• martes, 18 de noviembre de 2025
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SOCIEDAD

Alarma social en un pueblo de Navarra: denuncian un “proceso especulativo” tras un proyecto

La plataforma ciudadana Tierra Estella No se Vende reclama la paralización del proceso, exige la publicación de los informes técnicos y defiende un modelo energético rural de bajo impacto.

Imagen de la concentración de la plataforma ciudadana “Tierra Estella No se Vende”. CEDIDA
Imagen de la concentración de la plataforma ciudadana “Tierra Estella No se Vende”. CEDIDA

La plataforma ha señalado que el proyecto de la subestación de 220 kV en Oteiza no responde a las reales necesidades energéticas de la comarca de Tierra Estella. Ha afirmado que la instalación está sirviendo de motor para la implantación de grandes proyectos renovables en la zona.

Durante una rueda de prensa, el colectivo ha recordado que la infraestructura lleva en debate dos décadas, desde propuestas iniciales en Dicastillo hasta su ubicación actual en Oteiza.

Según ellos, no existe una justificación técnica que avale el salto desde las líneas de 66 kV planteadas en informes de 2007 a una subestación de Muy Alta Tensión (220 kV). Señalan que su capacidad sería muy superior a la demanda local.

La plataforma ha señalado como ejemplo los proyectos fotovoltaicos Oteiza‑Villatuerta y Lerín, impulsados por la empresa Enigma Green Power. Esta empresa, creada en 2021 con un capital social de 3.000 euros, está vinculada —según la denuncia— a la multinacional italiana Enel.

La plataforma sostiene que dichos proyectos utilizarían la subestación como punto de evacuación para parques sobredimensionados, con un impacto ambiental y territorial que consideran severo.

Además, han criticado la “falta de transparencia” de las instituciones públicas. Lamentan el silencio del Gobierno de Navarra, de la asociación empresarial LASEME y de los ayuntamientos afectados. Reclaman la publicación de los informes técnicos que justifican la instalación y sus implicaciones territoriales.

La plataforma ha afirmado haber presentado un elevado número de alegaciones particulares contra el proyecto Oteiza-Villatuerta, lo que, a su juicio, demuestra el rechazo social existente en la zona.

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