El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal, un texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige la navarra Ione Belarra y que generó alguna polémica durante su fase de tramitación en referencia a los perros de caza.
Lo más novedoso del texto normativo es el endurecimiento de las penas derivadas del maltrato animal. Desde su entrada en vigor, se puede castigar con penas de cárcel de 18 a 24 meses si el animal muere o de 36 meses si hay un agravante.
Pero lo que realmente ha sorprendido de la ley es que animales que han sido utilizados tradicionalmente como mascotas en muchos hogares españoles, ahora están prohibidos; tales como conejos, periquitos o tortugas.
¿Quién no ha tenido un hamster en su casa? Pues ya no será posible, lo mismo que conejos, chinchillas, cobayas y ratones. Sorprende especialmente que aves que hasta la fecha eran habituales en los domicilios, estén ya prohibidos, como las cotorras, los agapornis y, sobre todo, los periquitos.
Todos tenemos un conocido que tenía en casa algún reptil, pero con la entrada en vigor de la nueva ley, tener serpientes, lagartos, iguanas y camaleones queda prohibido; lo mismo que tener tortugas.
El Ministerio lo justifica en la preservación de la fauna autóctona, ya que muchas de estas especies tienen un carácter invasor y pueden suponer un riesgo a la hora de conservar la biodiversidad. En el caso de los conejos, una especie muy presente en muchos hogares españoles, hablan de perjuicios ambientales.
La nueva normativa prohíbe también la tenencia de cerdos vietnamitas, arañas y erizos.
¿Y qué pasa si tenías una pareja de periquitos en casa antes del 1 de enero? Nada malo ya que la ley recoge que seguirá teniendo la condición de animal de compañía, pero sí que te obliga a comunicarlo en este caso al Departamento de Medioambiente del Gobierno de Navarra para que mantenga esa condición. Allí te indicarán los condiciones necesarias para poder conservar ese animal hasta que fallezca, que pasan por informar al Comité Técnico y Científico para la protección de los Animales, que se encargará de determinar si dicha especie puede formar parte o no del listado de animales permitidos e incluirla en un registro.
Así pues, tener uno de estos animales prohibidos puede ser sancionable con entre 600 y los 30.000 euros. El abanico de posibles incumplimientos es muy amplio y en la fijación de la cuantía entran variables como la reincidencia, si se ha causado daño al animal o si hay intencionalidad de por medio (cría).
