La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha reclamado este miércoles una solución urgente a la falta de examinadores del carné de conducir en la Comunidad Foral.
Según han denunciado, más de 7.000 personas están a la espera de superar los exámenes del permiso, y de ellas, más de 4.000 todavía no han podido realizar la prueba práctica.
El problema no es nuevo. Irache ha advertido de que la situación se arrastra desde hace ocho años, con picos de saturación especialmente graves durante los meses de verano, cuando muchos jóvenes intentan sacarse el carné aprovechando las vacaciones. A pesar de las reiteradas denuncias, la falta de examinadores sigue sin resolverse.
La asociación considera inadmisible que miles de personas esperen meses para obtener el permiso de conducir por un bloqueo administrativo. Por eso, ha anunciado que se dirigirá al Ministerio del Interior para reclamar una solución urgente a una saturación que, según han subrayado, no es exclusiva de Navarra, sino que se repite en otras comunidades del Estado.
Desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (Apana) también han alertado de que la situación es consecuencia de un déficit estructural de personal en Tráfico, agravado por circunstancias puntuales como bajas o traslados. Esta falta de medios ha generado un tapón cada vez más insostenible, que impide atender la alta demanda de exámenes.
Ante este escenario, Irache propone como medida inmediata reforzar la plantilla de Tráfico de forma estructural, no solo para cubrir necesidades temporales. Ese refuerzo debería incluir tanto a nuevos examinadores como a personal administrativo para agilizar todos los trámites relacionados con las pruebas.
Además, la asociación sugiere impulsar la digitalización del sistema, especialmente en los exámenes teóricos, y aplicar una mejor planificación de los recursos. Para ello, piden que se tengan en cuenta las previsiones reales de demanda y que se incrementen los medios en los periodos de mayor necesidad.
Otra propuesta que pone sobre la mesa Irache es establecer convenios con entidades privadas acreditadas que puedan colaborar en la realización de pruebas, siempre bajo supervisión estatal, con el fin de descongestionar el sistema público y reducir los tiempos de espera.
