonés ha utilizado como argumento una supuesta deuda administrativa para impedir su participación en el espacio vecinal de las fiestas. Las entidades demuestran que el Ayuntamiento fijó el 30 de junio como fecha límite para regularizar cualquier situación económica y que el pago fue realizado estrictamente dentro del plazo concedido. Sin embargo, denuncian que el área de Cultura, dirigida por la concejala Maider Beloki, ha decidido no reconocer dicho abono con el único fin de mantener el veto sobre ellos.
Los colectivos denuncian que las sanciones que el consistorio utiliza como excusa proceden de la celebración del Festival de la Hispanidad 2025. Dichas multas se encuentran actualmente recurridas ante el Tribunal Administrativo correspondiente y, por tanto, consideran que carece de todo fundamento jurídico mezclar ambos expedientes para privarles de su derecho a participar en los Sanfermines.
A juicio de las entidades, el verdadero problema para el equipo de gobierno de EH Bildu nunca ha sido la actividad de las asociaciones, sino la propia denominación del evento. Los portavoces revelan que, en distintas ocasiones, desde el Ayuntamiento se les sugirió y presionó para sustituir el nombre de "Festival de la Hispanidad" por el de "Festival de las Culturas". Una imposición que los colectivos rechazaron tajantemente al entender que suponía renunciar a la identidad del evento y a los lazos históricos, culturales y lingüísticos que unen a España con los países iberoamericanos.
La denuncia va más allá y saca a la luz la campaña de presión que sufrieron durante la edición del festival del año pasado. Las asociaciones aseguran que, a instancias del responsable del área de Seguridad Ciudadana, se ordenó un despliegue policial desproporcionado con la instrucción directa de identificar y sancionar a numerosos participantes y patrocinadores del evento. Esta actuación, según califican, no tiene precedente alguno en una cita que se viene celebrando desde hace años en un ambiente de total normalidad, convivencia y sin ningún tipo de altercado.
Los colectivos lamentan que el Ayuntamiento haya ignorado de forma sistemática todas sus peticiones formales para habilitar un espacio alternativo en San Fermín, notificando además la expulsión definitiva cuando la organización de las actividades estaba cerrada. Esto ha provocado graves pérdidas económicas tras haber asumido ya importantes gastos en infraestructuras, logística y contratación de servicios.
Ante lo que consideran una flagrante discriminación y un trato desigual respecto a otras asociaciones de la ciudad, los colectivos latinoamericanos han anunciado que ya estudian todas las acciones administrativas y judiciales oportunas para defender sus derechos, exigir responsabilidades políticas y reclamar una indemnización por los perjuicios económicos ocasionados en unas fiestas que, recuerdan, "deben ser para todos y todas, sin exclusiones".
