Navarra ha terminado 2025 con un balance que pesa. Ha habido cierres industriales, emergencias, un grave problema con las listas de espera en salud y una seria preocupación por la incompetencia del Gobierno de Chivite para gestionar la crisis de la vivienda.
Pero si un hilo ha atravesado el año en clave política, ese ha sido el que ha rodeado al caso Cerdán, el papel de la UCO, la empresa navarra Servinabar y la obra de los túneles de Belate. En ese contexto, el Gobierno de María Chivite (PSN) ha intentado una y otra vez sostener un mensaje de tranquilidad institucional. El resultado, al menos en términos de desgaste, no ha sido el esperado.
La presidenta ha reiterado que la Guardia Civil no imputa corrupción alguna al Ejecutivo foral, pero es innegable que la sociedad ha podido captar el hedor de la corrupción de manos de personas muy vinculadas a la presidenta Chivite, lo que lleva, cuando menos, a dudar de su palabra y a preguntarse si realmente la presidenta no sabía nada de las andanzas de su mentor político, Santos Cerdán. Porque es tan malo que lo supiera, como que no lo supiera.
El debate no se ha apagado con el final de año y a lo largo de 2026 el caso volverá a mostrar nuevas aristas. Y no se ha apagado porque el el Tribunal Supremo sigue con su investigación y porque el foco no ha estado solo en los titulares, sino también en la gestión: en cómo se ha explicado, en qué se ha aclarado y en qué ha quedado a medias ante la ciudadanía.
La UCO ha impulsado la investigación del llamado “caso Koldo”, vinculada al exasesor ministerial Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por presuntas mordidas y adjudicaciones irregulares. Los informes remitidos al Tribunal Supremo señalan que Cerdán habría gestionado pagos por contratos adjudicados a Acciona y a la empresa navarra Servinabar, de la que Santos Cerdán es propietario al 45 por ciento y cuya sede en Pamplona ha sido registrada en varias ocasiones.
Los cinco meses que Cerdán ha pasado en prisión son un síntoma de la gravedad de los hechos que se le imputan y de los que ni la presidenta Chivite, ni el presidente Sánchez han dado explicaciones convincentes, ni han asumido ningún tipo de responsabilidad política.
En Navarra, el asunto ha tenido un reflejo directo en una obra estratégica: la duplicación de los túneles de Velate. El contrato fue adjudicado en 2023 a una UTE formada por Acciona, Osés Construcción y Servinabar 2000, la empresa de Cerdán. La adjudicación ha saltado a la palestra y ha quedado en el centro tanto de una comisión de investigación del Parlamento de Navarra como de informes de anticorrupción.
En el seno de la sociedad se ha instalado de nuevo la sensación de que la corrupción es inherente a los gobiernos socialistas en Navarra, como sucedió en el pasado con los expresidentes Urralburu y Otano o con el exdelegado del gobierno socialista en Navarra, Luis Roldán.
El Gobierno de Chivite ha defendido su posición, pero el paso de los meses ha demostrado que el mensaje institucional no ha logrado despejar ninguna duda social y en la calle se tiene la sensación de que el Ejecutivo de Chivite está tratando de ocultar un escándalo que de revelarse, supondría de facto su tumba política.
La obra de Velate, además, ha seguido “no exenta de polémica” por un reparo suspensivo de la Intervención General sobre el modificado (sobrecoste) de las obras por 8,5 millones de euros. No es un detalle menor: en un año de presión social y recursos limitados, los sobrecostes se convierten en símbolo. Y el símbolo, a menudo, pesa más que la explicación técnica si esa explicación no se entiende o no convence. Y no convence porque ni María Chivite, ni su consejero de Cohesión Social, su tío Óscar Chivite, han explicado por qué mintió acerca del sobrecoste.
En Pamplona, 2025 ha dejado encarrilado el futuro del Monumento a los Caídos hacia su transformación en espacio de memoria democrática sin derribo. El Parlamento de Navarra aprobó primero una reforma legislativa que obliga a resignificar el edificio. Sobre esa base, el Ayuntamiento impulsó una modificación del Plan Municipal para rebajar el grado de protección y poder intervenir en la cúpula, las arquerías y la cripta, con informe favorable de Príncipe de Viana en septiembre.
Asirón se agarró con fuerza a sus socios del PSOE y de Geroa Bai para hacer un híbrido que hasta sus socios de Contigo-Zurekin le han afeado. No habrá demolición, sólo una inversión millonaria para convertirlo en uno de esos sitios donde los pamploneses entrarán, a lo sumo, una vez en su vida.
El problema fue la falta de participación y consulta a los ciudadanos. Asirón presume de participación ciudadana pero solo la pone en práctica cuando sabe que los que van a acudir a "participar" van a defender lo mismo que él. Y en este caso, no era así. La activa izquierda radical le iba a exigir la demolición y el centro derecha la reconversión en centro cultural, de modo que se amparó en la suma de fuerzas representativas y en un acuerdo con el PSOE y Geroa Bai para un quedarse a medias. No fue valiente para tomar una decisión drástica, ni efectivo para tomar una decisión práctica, de manera que tiró por la calle de enmedio: gastar mucho de la brutal subida de impuestos a los ciudadanos por la actualización de la ponencia de valoración catastral por la que los pamploneses pagan muchos más impuestos ahora.
Si hay un terreno en el que a un gobierno se le mide sin excusas es el del empleo. Y en 2025 Navarra ha cerrado el año con dos grandes pérdidas empresariales.
La planta de BSH en Esquíroz ha sido una de las grandes notas negativas en el ámbito laboral. La multinacional confirmó a principio de año que en junio cerraba la planta e iniciaba el despido colectivo sin ampliar los plazos pese a las peticiones del Gobierno de Navarra y del Ministerio de Industria.
El cierre afectó a unos 650 empleos directos y cerca de un millar contando los indirectos. En julio, el 78% de la plantilla respaldó el preacuerdo del ERE, con 609 despidos y un paquete de indemnizaciones, prejubilaciones y recolocaciones.
El papel del Gobierno de Chivite volvió a ser el de la palabrería, porque nuna estuvo cerca de evitar el cierre de la planta. La pregunta es si el verdadero motivo del cierre no tiene más que ver con la política fiscal con las empresas en Navarra y el coste empresarial de la acción sindical más radical.
El segundo golpe ha sido Sunsundegi, en Alsasua. La plantilla y sindicatos protestaron durante meses y exigieron información y una solución para evitar el cierre, reclamando un inversor y un plan industrial. Aquí el gobierno de Chivite también mareó la perdiz mostrando preocupación pública, pero jamas llegó una solución. El desenlace fue el cierre y la extinción de contratos de 339 trabajadores, con el inicio del proceso de liquidación.
Dos cierres de ese calado con miles de familias en la calle, y la fuga de empresas al País Vasco, con una fiscalidad más ventajosa, muestran una política industrial deficiente. Aunque el Gobiernod e Chivite haya tratado de implementar medidas de acompañamiento, el año ha dejado la sensación de que las herramientas institucionales no han evitado el daño principal; y es que las empresas se van porque están mejor en otros sitios que en Navarra.
El año comenzó con un impacto: Noáin tembló el 13 de enero por una explosión de gas en un edificio. Hubo nueve heridos, dos graves, cuantiosos daños, varias viviendas destrozadas y un desalojo de unas 250 personas de 100 viviendas.
Un día después, el 14 de enero, se declaró un incendio en el Planetario de Pamplona. No causó víctimas, pero dejó graves daños en la cúpula y la sala de proyecciones. Los bomberos tardaron ocho horas en sofocar las llamas. La Policía Foral concluyó que fue accidental por un fallo eléctrico. Los daños se valoraron en 2,2 millones, y la reconstrucción, con mejoras, elevará la inversión a unos 6 millones.
El gran episodio llegó el 28 de abril: apagón eléctrico masivo desde las 12:30 horas. El Gobierno foral decretó la situación de emergencia y la rebajó al nivel 1 el 29 de abril. El texto recoge miles de incidencias, con llamadas al 112 cuadruplicadas, suspensión de cirugías, cancelación de clases, paralización temporal de producción en Volkswagen Navarra y en todas las empresas auxiliares.
La noticia más grave en seguridad personal fue la agresión sexual de la noche del 23 de octubre junto a la carpa universitaria de Pamplona. La Policía Municipal detuvo a cuatro hombres y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, imputándoles agresión sexual (violación) y robo.
El balance de criminalidad es uno de los principales problemas a los que ni Asirón en Pamplona, ni Chivite en Navarra están dando solución.
La sensación de inseguridad se ha multiplcado este 2025 en Navarra como consecuencia de los continuos sucesos y agresiones que los ciudadanos sufren en las calles. Todo el mundo conoce a alguien (cuando no ha sido víctima directa) de robos, atracos, agresiones y peleas, Las secciones de sucesos de los medios de comunicación han multiplicado su trabajo.
En los cuerpos policiales existe una sensación de hastío porque se enfrentan cada día a los mismos problemas: la impunidad de los delincuentes reincidentes que son arrestados en múltiples ocasiones sin consecuencias para ellos, pero sí para las víctimas de sus atracos, robos y agresiones. Y el principal problema que tanto el gobierno de Chivite, como el de Asirón en Pamplona se niegan a reconocer y a afrontar (cuando no a ocultar), y es el origen de esos delincuentes.
En el caso concreto de Pamplona, el problema tiene mucho que ver con los asentamientos ilegales consentidos por el alcalde en Aranzadi y la antigua ikastola Jaso. Asirón no ha hecho otra cosa que despejar balones en vez de buscar soluciones. También tiene mucho que ver la política social del Gobierno de Navarra, a la que no se le critica que acoja menores no acompañados. AL menos no a aquellos que es capaz de encauzar en la vida. La crítica es por no saber evitar que algunos de esos menores hayan sido protagonistas de delitos recurrentes; que hayan atemorizado a todo un pueblo como Marcilla y que la solución haya sido la de esparcir el problema por toda la comunidad.
Un dato muy preocupante del balance de seguridad del año en Navarra es el incremento de la criminalidad y sobre todo, de las las agresiones sexuales con penetración.
EN la crónica de sucesos de 2025 hay que recordar también el incendio del pasado 26 de noviembre que calcinó un bazar en la Rochapea y obligó a desalojar cuatro edificios. Y en marzo se produjo la detención en Béziers de un condenado por yihadismo como presunto autor del homicidio de tres agricultores en España, dos de ellos en Navarra. Un caso que, aunque venía de hechos anteriores, volvió a golpear la percepción de seguridad y coordinación.
El 30 de octubr se fimó el resurgimiento de la Kale Borroka. Se produjeron disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles en la Universidad de Navarra, un acto que jamás fue autorizado por el centro docente y que el propio Quiles suspendió. El balance de la barbarie y sinrazón de los radicales abertzales que protagonizaron los disturbios: dos detenidos y cinco heridos (cuatro policías y un periodista), contenedores incendiados y miedo en las calles de Iturrama como a finales de los 90. En noviembre se detuvo a otras cuatro personas que participaron en las algaradas.
El equipo de gobierno de Pamplona encabezado por Asirón guardó un preocupante silencio y a título personal, muchos justificaron el regreso de la violencia en una supuesta lucha antifascista en la que, al parecer, está permitido quemar contenedores y agredir a policías y periodístas.
La vivienda ha seguido como uno de los grandes problemas. En 2025, el Gobierno de Navarra declaró 21 municipios como Zonas de Mercado Residencial Tensionado para frenar la escalada del alquiler. El efecto parece haber sido el contrario. Los precios no han dejado de subir y el gobierno de Chivite, que lleva siete años gestionando la comunidad, se niega a admitir que el problema es su torpeza en la gestión de la vivienda.
Y es que el gobierno socialista, pese a tener de manera progresiva records de recaudación via impuestos, jamás se ha tomado en serio el problema de la vivienda y ha gastado ingentes cantidades de dinero en lo que para ellos eran prioridades. El problema es el incremento masivo de la población procedente en su mayoría del extranjero. Gente que viene para trabajar y cotizar, sí. Pero nadie previó que toda esa gente necesitaría viviendas. Y claro: ley del mercado, cuando crece la demanda, crecen los precios. Y en lugar de construir viviendas para bajar el precio, la solución ha sido la de coartar la libertad imponiendo zonas tensionadas y topando los precios, lo que ha reducido aún más la oferta existente.
El año 2025 ha sido también un año de huelgas y movilizaciones: Moventis TCC, Formación Profesional, discapacidad, sanidad y función pública, además de protestas en Arcelor y en el transporte de mercancías y logística.
A eso se sumaron las movilizaciones por Gaza: manifestaciones multitudinarias en octubre, protestas recurrentes en Pamplona y presencia del conflicto en espacios simbólicos. En la Vuelta a España, varias personas intentaron invadir la carretera en Lumbier y después fueron citadas por Policía Foral; declararon en diciembre en Aoiz.
En la calle, la sensación que dejaron estas huelgas es la de que los sindicatos sólo se movilizan cuando hay gobiernos de derechas y que estaban tan desesperados por sacar las pancartas, que un conflicto a miles de kilómetros supuso una huelga general. Ni los accidentes laborales, ni la precariedad, ni el paro femenino, ni docenas de razones fueron suficientes para manifestarse contra el Gobierno. Pero sí un conflicto internacional.
Navarra ha llegado al final de 2025 con heridas abiertas: corrupción, industria perdida, servicios en tensión, vivienda sin alivio claro y una crisis política que ha dominado el relato. La gestión de María Chivite ha intentado sostenerse en la idea de normalidad institucional, pero el año ha dejado la sensación contraria: que la normalidad se ha ido rompiendo por acumulación de problemas y por una respuesta política que no ha conseguido recuperar la confianza.
